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| Auto de fe de la Inquisición. Francisco de Goya. Museo del Prado. |
La mañana del lunes día 28 de diciembre de 1705,
festividad de los Santos Inocentes, se desató una fuerte discusión en la
sacristía de la parroquia mayor de Quesada. Eran poco antes de las diez, hora
en la que debía comenzar la misa mayor, que se tuvo que retrasar por la disputa.
En las naves de la iglesia estaba congregado y esperando todo el pueblo,. A la
cabeza el corregidor D. Tomás de Puga y Rojas,[1] seguido de los regidores, diputados, personas
principales y todos los hombres y mujeres de la villa mayores de doce años.
Habían sido llamados mediante pregón para asistir a la publicación y lectura
pública de un edicto de fe por orden de la Inquisición de Córdoba, de la que
dependía Quesada y todo el reino de Jaén. Consistían los edictos de fe en la proclamación
solemne por la que se conminaba a los fieles para que denunciasen a todos los
vecinos de los que sospechasen que incurrían en prácticas u opiniones heréticas
y contrarias a la fe. En caso de que callasen aquello que supieran incurrían en
pena de anatema. Por eso tras cada predicación de un edicto se recibían
numerosas denuncias de las que se hacía información y, cuando se juzgaban
graves, se prendía a los acusados y se los enviaba a Córdoba donde eran
sometidos a un proceso inquisitorial.
Aquel día de los Inocentes de 1705 era lunes, aunque lo
normal era que estos edictos se publicasen en domingo. En esta ocasión se hizo
excepción porque el domingo 27 se había reservado para celebrar una procesión en
rogativa a Su Majestad Divina por la felicidad y éxito de Su Majestad Felipe V.
La guerra civil (y europea) por la sucesión de Carlos II no estaba ni mucho
menos decidida y las cosas no iban del todo bien para Felipe de Borbón y
Anjou, el aspirante francés y nieto del Rey Sol, que ya había sido
proclamado por sus partidarios como rey Felipe V. Solo un año antes ingleses y
holandeses habían tomado Gibraltar y la compañía de milicias de Quesada había
sido enviada a Cádiz para reforzar aquel frente.[2] Como Quesada
estaba en zona borbónica, nadie, ni clérigos ni nobles ni personas principales,
se podía permitir quedar, siquiera por sospecha, como partidario del bando
austracista. Por eso el edicto se pospuso y fue publicado un lunes, que por
otra parte también era festivo por celebrarse los Santos Inocentes.
Aquel lunes discutían en la sacristía, casi como dos
ejércitos en guerra, de un lado el licenciado don Pedro Zamorano, comisario del
Santo Oficio en Quesada y encargado de presidir la publicación del edicto. Le
seguían don Juan Jerónimo de Rivera, notario del Santo Oficio en la villa y el
familiar de la Inquisición don Juan Cano de Padilla. Los tres iban con sus
manteos, bonetes y las insignias del Santo Oficio. El otro bando lo encabezaba don
Francisco Hilario Jiménez Valero, prior y cura propio de la parroquia mayor de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, rodeado (que no necesariamente apoyado) por
el resto de presbíteros y clérigos seculares de la villa. También estaban
presentes y seguramente bastante espantados, por ser simples empleados y no
clérigos, el sochantre y sacristán mayor Francisco Fernández Ortega, el
sacristán menor Juan Ramírez y Francisco Dueñas, antiguo sacristán mayor que ya
de viejo solo ejercía como ministril. La acalorada discusión, con graves
amenazas cruzadas de una y otra parte, tenía su origen en ciertas diferencias
por cuestiones de preeminencia y protocolo. Defendía Zamorano que los ministros
del Santo Oficio debían situar sus sillas y sitiales en el lado del Evangelio,
izquierda del altar mayor visto de frente, que era el principal porque visto
por Dios desde el altar quedaba a la derecha). Dice el acta que levantó aquel día
el notario Rivera que “arrimadas al testero que da a la nave de la puerta de
San Ildefonso”. El problema es que precisamente ese era el lugar donde se
sentaba el párroco acompañado por dos diáconos y ahora se pretendía que sus
sitiales se situaran en el lado de la Epístola, que quedaba junto al arco que
daba a la nave donde estaba la puerta de la iglesia que daba a la Lonja, un
lugar de menos representación.[3] Don
Francisco Hilario, el prior, se oponía vehementemente al cambio argumentando
toda clase de razones y precedentes. Se trataba en último extremo de dejar a la
vista a quien correspondía la preeminencia, si al Santo Oficio o a la
jurisdicción eclesiástica ordinaria, al clero.
Tras una larga negociación el prior se avino a los
deseos de Zamorano y se sentó en la Epístola, pero no sin advertir que
iniciaría procesos judiciales eclesiásticos en defensa de sus derechos. Con gran
retraso se inició la misa mayor y tras la lectura del Evangelio, antes del
sermón, el notario de la Inquisición subió al púlpito y, “en voz alta e
inteligible”, leyó el edicto. Pero el precario acuerdo se rompió en el momento
de dar la paz, cuando por orden del prior no salió a darla el sacristán a fin
de evitar que lo hiciera en primer lugar a los ministros de la Inquisición. Con
esto se complicó todavía más el lio protocolario y hubo, según el acta,
escándalo y murmuraciones entre los fieles, que habían sido testigos de los
inconvenientes. Es de suponer que también hubo en esta discusión rivalidades y
antipatías personales porque don Pedro Zamorano, antes de ser comisario de la
Inquisición, había sido teniente de cura de la parroquia mayor y había estado a
las órdenes del prior don Francisco Hilario, y resultaba esta una ocasión de
oro para quedar por encima de su antiguo jefe, lo que este no podía consentir
en manera alguna. Zamorano decretó que se hiciera una información sumaria sobre
lo sucedido y que se remitiese al Santo Tribunal de Córdoba. A su vez el prior
pidió al vicario, representante del arzobispado de Toledo, que iniciase otra
información en paralelo para que su Eminencia tuviera conocimiento del caso. El
pleito fue complicándose y dio lugar a un largo expediente en el que acabaron
interviniendo personalmente el Inquisidor General (por entonces el obispo de
Ceuta, que residía en Madrid) y el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo.
Al final se llegó al acuerdo de que en lo sucesivo la Inquisición respetase al
clero el lado del Evangelio y se sentase en la Epístola, pero que a la hora de
dar la paz salieran dos sacristanes que la dieran simultáneamente a ambas
partes.
En él expediente que se formó se describe con detalle la
publicación en 1698 de otro edicto de fe en el que también hubo disputas
protocolarias y con protagonistas de mayor categoría.[4] Por
la parte eclesiástica el vicario visitador don Pedro Joseph Romero y Vargas,
persona de mucho rango como representante y delegado del arzobispo. Por el
Santo Oficio era comisario, por no haberlo entonces ni en Quesada ni en
Cazorla, el de Iznatoraf. Se daba la circunstancia añadida de que Iznatoraf
pertenecía a la diócesis de Jaén, no a la de Toledo (solo dependía de la
jurisdicción arzobispal en asuntos temporales, por ser señorío suyo, pero no en
los eclesiásticos). En aquella ocasión el lío fue tal que la misa mayor de las
10 de la mañana no empezó hasta pasada la una de la tarde. El problema fue el
mismo, lado del Evangelio, lado de la epístola, y no merece la pena repetir
argumentos, pero sí hacer referencia a la procesión que se había celebrado la
tarde anterior para convocar a los fieles a la lectura del edicto. El estricto
protocolo de la procesión se negoció entre el notario de la Inquisición y el
prior, que por entonces ya lo era don Francisco Hilario. Se llegó a un acuerdo
que no funcionó el día de la lectura, pero sí durante la procesión. Según el
acta levantada, el día anterior sábado 17 de mayo de 1698, “como a las tres de
la tarde poco más o menos”, salió la comitiva de la iglesia del convento de San
Juan. La abría el vicario visitador portando el estandarte con las insignias de
la Inquisición. Marchaba inmediatamente después el comisario de la Inquisición
al que seguían, de acuerdo al estricto orden previamente pactado, el prior del
convento de San Juan, el corregidor don Tomás de Puga, el venerable clero, los
frailes dominicos, familiares de la Inquisición, hidalgos y personas
principales de la villa. Así dispuestos recorrieron las calles y plazas
principales: Alcaraz, Adentro, Nueva, Plaza Vieja (Lonja), Plaza del Mercado
(la Plaza actual)… Iban acompañados de músicos y ministriles y mientras
caminaban un pregonero convocaba a los vecinos para que acudieran el día
siguiente a misa mayor para oír el edicto.
Hay que imaginar el auténtico terror con el que el
pueblo, o muchos de sus vecinos, vivirían tan tétrica procesión y la
consiguiente lectura del edicto de fe. Sabían que tras estos actos se iniciaba
un periodo de denuncias indiscriminadas, denuncias anónimas que se aceptaban
sin considerar los motivos personales que pudiera tener el denunciante para
hacerlas. A (casi) cualquiera le podía tocar esta macabra lotería sin saber
nunca quién fue su denunciante. Y siempre con el riesgo de que el comisario se
tomase en serio la denuncia y de acabar en Córdoba con el correspondiente
proceso, en los que todavía era de oficio el tormento, con un posible final en
la hoguera, en galeras o en el destierro. Lo menos en que finaba uno de esos sumarios
era en la confiscación de bienes y en la exposición y deshonra pública del
penitente.
[1] Este
corregidor, natural de Salamanca, escribió una obra titulada Compendio
Militar, que imprimió en Quesada hacia 1707 y de la que hay edición digital
facsímil en la Biblioteca Virtual de Andalucía. En la Revista de
Ferias de 1974 le dedicó Antonio Navarrete un artículo: Un libro impreso
en Quesada a principios del siglo XVIII.
[2] Tampoco
lo estaba pasando bien esta compañía que estaba descabezada y sin jefe porque
su capitán, don Cristóbal de Poyatos Lara, había quedado inútil por una
alferecía. El alférez que le hubiera sustituido, que era don Leonardo, hermano
del capitán, había muerto en la guerra. Mientras se nombró un nuevo capitán la
compañía estuvo sin mando. Memorial reproducido en el Libro de Acuerdos de
1706.
[3] Esta de la Lonja era entonces la puerta principal de la parroquia, aunque quedara en el lado de la Epístola mientras que la de San Ildefonso era la actual puerta principal.
[4] AHN INQUISICIÓN, 1849, Exp. 3
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| Antigua puerta principal de la parroquia, dando a la Lonja y que hoy debe seguir debajo del enlucido. Foto Carriazo. |
Vecinos de Quesada que pasaron por autos de fe
Como
resultado de la lectura de un edicto se recibían denuncias y se iniciaban
procesos inquisitoriales. Los reos condenados pasaban a un auto de fe, donde se
ejecutaban públicamente las sentencias. En el caso de Quesada y de todo el
reino de Jaén, los autos se celebraban en Córdoba. Las historias que siguen se
refieren a vecinos y vecinas de Quesada que pasaron por este trance. No son con
seguridad todos los que sufrieron semejante penitencia, sino solo aquellos de
los que he encontrado noticia.[1]
El 13 de junio de 1723, en el convento dominico de San
Pablo de Córdoba, se celebró un auto público de fe. En él resultó condenado a
muerte Gaspar Enríquez, de 44 años, natural de Cuenca pero vecino de
Quesada. Se le acusó de “judaizante negativo, convicto y pertinaz”. Junto al
resto de condenados fue conducido en procesión a la plaza de la Corredera
“portando insignias de relajado”, es decir, vestido con un sambenito (especie
de saco) amarillo y una coroza (capirote como los de Semana Santa). Una vez
puesto sobre el tablado para ser quemado, el terror pudo con él y dio muestras
de arrepentimiento: “pidió misericordia” y la obtuvo. La ejecución fue
suspendida y Gaspar devuelto, de por vida, a la cárcel.
Casi un año después, el 23 de abril de 1724, y en el
mismo convento, se celebró otro auto de fe en el que hubo una relajada y dos
reconciliados procedentes de Quesada. Los relajados eran los condenados a
muerte que para su ejecución se transferían o “relajaban” a la justicia real.
Los reconciliados eran aquellos reos que confesaban y abjuraban de sus delitos
y se reintegraba a la Iglesia, se “reconciliaban” con ella, pero sufriendo a
cambio penas de prisión, confiscación de bienes, azotes… La mujer relajada se
llamaba Isabel de Tapia, natural de Medina del Campo y vecina de la
villa de Quesada. Tenía 71 años y era viuda de Francisco Méndez de Castro (del
que no he encontrado referencia alguna). Esta mujer había sido reconciliada por
la Inquisición de Murcia el año 1682. Ahora había sido llevada al Santo Oficio
por “los mismos delitos de judaísmo”. Como relapsa, o reincidente, fue
condenada a la hoguera. Murió “confitente” (confesando su culpa) y “con muchas
señales de arrepentimiento”, pero no fue suspendida la ejecución por esa
condición de relapsa. Sus bienes fueron confiscados. Ese mismo día confesó sus
delitos como judaizante y fue reconciliado el joven médico de 31 años Gabriel
de Anavia. Era natural de Murcia, pero vivía en Quesada, donde ejercía su
profesión. Fue condenado a cárcel “irremisible” (perpetua), confiscación de
bienes y doscientos azotes. Los azotes eran públicos y en el caso de hombres se
les aplicaban desnudos de cintura para arriba, para que se viera la sangre.
Aquel mismo día María de la Trinidad Villar, natural de la ciudad de
Úbeda y vecina de Quesada, de edad de 27 años, fue reconciliada tras abjurar de
su delito de bigamia (“por casada dos veces”). Fue condenada a 200 azotes y
destierro, no pudiendo acercarse a menos de 8 leguas a Quesada, Úbeda y Madrid.
Siempre se incluía Madrid en estas prohibiciones aunque el reo no tuviera
relación con el lugar, para que los condenados “no molestasen” en la Corte. Hay
poca información sobre estos vecinos. Podríamos pensar, por edad, y
circunstancias, que Trinidad vivía con Gabriel el médico y que fue la
investigación sobre él la que tiró de ella. Quién sabe.
A las pocas semanas, el domingo 2 de julio de 1724,
fueron reconciliadas las hermanas Josefa e Isabel Enríquez de Terrazas.
La primera, viuda de Manuel Fernández, de 52 años y natural de Cuenca; la
segunda, natural de “Cartagena de Levante”. Ambas fueron condenadas por
judaizantes a cárcel irremisible, confiscación de bienes y doscientos azotes.
Parece evidente que eran hermanas de Gaspar Enríquez (coincide su origen
conquense en Josefa y en él). La familia Enríquez, apellido muy infrecuente en
Quesada, no desapareció de la villa con estas condenas, de hecho fue otro
Enríquez quien vendió al Ayuntamiento la casa en la Plaza donde sigue a fecha
de hoy.
El 12 de mayo de 1726, abjuró del delito de judaísmo Juana
Bárbara de Castro, natural de Albacete y “vecina de la villa de Quesada,
soltera, sin oficio, de edad de 38 años”. Fue condenada a confiscación de
bienes y cárcel irremisible. Cinco años más tarde, el 4 de mayo de 1731, sufrió
auto de fe Luis Antonio de Castro, también natural de Albacete y vecino
de Quesada, casado, de 53 años. Estaba establecido en Quesada, donde tenía
abierta botica. Fue condenado, además de a los consabidos doscientos azotes, a
confiscación de la mitad de sus bienes, destierro y dos años de confinamiento
en una casa de penitencia, vistiendo hábito de penitente y “encargado a persona
docta que le desengañe, instruya y fortifique en nuestra Santa Fe”. Luis
Antonio aparece en una relación de delitos de fe pendientes en la Inquisición
de Llerena en 1735, seguramente porque vivía su destierro en Extremadura.[2] Luis
de Castro no era un don nadie en Quesada. En el preámbulo de elogios en verso
del “Compendio Militar” impreso por el corregidor Don Tomás de Puga, escriben
las personas más principales del pueblo por entonces. Uno de ellos es don Luis
de Castro, “vecino de la villa de Quesada”, que aporta un soneto dedicado al
corregidor. Castro es un apellido inexistente en Quesada. Por eso cabe
relacionar a estos dos hermanos, Juana Bárbara y Luis Antonio, con Francisco
Méndez de Castro, de quien era viuda Isabel de Tapia, la quemada por relapsa.
Si esto fuera así, serían al menos dos familias las que destrozó la Inquisición
en pocos años, los Enríquez y los Castro. Todos eran residentes en Quesada,
pero nacidos fuera. Esto parece indicar que estaban en el pueblo escondidos o
mejor, alejados, del tribunal de la Inquisición con el que hubieran tenido
problemas anteriormente. En el caso de Isabel de Tapia, viuda de Castro, se
sabe que fue el de Murcia. En el caso de los Enríquez, los hermanos mayores era
nacidos en Cuenca, pero la hermana menor era natural de Cartagena, lo que
parece sugerir que la familia pasó por aquellas tierras antes de recalar en
Quesada. No había demasiada coordinación entre los distintos tribunales
territoriales; por eso pasar la “frontera” entre la Inquisición de Murcia y la
de Córdoba procuraba cierta seguridad.
Todas estas personas iniciaron su calvario con la
publicación de un edicto de fe en la parroquia mayor de Quesada, precedida de
una procesión como la que antes vimos. Como desgraciadamente ocurre tantas
veces, el forastero, el de fuera, es por naturaleza sospechoso y en ellos se
cebaron las denuncias anónimas. Estos fueron los casos quesadeños más graves de
los que he encontrado datos. Una vez eliminado cualquier hereje, judaizante o
morisco que pudiera quedar, la Inquisición dedicó sus oraciones a otros delitos
de menor cuantía, generalmente relacionados con la moral y las costumbres. Las
penas fueron más livianas y el Santo Oficio menos temido. Y por eso mismo fue
perdiendo poder. Todo esto en términos relativos, como tendencia, porque el
último ajusticiado por lo que restaba de Inquisición lo fue en 1826, cien años
después.
[1] Proceden
los datos de los pasquines impresos en la época con resúmenes de los autos de
fe y que he consultado en la Biblioteca Sefarad. También en la obra publicada
en 1836 por Gaspar Matute Luquín Colección
de los autos generales i particulares de Fe, celebrados por el Tribunal de la
inquisición de Córdoba. BNE, Biblioteca
Digital Hispánica.
[2] AHN INQUISICION, 1987, Exp 43.
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| Portada del resumen del auto de fe de 1923 en Córdoba. Biblioteca Sefarad |
1734 fue un año terrible en Quesada. Se venía de una
gran sequía y aquella primavera tampoco llovió, la cosecha de cereal fue muy
mala. En otoño siguió sin llover y los vecinos vieron en peligro la sementera.
El precio del trigo se disparó y el pan de dos libras, amasado con trigo del
Pósito y vendido en los hornos municipales, alcanzó el increíble precio de 22
maravedíes, más de medio real. Algunos datos ayudan a comprender las terribles
dificultades que se pasaban. A petición de un grupo de labradores y vecinos, el
7 de enero se trajo de su santuario a la Virgen de Tíscar para implorarle la
lluvia tan necesaria. En noviembre todavía seguía en el pueblo y el clero pidió
que fuera devuelta a su santuario, pero el Ayuntamiento respondió que no se
movería de la parroquia hasta que no mejorase la situación. Por otra parte
el día 1 de mayo, ante la pérdida casi completa de la cosecha, el Ayuntamiento había
ordenado que en todas las huertas se sembrase maíz a fin de que, tras el
verano, se pudiese atender el abasto público de grano. Pero es que para colmo,
Su Majestad Felipe V estaba por entonces empeñado en una campaña militar en
Italia mediante la que recuperó Nápoles y Sicilia (que cedió a su hijo, el
futuro Carlos III). En la consiguiente movilización, a Quesada le tocaron 19
soldados para el regimiento provincial de milicias. Su armamento y vestuario,
por cuenta del municipio, se valoró en 2.520 reales. Al escandaloso precio
citado de 22 maravedíes la hogaza, se hubieran podido comprar con este dinero
casi 3.900 panes, que repartidos a la población resultarían a más de uno por
habitante. Para aprontar los 2.520 reales el Ayuntamiento tuvo que recurrir a
un censo (préstamo). El futuro Carlos III reinó en Nápoles y Sicilia casi 25
años con el nombre de Carlos VII, pero no se acordó de mandar algo a Quesada en
agradecimiento por los sacrificios sufridos en su beneficio.
Estando así las cosas, a principios de año el Santo
Oficio de Córdoba publicó un edicto de fe en la iglesia parroquial. Una de las
que lo escuchó y se sintió obligada a denunciar fue Rosa Martínez, vecina de 26
años, soltera, que solía acudir para sus devociones a la iglesia del convento
de San Juan Evangelista. Allí había elegido como confesor, hacía como cinco
años, a fray Martín Troyano, uno de los frailes del convento, de 40 años. Rosa,
para descargo de su conciencia y tras escuchar el edicto, acudió al comisario
de la Inquisición, el presbítero don Antonio de Zafra. Le contó que como un año
después de empezar a confesar con fray Martín, el confesor empezó a tener una
conducta inapropiada. Según Rosa, varias veces le dijo que si necesitaba algo
se lo dijese pues lo haría “como si fueras mi hermana”. En otra ocasión le manifestó:
“yo no quiero que pases necesidad y así pide lo que se te ofrezca”, añadiendo
que si le faltaban zapatos o medias se lo hiciera saber. Durante la delación el
comisario Zafra le preguntó una y otra vez si estas cosas se las dijo antes,
durante o después de la confesión, estando de rodillas en el confesionario o
“sobre sus pies” una vez confesada. Y es que ahí estaba la clave del asunto,
pues si el comportamiento del fraile hubiese sucedido durante el sacramento
habría incurrido en delito eclesiástico de solicitación, calificado de muy
grave. La solicitación consiste en aprovechar la intimidad del confesionario
para hacer proposiciones deshonestas. Rosa no conseguía acordarse, o no quería,
de si estas insinuaciones ocurrieron durante la confesión, inmediatamente antes
o después. De lo sucedido fuera del confesionario sí que se acordaba
perfectamente. Así dijo que una vez que fue a la iglesia del convento, pero
solo para oír misa, no para confesar, se cruzó con fray Martín que, haciendo un
aparte con ella, le manifestó: “tú te casarás pero yo no quiero que otro te
gozare, que si yo no tuviera estos hábitos me casaba contigo”. Llegó a cogerla
de la mano y a confesarle que pensaba mucho en ella. En otro encuentro de ambos
en la iglesia, fray Martín “anduvo con su pie meneando el de la declarante” y,
cuando esta lo retiró abruptamente, fray Martín, temeroso de haberse pasado y
de que lo denunciase, le dijo que se estuviese quieta y “no fuera embustera”.
El comisario Zafra remitió las diligencias a Córdoba.
Allí el fiscal del Santo Tribunal ordenó que se volviese a requerir a la
delatante para que declarase si “las palabras amorosas y tocamiento de mano
pasaron en el confesionario”. Interrogada de nuevo el 25 de agosto, contestó
que no podía afirmar si fueron antes o después de la confesión. El fiscal
también pidió al comisario que informase “de la fe y crédito de la declarante”
(del fraile no se pidió informe similar). El comisario Zafra afirmó de Rosa que
era piadosa y de buena conducta. También por orden del fiscal se revisaron los
registros de causas anteriores en busca de antecedentes, pero no se encontró
nada, por lo que “quedó suspensa esta sumaria”. Suspensa por ahora, porque fray
Martín era un rijoso incorregible y no tardó en meterse en nuevos problemas. No
habían pasado tres años, el 19 de junio de 1747, ante el mismo comisario don
Antonio Zafra, compareció de propia voluntad, “para descargo de su conciencia”,
la monja dominica del convento de nuestra señora de los Remedios, sor Catalina
de San Francisco, de 31 años. Denunció la monja que desde hacía unos seis o
siete años fray Martín acudía a su convento a confesar a las religiosas, a ella
también. En cuatro o cinco ocasiones, aunque no siempre sucedía, el fraile le
había pasado por el tornillo de confesión “la caja de tabaco” y le apretó la
mano mientras le decía que la quería mucho y que si no fuera por ella no iría a
confesar. Sabía la monja (o quien estuviera animándola) lo que era la
solicitación y por eso, seguramente para no cargar las tintas, dejó claro que
estas cosas ocurrían inmediatamente antes o después de la confesión pero nunca durante
la misma.
Si en el caso anterior parece claro el acoso por parte
de fray Martín, ahora no sería tan evidente, porque sor Catalina en cierta
ocasión le hizo “un agasajo” (un regalo) al fraile que incluía un corazón de
alcorza (un dulce recubierto de crema azucarada, como un rosquillo). Cuando vio
aquello, el fraile le replicó “que él no quería aquel corazón sino el de la
declarante”. No es de extrañar que la cosa fuera subiendo de tono y que fray
Martín llegara a pedirle que “le mostrase sus pechos” (ella dijo que se negó).
La monja añadió que, aunque sabía que era malo, no lo había denunciado antes
porque no “se le ofrecía ser delatora”, pero que, habiendo cambiado de
confesor, este la convenció de que era su obligación hacerlo. Remitidos los
autos a Córdoba fueron estudiados por el fiscal del Santo Tribunal. Según su
informe, la denuncia de sor Catalina se hizo mediante una carta que escribió y
entregó al comisario Zafra el prior del convento de San Juan, fray Francisco
Gay, el jefe de fray Martín. A la vista de que fraile y monja habían reconocido
los hechos el fiscal pidió que el fraile fuera conducido preso al “convento de
su religión de Córdoba” (el convento de su orden, San Pablo). El Santo Tribunal
ordenó en octubre de 1748 que se recabase la ratificación de sor Catalina en su
declaración, que se mirasen antecedentes (apareció el caso de Rosa que antes
hemos visto) y que se preguntase de nuevo a la monja si estas cosas (el regalo
qué hizo al reo, la insinuación de este para descubrirse los pechos y la acción
de tocarle la mano) habían sucedido durante la confesión, antes o después. El
comisario Zafra contestó a Córdoba que no podía volver a interrogar a sor
Catalina porque había muerto unos meses después de su denuncia, el 30 de
octubre de 1747. No hay que interpretar con mentalidad cinematográfica tan
repentina defunción, porque la mortalidad por entonces era grande y la
enfermedad acechaba de continuo. El caso es que en Córdoba fray Martín
reconoció ante el Santo Tribunal que había tenido “varias chanzas con las
religiosas en el locutorio y puerta de la Iglesia, procurando siempre guardar
el debido respeto al sacramento de la penitencia”.
Pero al final va a ser inevitable que pensemos en el
guion de una película, porque añadió que estaba convencido de que sus problemas
venían de otra monja, la veterana sor Antonia Serrano.[1] El
fraile declaró al Santo Tribunal que con sor Antonia había tenido en el
locutorio del convento “chanzas y palabras deshonestas”. La relación entre
ambos la había roto el propio fray Martín, que “tuvo motivos para dejarla”,
y no dudaba que la auténtica denunciante era sor Antonia, “sentida” por
el abandono. La mano en la sombra de este enredo resultaba ser, también según
el fraile, el prior del convento, “su enemigo” fray Francisco Gay, circunstancia
que le habían advertido otros frailes antes de su salida para Córdoba. Cuando
el comisario Zafra interrogó a sor Antonia, esta “nada contestó”. En el
expediente no hay mención a la sentencia y nos quedamos sin saber cómo acabó la
cosa. Seguramente fray Martín pasó sus días apartado de Quesada, en el convento
de San Pablo de Córdoba.
[1] Será
casualidad, pero en 1752 firmó su declaración para el catastro de Ensenada como
representante legal, el procurador Juan Antonio de Lara Troyano, quizás
pariente del fraile, que vivía en la calle de San Juan, en una casa contigua a
la que poseía Dª Antonia Serrano y que fue su dote para el ingreso en el
convento.
El bienio 1743-1744 no fue tan malo en Quesada como el
de diez años antes. La fanega de trigo se vendía a 13 reales y el pan de dos
libras a 10 maravedíes, menos de la mitad que en 1734. Por entonces se estaba
reformando la casa que sería consistorial en la Plaza. A principios de 1743 don
Rodrigo de Urrutia, natural de Quesada, tuvo un comportamiento destacado en la
batalla de Cabo Sicié al mando del navío Poder. Su actuación frente a la
escuadra inglesa fue recompensada con el ascenso a capitán de la Compañía de
Guardiamarinas de Cádiz. En la primavera de 1744 se extendió por el pueblo el
rumor de que a “alguno que se llama Cornejo” se le atribuían proposiciones que
había dicho “contra la pureza de la Virgen”. Faltaban todavía casi cien años
para que Pio IX promulgase el dogma después de siglos de dura polémica
teológica, pero en estos reinos la virginidad de María era un asunto de Estado
y a mediados del siglo XVII la Inmaculada había sido declarada patrona de
España. Aunque teóricamente, por no ser todavía una verdad dogmática, se podía
opinar libremente, hacerlo suponía en la práctica atentar contra el sentir
oficial de la Corona y de la Iglesia españolas. El Cornejo al que se refería el
rumor era Vicente Gómez Cornejo, joven clérigo de órdenes menores de 22 años de
edad. La familia Cornejo era muy conocida en el pueblo. Su hermano Antonio
ejercía como escribano del número (notario) y Juan, su otro hermano, era
maestro de sastre. Vivían en la calle Alcaraz (actual de los Arcos), por
entonces calle muy principal. El 23 de mayo de aquel año Vicente Cornejo acudió
por su propia voluntad “a delatarse” ante el comisario de la Inquisición, que
lo seguía siendo don Antonio de Zafra. Que él mismo se denunciara hay que
interpretarlo como un intento, una vez extendido el rumor en la calle, de que
la noticia llegara al Santo Oficio de su boca y no por alguna denuncia
maliciosa.
Declaró Cornejo que haría como un mes, estando en casa
de don Diego Pulido y presente la mujer de este, Rodrigo García y Simón Barba,
se estuvo hablando sobre “la concepción en gracia de María Santísima”. Diego
Pulido era natural de Marmolejo, pero tenía propiedades en Quesada. Rodrigo
García era vecino de Pulido y Simón de la Barba tenía en la calle Nueva una
tienda de “especiería y quincalla”. Llama un poco la atención que en estas
reuniones, se supone que de amigos y vecinos, se hablase como si tal cosa de
estas cuestiones teológicas. El caso es que don Diego dijo “que habían tenido
poca razón los padres dominicos” en oponerse a la virginidad de María y que con
razón “estaban penitenciados” (los dominicos nunca fueron muy partidarios de
esta idea). Vicente le replicó que no era verdad que estuvieran penitenciados
“porque la Iglesia nada tenía declarado en este punto”, que sus razones estaban
muy fundamentadas y que él opinaba de la misma manera. Pulido le intentó
rebatir citando un libro de ejercicios que tenía, pero Vicente lo descalificó
diciendo: “ese será juanista o escotista y yo sigo a los que defendieron que
María Santísima fue concebida en pecado original”. La reunión empezó a resultar
incómoda por entrar en disquisiciones tan delicadas e incluso peligrosas. Los
presentes intentaron, “con mucha ternura”, que se acabara la conversación. Pero
Vicente la continuó y Simón Barba, “impaciente de oírla”, salió de la casa para
no verse comprometido con las opiniones de Cornejo.
No era este el único avispero teológico en el que se
había metido Vicente Cornejo. A oídos del comisario Zafra llegó otro asunto
igual o quizás más inquietante, porque se refería a la Trinidad. Fue durante
una conversación teológica (debían ser aquellas unas ligas apasionantes) con
Tomás Fernández Enríquez, de la que fue testigo Juan Gutiérrez, otro
propietario forastero, natural de Baeza (como se puede ver estamos hablando de
gente acomodada). Este Tomás Fernández Enríquez fue el que vendió al Concejo la
casa de la Plaza que acabó siendo ayuntamiento. Su apellido, infrecuente en
Quesada, inmediatamente trae al recuerdo a los hermanos Enríquez, de una
generación anterior y que, como se ha visto, sufrieron auto de fe. Si esto es
así, resulta más comprensible su temor y su opiniones ortodoxas y que fuera él,
conocedor de la investigación que se había abierto, quien acudiera al comisario
para denunciar el asunto. Tomás le contó al inquisidor Zafra que habían estado
discutiendo sobre la Trinidad, sobre la esencia y diferencias entre el Padre y
el Hijo. Vicente defendía posturas un tanto heterodoxas y no llegaron a un
acuerdo. Por eso decidieron escribir en un papel las opiniones de uno y otro
para que dirimiese la disputa fray Manuel de Montilla, dominico de 37 años del
convento de San Juan. El fraile, cuando leyó el papel, “vio en él algunos
términos impropios para la explicación del misterio de la Santísima Trinidad”,
más en la opinión de Vicente que en la de Tomás. Sin embargo no se pronunció,
con el pretexto de que Vicente no lo había firmado y lo debía hacer. Enterado
el comisario Zafra, le pidió a Cornejo que le trajese ese papel que llevaron al
fraile, así como un manuscrito sobre Beda el Venerable que Vicente decía tener
y en el que al parecer se inspiraba. Entregó el manuscrito de San Beda, pero el
papel “por más que lo había buscado no había podido encontrarlo”.
Las diligencias que levantó Zafra fueron remitidas al
Santo Tribunal de Córdoba, donde tres calificadores dijeron que contenía
“proposiciones falsas y escandalosas” y que el manuscrito, ”cuyo título es de
divinatione mortis et vita”, estaba prohibido por el Santo Oficio. Estas noticias
proceden del informe del fiscal de Córdoba, antes de que se dictara sentencia
que no consta cual fue. Pero hay un dato indirecto que permite sospechar que la
cosa no fue muy bien para Vicente. Entre las declaraciones de bienes que
hicieron los vecinos poco después, para el conocido como catastro de Ensenada,
con el número 246 y firmada el 8 de marzo de 1752, está la de doña Francisca
Antonia de Lara. El escribano recogió sus palabras a la letra: “Soy viuda de,
digo, soy mujer de D. Vicente Cornejo ausente en el presidio de Melilla”.
Cornejo solo estaba ordenado de menores y parece que se casó y no continuó (no
pudo, más bien) su carrera eclesiástica. Estaba ausente en Melilla, por
entonces un peñón fortificado en la costa de Berbería (lo que hoy se llama
Melilla la Vieja). Apenas había allí más que soldados y desterrados por alguna
condena. Militar no era Vicente porque, serlo era cosa de mucha honra, se
hubiera añadido presumiendo, algo del tipo: “sirviendo las armas de Su
Majestad”. No debía estar allí por nada bueno y por eso a su mujer se le escapó
decirse viuda, lo que rectificó inmediatamente quizás porque alguno de los
presentes le dijera que de viuda, nada.[1]
El arcipreste Esmenota excomulgado y expulsado a palos
de Quesada
El día primero de septiembre del año de 1757 don Juan
Francisco Esmenota y Vargas, clérigo de menores, notario del Santo Oficio y
dignidad de arcipreste de las parroquias de Cazorla, La Iruela y Quesada,
escapaba a caballo de esta última villa acosado por un grupo de clérigos y
vecinos que querían prenderlo. Consiguió llegar a salvo a Baeza, pero hasta que
pasó Toya no se sintió seguro. Esmenota ya era arcipreste en 1752 cuando
todavía vivía en la ciudad de su naturaleza. Ahora en 1757 ya tenía su
casa y habitación en Quesada y por entonces la prebenda arciprestal le rentaba
anualmente 500 ducados (unos 5.500 reales). El arciprestazgo no le daba
autoridad efectiva sobre las parroquias, que dependían del vicario del
arzobispo de Toledo, pero sí el disfrute de sus rentas y bienes. El arcipreste
era en realidad un cuerpo extraño, un intruso, en el mundo clerical de la
vicaría. No hay datos de la razón de su cambio de residencia a Quesada, pero
alguna relación debía tener con el pueblo porque era dueño de una pequeña
huerta de una fanega en el Real, que tenía arrendada a Diego Fernández, alias
el Jaque. La huida de Esmenota tenía su origen en lo que había ocurrido a
principios de aquel verano. Resulta que tenía que salir de viaje y su caballo
necesitaba que le arreglasen los herrajes. Su criado Antonio Cózar, natural de
Baeza, de 18 años, llevó al animal a su herrador de costumbre pero no lo
encontró. Ante la precisión del arreglo decidió acudir a otro, Pedro Candial,
herrador y albéitar que remanecía de Belerda y vivía en la calle Nueva. Candial
reconoció las patas del bicho y dictaminó que le faltaban clavos en las
herraduras y que ponerlos valdría unos 4 reales. Le preguntó al criado si
llevaba el dinero y este le contestó que no, que no sabiendo cuánto costaría no
lo había echado. El herrador le dijo que se llevara el caballo y que volviese
con los cuartos. A esto respondió el criado que su amo era persona “abonada” e
importante y que estaba de sobra tanta desconfianza. Pero Candial lo paró en
seco diciéndole que él “al rey (solo) lo conocía por la moneda”, cuánto menos a
su amo. Antonio regresó a por los cuatro reales, se herró el caballo y Esmenota
pudo hacer el viaje.
Don Juan quedó muy corrido con el desaire de Candial.
Un simple herrador que no le fiaba al arcipreste de la comarca y notario del
Santo Oficio. Esmenota fue a casa de Candial, tuvieron desazón (discutieron) y
acabó la cosa cuando el herrero le propinó al arcipreste un fuerte golpe en uno
de los brazos con un palo. Fueron testigos numerosos vecinos que transitaban
por la calle Nueva y sobre todo Juana de Atencia, mujer ya mayor y soltera, que
vivía con su sobrina en una casa inmediata a la del escándalo. El percance
causó sensación, pero muy asegurado debió sentirse Candial por gente poderosa
para atreverse a tal afrenta. Y por otro lado la Inquisición mucha de su
antigua autoridad, nacida del miedo, había perdido para que esto pudiera pasar
y que un herrador de pueblo se permitiese tal conducta. Esmenota no recurrió a
la justicia ordinaria. Como aforado del Santo Oficio, denunció directamente a
la Inquisición de Córdoba. El Santo Tribunal envió a D. Nicolás de Tauste,
comisario de la Inquisición en Baeza (ya no lo había en Quesada), a que hiciese
la información correspondiente. Tauste interrogó a los testigos, que solo
recordaban la discusión pero que no vieron, decían, el golpe que recibió el
arcipreste. Pero el golpe existió y así lo testimoniaron el médico don Joseph
Tortosa (joven de 29 años recién llegado a Quesada) y el barbero sangrador
Rodrigo Muñoz (que vivía en la calle San Juan y era también mayordomo
administrador de las monjas). Tortosa dijo que, visto el brazo izquierdo,
“reconoció por su oficio que había señales de compresión extrema”.
Simultáneamente a esta de la Inquisición se abrieron
otras dos investigaciones. Una por la justicia real que paró en la Chancillería
de Granada. Otra por la justicia eclesiástica ordinaria, instada por el vicario
de Cazorla don Antonio Macarulla. Cuando Tauste supo por Esmenota de estas
otras diligencias, inmediatamente intentó que le fuesen entregadas y que ambas
jurisdicciones se inhibiesen en favor del Santo Oficio, por afectar a persona
aforada. Macarulla se negó porque alegaba que no tenía noticia ni documento de
que Esmenota fuese ministro de Inquisición. Hubo cruce de exigencias y amenazas
entre ambas partes, pero fue el vicario quien tomó la grave iniciativa de excomulgar
al arcipreste. Al día siguiente de la huida que hemos visto, el sacristán y
fiscal de vara (alguacil eclesiástico) Agustín Ramírez acudió a casa de
Esmenota y le comunicó a la criada Lorenza Mauricia que su amo estaba
excomulgado y que se lo hiciese saber. En la misa mayor de los tres días
festivos siguientes el cura párroco, don Lucas Martín del Águila, “hizo saber
al pueblo en voz alta que el arcipreste estaba excomulgado”. Este don Lucas fue
un poderoso personaje de la segunda mitad del siglo XVIII quesadeño. Tenía
dependientes a los tenientes de cura de las tres parroquias de Quesada (la
mayor, Santa María y Tíscar), a los tenientes de cura de Pozo Alcón e
Hinojares, a los demás clérigos y a sacristanes, sochantre, ministriles y
ministros. Vivía con dos sobrinas y dos criados que trabajaban en las
propiedades del priorato (que le rentaban anualmente, excluidas cargas y
gastos, más de 7.000 reales). Era un tipo poderoso, acostumbrado a ser la
máxima autoridad religiosa del pueblo y la presencia del arcipreste Esmenota,
teóricamente su superior, no debía hacerle gracia ninguna. Don Lucas fue sin
duda el poderoso protector del herrador Candial. Detrás de don Lucas estaba el
vicario y toda la estructura eclesiástica ordinaria y, de grado o por temor a
enfrentarse con él, buena parte de los vecinos.
Con todo esto no es de extrañar que, tras agredir al
arcipreste, el herrador no se amilanara, y que sonrojase a Esmenota “con risas
y descortesías”. Y es que, según el comisario Tauste, eran estas de
Quesada “gentes indómitas” y que “desprecian la jurisdicción del Santo Oficio”,
pues sabiendo de su investigación sumaria “tienen por burla el decirse unos a
otros el prior y clérigos de Quesada, cómplices: ¿Cuándo vamos a Córdoba?
¿Cuántos sambenitos ha de haber?” Además de excomulgarlo, el vicario quiso
encarcelar a Esmenota, a lo que se aprestó don Lucas “con los demás que iban en
su compañía”. Lo persiguieron con escándalo haciéndole que escapase
precipitadamente a caballo mientras ellos daban "voces a cuantos
encontraban para que lo atajasen”. Esta era la huida que antes vimos. El Santo
Tribunal de Córdoba requirió, por medio de la Inquisición de Granada, a la
Chancillería que se inhibiese. Volvió a enviar comisarios al vicario, no ya
solo para que se inhibiese, sino para que levantase la excomunión al
arcipreste. Pero, como en los casos anteriores, el informe del fiscal solo
cuenta el proceso, pero nada dice sobre como acabó el asunto. Seguramente en
nada, porque ni la Inquisición, ni la Chancillería, ni el vicario de Su
Eminencia el arzobispo de Toledo podrían salir como perdedores.
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| El término de Quesada en 1752. Archivo Municipal |
Muy pocos años después, en 1761, el convento de
Dominicas de Nuestra Señora de los Remedios volvió a requerir la intervención
de la Inquisición.[1]
Lamentablemente en esta ocasión el informe del fiscal es muy poco detallado y
está incompleto. Se trataba de un asunto de hechicería y blasfemias en el que
todas las intervinientes, denunciantes y denunciadas, eran monjas del convento.
El 30 de octubre sor Ramona María de Majavacas y Quevedo, de 23 años, monja de
velo negro del convento, escribió una carta a la Inquisición de Córdoba
denunciando que había otras dos monjas que curaban el mal de ojo y que, como
esto le parecía una cosa mala, lo había contado a su confesor, que le mandó
denunciar. El Santo Oficio remitió la carta al cura de Quesada, el ya conocido
don Lucas Martín del Águila, comisionándolo para que abriese una instrucción e
interrogase a los testigos “con todo recado y secreto”. Habla mucho del declive
de la Inquisición que ya no hubiese en Quesada comisario ni familiar del Santo
Oficio que pudiese ejecutar la diligencia. Y no solo eso, que ya había ocurrido
otras veces, sino que se lo encargaran al cura propio, a la jurisdicción
eclesiástica ordinaria con la que tantas disputas de competencia habían tenido. Don
Lucas interrogó a la denunciante, quien, aunque había hablado de dos monjas, se
refirió especialmente a sor Juliana Serrano de San Andrés porque la otra, sor
María de Santa Ana, era monja de velo blanco (de menor rango y condición
social) y sería poco más que su cómplice. Dijo la delatora que sor Juliana le
había hecho curaciones a su hermana, doña Rosalía Majavacas y a doña Francisca
Rivas, otra vecina, que acudían para el efecto al convento. Las curaciones
consistían en hacerle sobre la cabeza puesta sobre el pecho de la monja, muchas
cruces “con el dedo gordo de ambas manos”. Al mismo tiempo, todo esto lo vio la
declarante, la monja “meneaba mucho los labios” no sabiendo si decía alguna
oración. Añadió que teniendo ella como unos 13 años oyó decir a su hermana que
de cuando en cuando acudía a alguna hechicera. Poco más recoge el informe
fiscal, que se interrumpe nada más indicar el nombre de la siguiente testigo:
“Doña Ana de Urrutia, natural de Vera, de 29 años y velo negro”.[2] También
se menciona en este informe una causa por “blasfemias hereticales” contra sor
Felipa de Lara y San Vicente, “natural de dicha villa, de 60 años, de velo
negro en el citado convento”, pero no se dice nada. Por estas fechas la orden
dominica renunció al convento, que pasó a la jurisdicción eclesiástica
ordinaria. Renunció seguramente por ser convento de poco pelo y encima con
monjas “problemáticas” y mal avenidas.
Pelea entre curas por bienes que confiscó la
Inquisición
Y para terminar una historia que se inicia cuarenta
años antes, cuando los autos de fe de los que se habló al principio. Como
vimos, en 1724 Josefa Enríquez fue reconciliada por la Inquisición de Córdoba y
condenada por judaizante a confiscación de bienes y cárcel irremisible. Al año
siguiente la Inquisición sacó a subasta uno de esos bienes, un cortijo en Lacra
valorado en 36.000 rr. (no era pobre esta Josefa). Se quedó con él don Juan
Cano de Padilla, presbítero, rico propietario y familiar del Santo Oficio (todo
quedó en casa), que pagó 21.706 reales con 16 maravedíes, una vez descontados
los censos que la finca tenía como carga. Pasaron los años y murió don Juan.
Heredó su hermano, don Francisco Cano de Padilla, clérigo de menores que vivía
en la calle de la Patona (la casa del escudo) en compañía de tres sobrinos
menores de edad y dos criadas. Era un gran propietario, uno de los más ricos
del pueblo, con unos ingresos anuales calculados en 30.000 reales. A su
servicio tenía 17 mozos que trabajaban las tierras y cuidaban el numeroso ganado
que poseía.
Era su vecino en Lacra don Pedro Jiménez Serrano,
también muy rico y miembro de una de las familias políticamente más principales
del pueblo. En el contexto de la disputa que tuvieron ambos están las
históricas luchas de bandos y facciones entre las familias dirigentes del
pueblo y que se iniciaron en el mismo momento de la emancipación de Úbeda en
1564. Fue una larga historia que no se puede resumir aquí, pero que produjo
durante 250 años unos enfrentamientos sorprendentemente enconados. Baste decir
que el año anterior a lo que vamos a contar, en 1766, hubo en Quesada un sonado
motín popular ocasionado por la carestía del pan y que obligó a intervenir al
Consejo de Castilla. Pero en realidad el motín había estado inducido y
protegido por uno de los alcaldes ordinarios, el muy rico y poderoso don
Atanasio de Alcalá, rival de los Serrano a los que quería perjudicar.
Las diferencias que hubo entre don Pedro Serrano y don
Francisco Cano tenían causa inmediata en el reparto del agua de riego para sus
respectivos cortijos de Lacra, pues Serrano se había apropiado de la de Cano.
Pero no era esta una simple disputa entre vecinos. Como el cortijo en cuestión
procedía de una subasta de la Inquisición, Cano decidió reclamar al Santo
Tribunal de Córdoba para que “se le restituyese del despojo, (y) se le pusiese
en posesión” de sus derechos. Pedía además que “se inhibiesen las justicias de
la villa de Quesada del conocimiento de semejante instancia”. Y es que Serrano
era uno de los dos alcaldes ordinarios, que tenían facultades judiciales y
actuaban como jueces, por lo cual, abierta causa en el juzgado local se falló,
lógicamente, a su favor. Los autos se remitieron a la Chancillería de Granada
para que los concluyese.[3] Al
igual que en ocasiones anteriores, al problema de fondo se superpuso la pugna
de competencias entre jurisdicciones. La inquisición de Córdoba nombró esta vez
comisario a don Juan Antonio Martínez Santos, veterano teniente de beneficiado
de la parroquia, el cual ordenó que Serrano devolviese las horas de riego y
pagase las costas. Serrano se negó a obedecer argumentando que la causa ya
estaba en manos de la Chancillería. La cosa se fue complicando y el inquisidor
de más edad escribió al presidente de la Chancillería para que se inhibiese, lo
que no hizo. También ordenó encarcelar a Serrano y embargarle bienes para pagar
las costas. Serrano respondió, mostrando a las claras que la Inquisición ya no
era lo que fue, “que no había facultades (en el comisario de la Inquisición)
para ponerle preso y por tanto que no obedecía el contenido de su providencia”.
Para no hacer más el ridículo se retiró la orden de prisión. Como en casos
anteriores, el expediente está incompleto y el desenlace no se conoce, aunque
seguramente se irían ambos a la tumba sin ponerse de acuerdo.
