Historias quesadeñas de la Inquisición en el siglo XVIII.

 

Auto de fe de la Inquisición. Francisco de Goya. Museo del Prado.

        La mañana del lunes día 28 de diciembre de 1705, festividad de los Santos Inocentes, en la sacristía de la parroquia mayor de Quesada se desató una fuerte discusión poco antes de las diez, hora en la que debía comenzar la misa mayor, que se tuvo que retrasar por esta causa. En las naves de la iglesia estaba congregado todo el pueblo, encabezado por el corregidor D. Tomás de Puga y Rojas,[1] los regidores, diputados, personas principales y todos los hombres y mujeres mayores de doce años. Habían sido llamados mediante pregón para asistir a la publicación y lectura pública de un edicto de fe por orden de la Inquisición de Córdoba, de la que dependía Quesada y todo el reino de Jaén.

        Los edictos de fe eran una proclamación solemne por la que se conminaba a los fieles para que denunciasen, con pena de anatema en contrario, a todos los vecinos de los que sospechasen que incurrían en prácticas heréticas y contrarias a la fe. Tras el edicto se recibían las denuncias de los vecinos, se hacía información de las mismas y, cuando se juzgaban graves, se prendía a los reos que eran enviados a Córdoba donde eran sometidos a un proceso inquisitorial.

        Volviendo a ese día de los Inocentes de 1705 en Quesada, lo normal era que estos edictos se publicasen en domingo. En esta ocasión se pospuso al lunes porque el domingo 27 se reservó para celebrar una procesión que ponía fin a un novenario en rogativa a Su Majestad Divina por la felicidad y éxito de Su Majestad Felipe V. La guerra civil (y europea) por la sucesión de Carlos II no estaba ni mucho menos decidida y las cosas no iban del todo bien para el aspirante francés, nieto del Rey Sol (Felipe de Borbón y Anjou, el ya proclamado Felipe V). Solo un año antes ingleses y holandeses habían tomado Gibraltar. La compañía de milicias de Quesada había sido enviada a Cádiz para reforzar aquel frente y tampoco lo estaba pasando bien.[2] Quesada estaba en zona borbónica y nadie (clérigos, nobles, personas principales) se podía permitir quedar, siquiera por sospecha, como partidario del bando austracista. Por eso el edicto se pospuso y fue publicado un lunes, que también era festivo por celebrarse los Santos Inocentes.

        Aquel día discutían en la sacristía, casi como los ejércitos en la guerra, de un lado el licenciado don Pedro Zamorano, comisario del Santo Oficio en Quesada y encargado de presidir la publicación del edicto. Estaba don Pedro acompañado por don Juan Jerónimo de Rivera, notario del Santo Oficio en la villa y por el familiar de la Inquisición don Juan Cano de Padilla. Los tres con sus manteos, bonetes y las insignias del Santo Oficio. Frente a ellos el prior y cura propio de la parroquia de los Santos Apóstoles, don Francisco Hilario Jiménez Valero. Don Francisco Hilario estaba rodeado (que no necesariamente apoyado) por el resto de presbíteros y clérigos de sus parroquias. También estaban presentes, y seguramente bastante espantados por ser simples empleados y no clérigos, el sochantre y sacristán mayor Francisco Fernández Ortega, el sacristán menor Juan Ramírez y Francisco Dueñas, antiguo sacristán mayor que ya de viejo solo ejercía de ministril.

        La acalorada discusión, con graves amenazas cruzadas de una y otra parte, tenía su origen en las diferencias por cuestiones de preeminencia y protocolo. Defendía Zamorano que los ministros del Santo Oficio debían situar sus sillas y sitiales en el lado del Evangelio, izquierda del altar mayor visto de frente, que era el principal (porque visto por Dios desde el altar quedaba a la derecha). Dice el acta que levantó el notario Rivera que “arrimadas al testero que da a la nave de la puerta de San Ildefonso”. Pero ese era el lugar donde normalmente se sentaba el párroco acompañado de dos diáconos. Ahora se pretendía que sus sitiales se situaran en el lado de la Epístola, junto al arco que da a la nave donde estaba la puerta principal de la iglesia (la que actualmente da a la Lonja).[3] Don Francisco Hilario, el prior, se oponía a este cambio argumentando toda clase de razones y precedentes.

        Se trataba en último extremo de escenificar delante de los fieles si la preeminencia correspondía al Santo Oficio o a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, al clero. Tras una larga negociación el prior se avino a los deseos de Zamorano y se sentó en la Epístola, no sin advertir que iniciaría procesos judiciales eclesiásticos en defensa de sus derechos. Con retraso se inició la misa mayor y tras la lectura del Evangelio, antes del sermón, el notario de la Inquisición subió al púlpito y, “en voz alta e inteligible”, leyó el edicto. Pero a continuación, en el momento de dar la paz y por orden del prior, no salió a darla el sacristán, para evitar tener que hacerlo en primer lugar a los ministros de la Inquisición. Se complicó todavía más el problema protocolario y hubo, según el acta, escándalo y murmuraciones entre los fieles que habían sido testigos de los inconvenientes.

        Zamorano decretó que se hiciera una información sumaria sobre lo sucedido y que se remitiese al Santo Tribunal de Córdoba. A su vez el prior pidió al vicario, representante del arzobispado de Toledo, que iniciase otra información en paralelo para que su Eminencia tuviera conocimiento. El pleito fue complicándose y dio lugar a un largo expediente en el que acabaron interviniendo personalmente el Inquisidor General (por entonces el obispo de Ceuta, que residía en Madrid) y el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo. Al final se llegó al acuerdo de que en lo sucesivo la Inquisición respetase al clero el lado del Evangelio y se sentase en la Epístola, pero que a la hora de dar la paz salieran dos sacristanes que la dieran simultáneamente a ambas partes. Es de suponer que hubo también rivalidades y antipatías personales en esta discusión, porque don Pedro Zamorano, antes de ser comisario de la Inquisición, fue teniente de cura de la parroquia mayor, a las órdenes del prior don Francisco Hilario, ocasión de oro para estar por encima de su jefe y que este no podía consentir precisamente por eso.

        El expediente que se formó es largo y pesado, con casi doscientos folios.[4] En él se describe con detalle la publicación de otro edicto de fe en 1698. Entonces también hubo graves inconvenientes, sobre todo porque los protagonistas eran de más rango. Estaba entonces en Quesada el vicario visitador don Pedro Joseph Romero y Vargas, persona de mucho rango, como representante y delegado del arzobispo. Por el Santo Oficio era comisario el de Iznatoraf, por no haberlo entonces ni en Quesada ni en Cazorla. Se daba la circunstancia de que Iznatoraf pertenecía a la diócesis de Jaén, no a la de Toledo (solo dependía de la jurisdicción del arzobispo en asuntos temporales, por ser señorío suyo, pero no en los eclesiásticos). En aquella ocasión el lío fue tal que la misa mayor de las 10 de la mañana no empezó hasta pasada la una de la tarde. El problema era el mismo (lado del Evangelio, lado de la epístola) y no merece la pena repetir argumentos, pero sí hacer referencia a la procesión que se celebró la tarde anterior para convocar a los fieles para oír el edicto.

        El estricto protocolo de la procesión se negoció entre el notario de la Inquisición y el prior, que por entonces ya lo era don Francisco Hilario. Se llegó a un acuerdo que no funcionó el día de la lectura, pero sí en la procesión. Según el acta que se levantó, el día anterior, sábado 17 de mayo de 1698, “como a las tres de la tarde poco más o menos”, salió la comitiva de la iglesia del convento de San Juan. La abría el vicario visitador portando el estandarte con las insignias de la Inquisición. Inmediatamente después el comisario de la Inquisición al que seguían, en el estricto orden previamente pactado, el prior del convento de San Juan, el corregidor don Tomás de Puga, el venerable clero, los frailes dominicos, familiares de la Inquisición, hidalgos y personas principales de la villa. Así dispuestos recorrieron las calles y plazas principales: Alcaraz, Adentro, Nueva, Plaza Vieja (Lonja), Plaza del Mercado (la Plaza actual)… Iban acompañados de músicos y ministriles y mientras caminaban un pregonero convocaba a los vecinos para que acudieran el día siguiente a misa mayor para oír el edicto.

        Hay que imaginar el auténtico terror con el que el pueblo, o muchos de sus vecinos, vivirían la tétrica procesión y la lectura del edicto de fe. Sabían que tras estos actos se iniciaba un periodo de denuncias indiscriminadas, denuncias anónimas que se aceptaban sin valorar los motivos personales que pudiera tener el denunciante para hacerlas. A (casi) cualquiera le podía tocar esta macabra lotería sin saber nunca quién fue su denunciante. Y siempre con el riesgo de que el comisario se tomase en serio la denuncia y de acabar en Córdoba con el correspondiente proceso, en el que todavía era de oficio el tormento, que podía acabar en condena a la hoguera, a galeras o al destierro. Cuando menos en confiscación de bienes, exposición y deshonra pública del penitente.

Antigua puerta principal de la parroquia, dando a la Lonja
y que hoy debe seguir debajo del enlucido. Foto Carriazo.

        Como resultado de un edicto y del proceso inquisitorial, los reos eran juzgados y condenados en un auto de fe, normalmente público como los castigos. Los de Quesada y todo el reino de Jaén se celebraban en Córdoba. Las historias que siguen se refieren a vecinos y vecinas de Quesada que pasaron por estos autos de fe. No son con seguridad todos los que sufrieron este trance, sino solo aquellos de los que he encontrado noticia.[5]

        El 13 de junio de 1723, en el convento dominico de San Pablo (Córdoba) se celebró un auto público de fe. En él resultó condenado a muerte el vecino de Quesada Gaspar Enríquez, de 44 años, natural de Cuenca. Se le acusó de “judaizante negativo, convicto y pertinaz”. Junto al resto de condenados fue conducido en procesión a la plaza de la Corredera “portando insignias de relajado”, es decir, vestido con un sambenito (especie de saco) amarillo y una coroza (capirote como los de Semana Santa). Una vez puesto sobre el tablado para ser quemado, el terror pudo con él y dio muestras de arrepentimiento: “pidió misericordia” y la obtuvo. La ejecución fue suspendida y Gaspar devuelto, de por vida, a la cárcel.

        Casi un año después, el 23 de abril de 1724, y en el mismo convento, se celebró otro auto de fe en el que hubo una relajada y dos reconciliados procedentes de Quesada. Los relajados eran los condenados a muerte para cuya ejecución se transferían o “relajaban” a la justicia real. Los reconciliados eran aquellos reos que confesaban y abjuraban de sus delitos y se reintegraba a la Iglesia, se “reconciliaban” con ella, pero sufriendo sus correspondientes penas de prisión, confiscación, azotes… La mujer relajada se llamaba Isabel de Tapia, natural de Medina del Campo y vecina de la villa de Quesada. Tenía 71 años y era viuda de Francisco Méndez de Castro (del que no he encontrado referencia alguna). Esta mujer había sido reconciliada por la Inquisición de Murcia el año 1682. Ahora había sido llevada al Santo Oficio por “los mismos delitos de judaísmo”. Por relapsa (reincidente) fue condenada a la hoguera. Aunque murió “confitente” (confesando su culpa) y “con muchas señales de arrepentimiento”, no fue suspendida la ejecución por esa condición de relapsa. Sus bienes fueron confiscados.

        El mismo día confesó sus delitos como judaizante y fue reconciliado el joven médico de 31 años Gabriel de Anavia. Era natural de Murcia, pero vivía en Quesada, donde ejercía. Fue condenado a cárcel “irremisible” (perpetua), confiscación de bienes y doscientos azotes. Estos azotes eran públicos; en el caso de hombres, desnudos de cintura para arriba para que se viera la sangre.

        El mismo día María de la Trinidad Villar, natural de la ciudad de Úbeda y vecina de Quesada, de edad de 27 años, fue reconciliada tras abjurar de su delito de bigamia (“por casada dos veces”). Fue condenada a 200 azotes y destierro, no pudiendo acercarse a menos de 8 leguas a Quesada, Úbeda y Madrid. Siempre se incluía Madrid, aunque el reo no tuviera relación con el lugar, para que los condenados “no molestasen” en la Corte. Hay poca información sobre estos vecinos. Podríamos pensar, por edad, y circunstancias, que Trinidad vivía con Gabriel, el médico, y que la investigación sobre él tiró de ella. Quién sabe.

        A las pocas semanas, el domingo 2 de julio de 1724, fueron reconciliadas las hermanas Josefa e Isabel Enríquez de Terrazas. La primera, viuda de Manuel Fernández, de 52 años y natural de Cuenca; la segunda, natural de Cartagena de Levante. Ambas fueron condenadas por judaizantes a cárcel irremisible, confiscación de bienes y doscientos azotes. Parece evidente que eran hermanas de Gaspar Enríquez (coincide su origen conquense en Josefa y en él). La familia Enríquez no desapareció de Quesada con estas condenas, de hecho fue un Enríquez quien vendió al Ayuntamiento la casa en la Plaza donde sigue a fecha de hoy. Volveremos a hablar de este apellido en otro caso, y también reaparecerán los bienes que se le confiscaron a Josefa.

        El 12 de mayo de 1726, abjuró del delito de judaísmo Juana Bárbara de Castro, natural de Albacete y “vecina de la villa de Quesada, soltera, sin oficio, de edad de 38 años”. Fue condenada a confiscación de bienes y cárcel irremisible.

        Cinco años más tarde, el 4 de mayo de 1731, sufrió auto de fe Luis Antonio de Castro, también natural de Albacete y vecino de Quesada, casado, de 53 años. Estaba establecido en Quesada, donde tenía abierta botica. Fue condenado a confiscación de la mitad de sus bienes, destierro y dos años en una casa de penitencia, vistiendo hábito de penitente y “encargado a persona docta que le desengañe, instruya y fortifique en nuestra Santa Fe”. Además, los consabidos doscientos azotes. Luis Antonio aparece en una relación de delitos de fe pendientes en la Inquisición de Llerena en 1735, seguramente porque vivía su destierro en Extremadura.[6] Se da la circunstancia de que este Luis de Castro no era un don nadie en Quesada. En el preámbulo de elogios en verso del “Compendio Militar” impreso en 1707 por el corregidor Don Tomás de Puga, participan las personas más principales del pueblo. Uno de ellos es don Luis de Castro, “vecino de la villa de Quesada”, que aporta un soneto dedicado al corregidor.

        Castro es un apellido inexistente en Quesada por aquel tiempo. Por eso cabe relacionar a estos dos hermanos, Juana Bárbara y Luis Antonio, con Francisco Méndez de Castro, de quien era viuda Isabel de Tapia, la quemada por relapsa. Si esto fuera así, serían al menos dos familias las que destrozó la Inquisición en pocos años, Enríquez y Castro. Todos eran residentes en Quesada, pero nacidos fuera. Esto parece indicar que estaban en el pueblo escondidos o mejor, alejados, del tribunal de la Inquisición con el que hubieran tenido problemas. En el caso de Isabel de Tapia, viuda de Castro, se sabe que fue el de Murcia. En el caso de los Enríquez, los hermanos mayores era nacidos en Cuenca, pero la hermana menor era natural de Cartagena, lo que parece sugerir que la familia pasó por aquellas tierras antes de recalar en Quesada. No había demasiada coordinación entre los distintos tribunales territoriales; por eso, pasar la “frontera” entre la Inquisición de Murcia y la de Córdoba procuraba cierta seguridad.

        Todas estas personas iniciaron su calvario con la publicación de un edicto de fe en la parroquia mayor de Quesada, precedida de una procesión como la que antes vimos. Como desgraciadamente ocurre tantas veces, el forastero, el de fuera, es por naturaleza sospechoso y en ellos se cebaron las denuncias anónimas. Estos fueron los casos quesadeños más graves de los que he encontrado datos. Una vez eliminado cualquier hereje, judaizante o morisco que pudiera quedar, la Inquisición dedicó sus oraciones a otros delitos de menor cuantía, generalmente relacionados con la moral y las costumbres. Las penas fueron más livianas y el Santo Oficio menos temido. Y por eso mismo fue perdiendo poder. Todo esto en términos relativos, como tendencia, porque el último ajusticiado por la Inquisición lo fue en 1826, cien años después.

Portada del resumen del auto de fe de 1923
en Córdoba. Biblioteca Sefarad

        1734 fue un año terrible en Quesada. Se venía de una gran sequía y esa primavera tampoco llovió, la cosecha de cereal fue muy mala. En otoño continuó la sequía y los vecinos vieron en peligro la sementera. El precio del trigo se disparó y el pan de dos libras, amasado con trigo del Pósito y vendido en los hornos municipales, alcanzó el increíble precio de 22 maravedíes, más de medio real. Algunos datos ayudan a comprender las terribles dificultades del año. A petición de un grupo de labradores y vecinos, el 7 de enero se trajo de su santuario a la Virgen de Tíscar para implorarle la lluvia tan necesaria. En noviembre todavía seguía en el pueblo y el clero pidió que fuera devuelta a su santuario, pero el Ayuntamiento, 20 de noviembre, dijo que no se movería de la parroquia hasta que no mejorase la situación.

        Por otra parte el día 1 de mayo, ante la pérdida de la cosecha, el Ayuntamiento ordenó que en todas las huertas se sembrase maíz a fin de que, tras el verano, se pudiese atender el abasto público de grano. Pero es que para colmo Su Majestad Felipe V estaba por entonces empeñado en una campaña militar en Italia mediante la que recuperó Nápoles y Sicilia (que cedió a su hijo, el futuro Carlos III). En la consiguiente movilización a Quesada tocaron 19 soldados para el regimiento provincial de milicias. Su armamento y vestuario, por cuenta del municipio, se valoró en 2.520 reales. Al escandaloso precio citado de 22 maravedíes la hogaza se hubieran podido comprar con este dinero casi 3.900 panes, que repartidos a la población resultarían a más de uno por habitante. Para aprontar la cantidad el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un censo (préstamo). El futuro Carlos III reinó en Nápoles y Sicilia casi 25 años con el nombre de Carlos VII, pero no se acordó de mandar algo a Quesada en agradecimiento por los sacrificios.

        Estando así las cosas, a principios de año el Santo Oficio de Córdoba publicó otro edicto de fe en la iglesia parroquial. Una de las que lo escuchó y se sintió obligada a denunciar fue Rosa Martínez, vecina de 26 años, soltera, que solía acudir para sus devociones a la iglesia del convento de San Juan Evangelista. Allí había elegido como confesor, hacía como cinco años, a fray Martín Troyano, uno de los frailes del convento, de unos 40 años. Rosa, para descargo de su conciencia y tras escuchar el edicto, acudió al comisario de la Inquisición, el presbítero don Antonio de Zafra. Le contó que como un año después de empezar a confesar con él, fray Martín empezó a tener una conducta inapropiada.

        Según Rosa, varias veces le dijo que si necesitaba algo se lo dijese pues lo haría “como si fueras mi hermana”. En otra ocasión le dijo: “yo no quiero que pases necesidad y así pide lo que se te ofrezca”, añadiendo que si le faltaban zapatos o medias se lo dijera. Durante la delación el comisario Zafra le preguntó una y otra vez si estas cosas se las dijo antes, durante o después de la confesión, estando de rodillas en el confesionario o “sobre sus pies” una vez confesada. Y es que ahí estaba la clave del asunto, pues si el comportamiento del fraile hubiese sucedido durante el sacramento habría incurrido en delito eclesiástico de solicitación, calificado de muy grave. La solicitación consiste en aprovechar la intimidad del confesionario para hacer proposiciones deshonestas.

        Rosa no conseguía acordarse, o no quería, de si estas insinuaciones ocurrieron durante la confesión o inmediatamente antes o después. De lo sucedido fuera del confesionario sí se acordaba perfectamente. Así dijo que una vez que fue a la iglesia del convento, pero solo para oír misa, no para confesar, se cruzó con fray Martín, que, haciendo un aparte con ella, le dijo: “tú te casarás pero yo no quiero que otro te gozare, que si yo no tuviera estos hábitos me casaba contigo”. Llegó a cogerla de la mano y a confesarle que pensaba mucho en ella. En otro encuentro de ambos en la iglesia, fray Martín “anduvo con su pie meneando el de la declarante” y, cuando esta lo retiró abruptamente, fray Martín, temeroso de haberse pasado y de que lo denunciase, le dijo que se estuviese quieta y “no fuera embustera”.

        El comisario Zafra remitió las diligencias a Córdoba. Allí el fiscal del Santo Tribunal ordenó que se volviese a requerir a la delatante para que dijese si “las palabras amorosas y tocamiento de mano pasaron en el confesionario”. Interrogada de nuevo el 25 de agosto, contestó que no podía exactamente decir si fueron antes o después de la confesión. El fiscal también pidió al comisario que informase “de la fe y crédito de la declarante” (del fraile no se pidió informe similar). El comisario Zafra informó de Rosa que era piadosa y de buena conducta. También por orden del fiscal se revisaron los registros de causas anteriores en busca de antecedentes, pero no se encontró nada, por lo que “quedó suspensa esta sumaria”. Suspensa por ahora, porque como veremos fray Martín era un rijoso incorregible y no tardó en meterse en problemas.

        El bienio 1743-1744 no fue tan malo en Quesada como el de diez años antes. La fanega de trigo se vendía a 13 reales y el pan de dos libras a 10 maravedíes, menos de la mitad que en 1734. Como se ha visto en otro artículo de este blog (El Ayuntamiento viejo de Quesada), se estaba reconstruyendo la fachada de lo que sería el Ayuntamiento viejo, en la Plaza. A principios de 1743 don Rodrigo de Urrutia, natural de Quesada, tuvo un comportamiento destacado en la batalla de Cabo Sicié al mando del navío Poder. Su actuación frente a la escuadra inglesa fue recompensada con el ascenso capitán de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz.

        En la primavera de 1744 se extendió por el pueblo el rumor de que a “alguno que se llama Cornejo le atribuían algunas proposiciones que había dicho contra la pureza de la Virgen”. Faltaban todavía casi cien años para que Pio IX promulgase el dogma después de siglos de dura polémica teológica, pero en estos reinos la virginidad de María era un asunto de Estado y a mediados del siglo XVII la Inmaculada había sido declarada patrona de España. Aunque teóricamente se podía opinar libremente, por no ser todavía una verdad dogmática, hacerlo suponía en la práctica atentar contra el sentir oficial de la Corona y de la Iglesia españolas.

        El Cornejo al que se refería el rumor era Vicente Gómez Cornejo, joven clérigo de órdenes menores de 22 años de edad. La familia Cornejo era muy conocida en el pueblo. Su hermano Antonio ejercía como escribano del número (notario) y Juan, su otro hermano, era maestro de sastre. Vivían en la calle Alcaraz (actual de los Arcos), por entonces calle muy principal. El 23 de mayo de aquel año Vicente Cornejo acudió, por su propia voluntad, “a delatarse” ante el comisario de la Inquisición, que lo seguía siendo don Antonio de Zafra. Que él mismo se delatara hay que interpretarlo como un intento, una vez extendido el rumor en la calle, de que la noticia llegara al Santo Oficio de su boca y no de alguna denuncia maliciosa.

        Declaró Cornejo que haría como un mes, estando en casa de don Diego Pulido y presente la mujer de este, Rodrigo García y Simón Barba, se estuvo hablando sobre “la concepción en gracia de María Santísima”. Diego Pulido era natural de Marmolejo, pero tenía propiedades en Quesada. Rodrigo García era vecino de Pulido y Simón de la Barba tenía en la calle Nueva una tienda de “especiería y quincalla”. Llama un poco la atención que en estas reuniones, se supone que de amigos y vecinos, se hablase como si tal cosa de cuestiones teológicas ¡cosas de otras épocas! El caso es que don Diego dijo “que habían tenido poca razón los padres dominicos” en oponerse a la virginidad de María y que con razón “estaban penitenciados” (los dominicos nunca fueron muy partidarios de esta idea). Vicente le replicó que no era verdad que estuvieran penitenciados, “porque la Iglesia nada tenía declarado en este punto”, que sus razones estaban muy fundamentadas y que él opinaba de la misma manera. Pulido le intentó rebatir citando un libro de ejercicios que tenía, pero Vicente lo descalificó diciendo “ese será juanista o escotista y yo sigo a los que defendieron que María Santísima fue concebida en pecado original”. La reunión y junta empezó a resultar incómoda. Los presentes intentaron, “con mucha ternura”, que se acabara la conversación. Vicente no lo hizo y Simón Barba, “impaciente de oírla”, salió de la casa para no verse comprometido en las opiniones de Cornejo.

        No era este el único avispero en el que se había metido Vicente Cornejo. A oídos del comisario Zafra llegó otro asunto igual o quizás más inquietante, porque se refería a la Trinidad. Fue durante una conversación teológica (debían ser unas ligas apasionantes) con Tomás Fernández Enríquez, de la que fue testigo Juan Gutiérrez, otro propietario forastero, natural de Baeza (como se puede ver estamos hablando de gente acomodada). Este Tomás Fernández Enríquez fue el que vendió al Concejo la casa de la Plaza que acabó siendo ayuntamiento. Su apellido, infrecuente en Quesada, inmediatamente trae al recuerdo a los hermanos Enríquez, de una generación anterior y que, como se ha visto, sufrieron auto de fe. Si esto es así, resultan comprensibles su temor y opiniones ortodoxas y que fuera él, conocedor de la investigación que se había abierto, quien acudiera al comisario para denunciar el asunto.

        Tomás le contó a Zafra que habían estado discutiendo sobre la Trinidad, sobre la esencia y diferencias entre el Padre y el Hijo. Vicente defendía posturas un tanto heterodoxas y no llegaron a un acuerdo. Por eso decidieron escribir en un papel las opiniones de uno y otro, para que dirimiese la disputa fray Manuel de Montilla, dominico de 37 años del convento de San Juan. El fraile, cuando leyó el papel, “vio en él algunos términos impropios para la explicación del misterio de la Santísima Trinidad”, más en la opinión de Vicente que en la de Tomás. Sin embargo no se pronunció con el pretexto de que Vicente no lo había firmado y lo debía hacer. Enterado el comisario Zafra, le pidió a Cornejo que le trajese ese papel que llevaron al fraile, así como un manuscrito sobre Beda el Venerable que Vicente decía tener y en el que al parecer se inspiraba. Entregó el manuscrito, pero el papel “por más que lo había buscado no había podido encontrarlo”.

        Las diligencias levantadas por Zafra fueron remitidas al Santo Tribunal de Córdoba, donde tres calificadores dijeron que contenía “proposiciones falsas y escandalosas” y que el manuscrito, ”cuyo título es de divinatione mortis et vita”, estaba prohibido “in totu” por el Santo Oficio. Estas noticias proceden del informe del fiscal de Córdoba, antes de que se dictara sentencia que no consta cual fue. Pero hay un dato indirecto que permite sospechar que la cosa no fue muy bien para Vicente. Entre las declaraciones de bienes que hicieron los vecinos poco después, para el conocido como catastro de Ensenada, con el número 246 y firmada el 8 de marzo de 1752, está la de doña Francisca Antonia de Lara. El escribano recogió sus palabras a la letra: “Soy viuda de, digo, soy mujer de D. Vicente Cornejo ausente en el presidio de Melilla”. Cornejo solo estaba ordenado de menores y parece que se casó y no continuó (no pudo, más bien) su carrera eclesiástica. Estaba ausente en Melilla, por entonces un peñón fortificado en la costa de Berbería (lo que hoy se llama Melilla la Vieja). Apenas había allí más que soldados y desterrados por alguna condena. Militar no era Vicente porque, serlo era cosa de mucha honra, se hubiera añadido, presumiendo, algo del tipo: “sirviendo las armas de Su Majestad”. No debía estar allí por nada bueno y por eso a su mujer se le escapó decirse viuda, lo que rectificó inmediatamente quizás porque alguno de los presentes le dijera que de viuda, nada.

        No habían pasado tres años cuando tenemos de vuelta al fraile rijoso, fray Martín Troyano. El 19 de junio de 1747, ante el mismo comisario don Antonio Zafra, compareció de propia voluntad, “para descargo de su conciencia”, la monja dominica del convento de nuestra señora de los Remedios, sor Catalina de San Francisco, de 31 años. Dijo la monja que desde hacía unos seis o siete años fray Martín iba al convento a confesar a las religiosas, a ella también. En cuatro o cinco ocasiones, aunque no siempre sucedía, el fraile le había pasado por el tornillo de confesión “la caja de tabaco” y le apretó la mano mientras le decía que la quería mucho y que si no fuera por ella no iría a confesar. Sabía la monja (o quien estuviera animándola) lo que era la solicitación y por eso, seguramente para no cargar las tintas, dejó claro que estas cosas ocurrían inmediatamente antes o después de la confesión pero nunca durante la misma.

        Si en el caso anterior parece claro el acoso por parte de fray Martín, ahora no sería tan evidente, porque sor Catalina en cierta ocasión le hizo “un agasajo” (un regalo) al fraile que incluía un corazón de alcorza (un dulce recubierto de crema azucarada, como un rosquillo). Cuando vio aquello el fraile le replicó “que él no quería aquel corazón sino el de la declarante”. No es de extrañar que la cosa fuera subiendo de tono y que el fraile llegara a pedirle que “le mostrase sus pechos” (dijo ella que se negó). La monja añadió que, aunque sabía que era malo, no lo había denunciado antes porque no “se le ofrecía ser delatora”, pero que, habiendo cambiado de confesor, este le dijo que era su obligación hacerlo.

        Remitidos los autos a Córdoba fueron estudiados por el fiscal del Santo Tribunal. Según su informe, la denuncia de sor Catalina se hizo mediante una carta que escribió y entregó al comisario Zafra el prior del convento de San Juan, fray Francisco Gay, el jefe de fray Martín. A la vista de que fraile y monja habían reconocido los hechos, el fiscal pidió, y así se hizo, que el fraile fuera conducido preso al “convento de su religión de Córdoba” (el convento de su orden, San Pablo). El Santo Tribunal ordenó, octubre de 1748, que se recabase la ratificación de sor Catalina en su declaración, que se mirasen antecedentes (apareció el caso de Rosa que antes hemos visto) y que se preguntase de nuevo a la monja si estas cosas (el regalo qué hizo al reo, la insinuación de este para descubrirse los pechos y la acción de tocarle la mano) habían sucedido durante la confesión, antes o después.

        El comisario Zafra contestó a Córdoba que no podía volver a interrogar a sor Catalina porque había muerto unos meses después de su denuncia, el 30 de octubre de 1747. No hay que interpretar con mentalidad cinematográfica tan repentina defunción, porque la mortalidad por entonces era grande y la enfermedad acechaba de continuo. El caso es que en Córdoba fray Martín reconoció ante el Santo Tribunal que había tenido “varias chanzas con las religiosas en el locutorio y puerta de la Iglesia, procurando siempre guardar el debido respeto al sacramento de la penitencia”. Pero va a ser inevitable que pensemos en el guion de una película, porque añadió que estaba convencido de que sus problemas venían de otra monja, la veterana sor Antonia Serrano.[7]

        El fraile declaró al Santo Tribunal que con sor Antonia había tenido en el locutorio del convento “chanzas y palabras deshonestas”. La relación entre ambos la había roto fray Martín (según él), que “tuvo motivos para dejarla”, y que no dudaba que era la auténtica denunciante, “sentida” por el abandono. La mano en la sombra de este enredo era, según el fraile, el prior de su convento, “su enemigo” fray Francisco Gay, lo que le habían advertido otros frailes antes de su salida para Córdoba. Cuando el comisario Zafra interrogó a sor Antonia, “nada contestó”. En el expediente no hay mención a la sentencia y nos quedamos sin saber cómo acabó la cosa. Seguramente fray Martín pasó sus días apartado de Quesada, en el convento de San Pablo de Córdoba, de bastante más lustre que el quesadeño de San Juan Evangelista.

        El día primero de septiembre del año de 1757 don Juan Francisco Esmenota y Vargas, notario del Santo Oficio y dignidad de arcipreste de las parroquias de Cazorla, La Iruela y Quesada, escapaba a caballo de esta última villa acosado por un grupo de clérigos y vecinos que querían prenderlo. Consiguió llegar a salvo a Baeza, pero hasta que pasó Toya no se sintió seguro. Don Juan era natural de Baeza, clérigo de menores y notario del Santo Oficio. No tengo información de cuándo fue nombrado arcipreste, pero ya lo era en 1752 cuando todavía vivía en Baeza. Por entonces la prebenda arciprestal le rentaba anualmente 500 ducados (unos 5.500 reales). En este año de 1757 del que hablamos ya tenía su casa y habitación en Quesada. El arciprestazgo no le daba autoridad efectiva sobre las parroquias, que dependían del vicario del muy poderoso arzobispo de Toledo, sino solo la distinción, el honor y sobre todo los ingresos. El arcipreste era en realidad un cuerpo extraño, un intruso, en el mundo clerical de la vicaría. No hay datos de la razón de su cambio de residencia a Quesada, pero alguna relación debía tener con el pueblo porque era dueño también de una pequeña huerta de una fanega en el Real, que tenía arrendada a Diego Fernández, alias el Jaque, uno de esos “peujareros” que arrendando tierras ajenas llegó a ser importante labrador.[8]

        La huida de Esmenota tenía su origen en lo sucedido a principios de aquel verano. Resulta que tenía que salir de viaje y su caballo necesitaba que le arreglasen los herrajes. El criado Antonio Cózar, natural de Baeza, de 18 años, llevó al animal a su herrador de costumbre pero no lo encontró. Ante la precisión, decidió acudir a Pedro Candial, herrador y albéitar que remanecía de Belerda y vivía en la calle Nueva. Candial reconoció las patas del animal y dictaminó que le faltaban clavos en las herraduras y que ponerlos valdría unos 4 reales. Le preguntó al criado si llevaba el dinero y este le contestó que no, que no sabiendo cuánto costaría no lo había echado. El herrador le dijo que se llevara el caballo y que volviese con el dinero. A esto respondió el criado que su amo era persona “abonada” e importante y que estaba de sobra la desconfianza. Pero Candial lo paró en seco diciéndole que él “al rey (solo) lo conocía por la moneda”, cuánto menos a su amo. Antonio regresó a por los cuatro reales, se herró el caballo y Esmenota pudo hacer el viaje.

        Don Juan quedó muy corrido con el desaire de Candial. Un simple herrador (aunque no pobre, pues tenía unas utilidades anuales de 1.750 reales) no le fiaba al arcipreste de la comarca y notario del Santo Oficio. Esmenota fue a casa de Candial, tuvieron desazón (discutieron) y acabó la cosa cuando el herrero le propinó al arcipreste un fuerte golpe con un palo en uno de los brazos. Fueron testigos numerosos vecinos que transitaban por la calle Nueva y sobre todo Juana de Atencia, mujer ya mayor y soltera, que vivía con su sobrina en una casa inmediata a la del escándalo. El percance causó sensación y muy asegurado debió sentirse Candial por gente poderosa para atreverse a tal afrenta. Y por otro lado, mucha de su antigua autoridad, nacida del miedo, había perdido la Inquisición para que esto pudiera pasar y se lo permitiese un herrador de pueblo.

        Esmenota no recurrió a la justicia ordinaria. Como aforado del Santo Oficio, denunció directamente a la Inquisición de Córdoba. El Santo Tribunal envió a D. Nicolás de Tauste, comisario de la Inquisición en Baeza (ya no lo había en Quesada), a que hiciese la información correspondiente. Tauste interrogó a los testigos, que solo recordaban la discusión pero que no vieron, decían, el golpe que recibió el arcipreste. Pero el golpe existió y así lo testimoniaron el médico don Joseph Tortosa (joven de 29 años recién llegado a Quesada) y el barbero sangrador Rodrigo Muñoz (que vivía en la calle San Juan y era también mayordomo administrador de las monjas). Tortosa dijo que, visto el brazo izquierdo, “reconoció por su oficio que había señales de compresión extrema”.

        Simultáneamente a esta de la Inquisición se abrieron otras dos investigaciones. Una de la justicia real que paró en la Chancillería de Granada. Otra de la justicia eclesiástica ordinaria, instada por el vicario de Cazorla don Antonio Macarulla. Cuando Tauste supo por Esmenota de estas otras diligencias, inmediatamente intentó que le fuesen entregadas y que ambas jurisdicciones se inhibiesen en favor del Santo Oficio, por afectar a persona aforada. Macarulla se negó porque alegaba que no tenía noticia ni documento de que Esmenota fuese ministro de Inquisición. Hubo cruce de exigencias y amenazas entre ambas partes, pero fue el vicario quien tomó la iniciativa excomulgando al arcipreste. Al día siguiente de la huida que hemos visto, el sacristán y fiscal de vara (alguacil eclesiástico) Agustín Ramírez acudió a casa de Esmenota y le comunicó a la criada Lorenza Mauricia que su amo estaba excomulgado y que se lo hiciese saber. En la misa mayor de los tres días festivos siguientes el cura párroco, don Lucas Martín del Águila, “hizo saber al pueblo en voz alta que el arcipreste estaba excomulgado”.

        Este don Lucas fue un poderoso personaje de la segunda mitad del siglo XVIII quesadeño. Tenía dependientes a los tenientes de cura de las tres parroquias de Quesada (la mayor, Santa María y Tíscar), a los tenientes de cura de Pozo Alcón e Hinojares, a los demás clérigos y a sacristanes, sochantre, ministriles y ministros. Vivía con dos sobrinas y dos criados que trabajaban en las propiedades del priorato (que le rentaban anualmente, excluidas cargas y gastos, más de 7.000 reales). Un tipo poderoso y acostumbrado a ser la máxima autoridad religiosa del pueblo. La presencia del arcipreste Esmenota, teóricamente su superior, no debía hacerle gracia ninguna. Don Lucas fue sin duda el poderoso protector del herrador Candial. Detrás de don Lucas estaba el vicario y toda la estructura eclesiástica y, de grado o por temor a enfrentarse con él, buena parte de los vecinos.

        Con todo esto no es de extrañar que, tras agredir al arcipreste, el herrador no se amilanara y sonrojase a Esmenota “con risas y descortesías”. Y es que, según el comisario Tauste, eran estas “gentes indómitas” que “desprecian la jurisdicción del Santo Oficio”, pues sabiendo de su investigación sumaria, “tienen por burla el decirse unos a otros el prior y clérigos de Quesada, cómplices: ¿Cuándo vamos a Córdoba? ¿Cuántos sambenitos ha de haber?” Además de excomulgarlo, el vicario quiso encarcelar a Esmenota, a lo que se aprestó don Lucas “con los demás que iban en su compañía” y “le corrieron con tanto escándalo haciéndole que fuese precipitadamente a caballo, dando voces a cuantos encontraban para que lo atajasen”. Es la razón de la huida que antes vimos.

        Poco tiene que ver esta historia con aquellas de principios de siglo, cuando las procesiones encabezadas por el estandarte del Santo Oficio inspiraban, más que respeto, temor. El Santo Tribunal de Córdoba requirió, por medio de la Inquisición de Granada, a la Chancillería que se inhibiese. Volvió a enviar comisarios al vicario, no ya solo para que se inhibiese, sino para que levantase la excomunión al arcipreste. Pero, como en los casos anteriores, el informe del fiscal solo cuenta el proceso, pero nada dice sobre como acabó el asunto. Seguramente en nada porque ni la Inquisición, ni la Chancillería, ni el vicario de Su Eminencia el arzobispo de Toledo podrían salir como perdedores.

El término de Quesada en 1752. Archivo Municipal

        Muy pocos años después, en 1761, el convento de Dominicas de Nuestra Señora de los Remedios volvió a requerir la intervención de la Inquisición.[9] Lamentablemente en esta ocasión el informe del fiscal es muy poco detallado y está incompleto. Se trata de un asunto de hechicería y blasfemias en el que todas las intervinientes, denunciantes y denunciadas, son monjas del convento. El 30 de octubre sor Ramona María de Majavacas y Quevedo, de 23 años, monja de velo negro del convento, escribió una carta a la Inquisición de Córdoba denunciando que había dos monjas que curaban el mal de ojo y que, como le parecía una cosa mala, lo contó a su confesor que le mandó denunciar. El Santo Oficio remitió la carta al cura de Quesada, el ya conocido don Lucas Martín del Águila, comisionándolo para que abriese una instrucción e interrogase a los testigos “con todo recado y secreto”. Habla mucho del declive de la Inquisición que ya no hubiese en Quesada comisario ni familiar del Santo Oficio que pudiese ejecutar la diligencia. Y no solo eso, que ya había ocurrido otras veces, que se lo encargaran al cura propio, a la jurisdicción eclesiástica ordinaria con la que tantas disputas de competencia habían tenido.

        Don Lucas interrogó a la denunciante, quien, aunque había hablado de dos monjas, se refirió especialmente a sor Juliana Serrano de San Andrés porque la otra, sor María de Santa Ana, era monja de velo blanco (de menor rango y condición social) y sería poco más que su cómplice. Dijo la delatora que sor Juliana le había hecho curaciones a su hermana, doña Rosalía Majavacas y a doña Francisca Rivas, otra vecina, que acudían para el efecto al convento. Las curaciones consistían en hacerle sobre la cabeza, puesta sobre el pecho de la monja, muchas cruces “con el dedo gordo de ambas manos”. Al mismo tiempo, todo esto lo vio la declarante, la monja “meneaba mucho los labios”, no sabiendo si decía alguna oración. Añadió que teniendo ella como unos 13 años oyó decir a su hermana que de cuando en cuando acudía a alguna hechicera.

        Poco más recoge el informe fiscal, que se interrumpe nada más indicar el nombre de la siguiente testigo: “Doña Ana de Urrutia, natural de Vera, de 29 años y velo negro”.[10] También se menciona en este informe una causa por “blasfemias hereticales” contra sor Felipa de Lara y San Vicente, “natural de dicha villa, de 60 años, de velo negro en el citado convento”, pero no se dice nada más. Por estas fechas la orden dominica renunció al convento, que pasó a la jurisdicción eclesiástica ordinaria. Renunció seguramente por ser convento de poco pelo y encima con monjas “problemáticas” y mal avenidas.

        Y para terminar, una historia que se inicia cuarenta años antes, cuando los autos de fe de los que se habló al principio. Como vimos, en 1724 Josefa Enríquez fue reconciliada por la Inquisición de Córdoba y condenada por judaizante a confiscación de bienes y cárcel irremisible. Al año siguiente la Inquisición sacó a subasta uno de esos bienes, un cortijo en Lacra valorado en 36.000 rr. (no era pobre Josefa). Se quedó con él don Juan Cano de Padilla, presbítero, rico propietario y familiar del Santo Oficio (todo quedó en casa), que pagó 21.706 reales con 16 maravedíes, una vez descontados los censos que la finca tenía como carga. Pasaron los años y murió don Juan. Quedó como heredero su hermano, don Francisco Cano de Padilla, clérigo de menores que vivía en la calle de la Patona (la casa del escudo), en compañía de tres sobrinos menores de edad y dos criadas. Era un gran propietario, con unos ingresos anuales calculados en 30.000 reales. A su servicio 17 mozos que trabajaban las tierras y cuidaban el numeroso ganado que poseía. Era uno de los más ricos del pueblo.

        Era su vecino en Lacra don Pedro Jiménez Serrano, también muy rico y sobre todo miembro de una de las familias políticamente más principales del pueblo. En el contexto de la disputa que tuvieron ambos están las históricas luchas de bandos y facciones entre los las familias dirigentes del pueblo, que se iniciaron en el mismo momento de la “independencia” de Úbeda, en 1564. Es una larga historia que no puedo resumir aquí, pero que produjo durante 250 años unos enfrentamientos sorprendentemente enconados. Baste decir que el año anterior a lo que vamos a contar, en 1766, hubo en Quesada un sonado motín popular ocasionado por la carestía del pan y que obligó a intervenir al Consejo de Castilla. Pero en realidad el motín había estado inducido y protegido por uno de los alcaldes ordinarios, el muy rico y poderoso don Atanasio de Alcalá, rival de los Serrano, a los que quería perjudicar.

        Las diferencias que hubo entre don Pedro Serrano y don Francisco Cano tenían su causa inmediata en el reparto del agua de riego para sus respectivos cortijos de Lacra, pues Serrano se había apropiado de la de Cano. Pero no era esta una simple disputa entre vecinos. Como el cortijo en cuestión procedía de una subasta de la Inquisición, Cano decidió reclamar al Santo Tribunal de Córdoba, 22 de junio de 1767, para que “se le restituyese del despojo, (y) se le pusiese en posesión” de sus derechos. Pedía además que “se inhibiesen las justicias de la villa de Quesada del conocimiento de semejante instancia”. Y es que Serrano era uno de los dos alcaldes ordinarios, que tenían facultades judiciales y actuaban de jueces, por lo cual, abierta causa en el juzgado local se falló, lógicamente, a su favor. Los autos se remitieron a la Chancillería de Granada para que los concluyese.[11] Como en ocasiones anteriores, al problema de fondo se superpuso la pugna de competencias entre jurisdicciones.

        La inquisición de Córdoba nombró esta vez comisario a don Juan Antonio Martínez Santos, veterano teniente de beneficiado de la parroquia, el cual ordenó que Serrano devolviese las horas de riego y pagase las costas. Serrano se negó a obedecer argumentando que la causa ya estaba en manos de la Chancillería. La cosa se fue complicando y el inquisidor de más edad escribió al presidente de la Chancillería para que se inhibiese, lo que no hizo. También ordenó encarcelar a Serrano y embargarle bienes para pagar las costas. Serrano respondió, mostrando a las claras que la Inquisición ya no era lo que fue, “que no había facultades (en el comisario de la Inquisición) para ponerlo preso y por tanto que no obedecía el contenido de su providencia”. Imagino que para no hacer más el ridículo, se retiró la orden de prisión. Como en casos anteriores, el expediente está incompleto y el desenlace no se conoce, aunque seguramente se irían ambos a la tumba sin ponerse de acuerdo.

        Efectivamente, el Santo Oficio ya no era lo que fue y esta es la última actuación suya de la que tengo conocimiento en Quesada. Hay alguna noticia sobre la existencia de notario de la Inquisición en 1791 y poco más. Sin embargo, y como siempre ocurre, terminando de escribir este artículo han aparecido nuevos papeles, nada menos que del siglo XIX, en tiempos posteriores a la abolición del Santo Oficio casi en paralelo por José Bonaparte y las Cortes de Cádiz. Restaurado el Santo Oficio por Fernando VII, en 1817 el tribunal de Córdoba abrió causa por “proposiciones” (contrarias a la doctrina) contra el capitán retirado Pedro Uribe.[12] Aunque era de Villacarrillo, estaba avecindado en Quesada en 1815, pues se había casado con una Bustos, conocida familia con propiedades junto al río Guadiana Menor. Su hermano Juan fue uno de los guerrilleros más famosos de la provincia, actuando a menudo conjuntamente con la partida del quesadeño Jerónimo Moreno. Pero él, además de supuesto hereje, parece que fue también un poco afrancesado, o al menos de conducta un tanto equívoca, por lo que fue procesado.[13] En Quesada debía estar apartado, recogido por su familia política. Veremos lo que da de sí esta nueva historia que mezcla cuestiones patrióticas, religiosas y también de feroz política local, cuando consiga leer su expediente cordobés.

        NOTAS

[1]Este corregidor, natural de Salamanca, escribió una obra titulada “Compendio Militar”, que imprimió en Quesada hacia 1707 y de la que hay edición digital facsímil en la Biblioteca Virtual de Andalucía. En la Revista de Ferias de 1974 le dedicó un artículo Antonio Navarrete: “Un libro impreso en Quesada a principios del siglo XVIII”.

[2] La compañía estaba descabezada y sin jefe porque su capitán, don Cristóbal de Poyatos Lara, había quedado inútil por una alferecía. El alférez que le hubiera sustituido, que era don Leonardo, hermano del capitán, había muerto en la guerra. Mientras se nombró un nuevo capitán la compañía estuvo sin mando. Memorial reproducido en el Libro de Acuerdos de 1706.

[3] La puerta de San Ildefonso es la actual puerta principal, siéndolo entonces la que daba a la Lonja, que está oculta en la pared junto a la puerta que hoy día da a esa plaza según se ve en la foto de Carriazo de los años veinte.

[4] AHN INQUISICIÓN, 1849, Exp. 3

[5]Proceden de los pasquines impresos en la época con resúmenes de los autos de fe y que he consultado en la Biblioteca Sefarad. También en la obra publicada en 1836 por Gaspar Matute Luquín “Colección de los autos generales i particulares de Fe, celebrados por el Tribunal de la inquisición de Córdoba” BNE, Biblioteca Digital Hispánica.

[6] AHN INQUISICION, 1987, Exp 43.

[7] Será casualidad, pero en 1752 firmó su declaración para el catastro de Ensenada su representante legal, el procurador Juan Antonio de Lara Troyano, quizás pariente del fraile, que vivía en la calle de San Juan, en una casa contigua a la que poseía Dª Antonia Serrano y que fue su dote para el ingreso en el convento.

[8] Aunque en los documentos de Quesada se escribe siempre “peujarero”, la palabra correcta es pegujalero, pequeño o mediano agricultor que labra directamente tierras propias o arrendadas. La diferencia con labrador es de cantidad, pues estos cultivaban grandes fincas.

[9] AHN INQUISICION, 3734,Exp.9. Este caso ya fue publicado en la Revista de Ferias de 1989 por Juan Blázquez Miguel.

[10] Hija del escribano de Quesada Francisco de Urrutia.

[11] Existe el expediente en Archivo de la Real Chancillería de Granada C10541-3.

[12] AHN INQUISICION,3730,Exp.63

[13] AHN CONSEJOS,L.1408,Exp.86