lunes, 27 de noviembre de 2023

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN QUESADA. Iª parte (1808-1810)

 

Quesada a principios del siglo XIX. Plano de elaboración propia.


1.- Introducción.

En abril de 1814 el Ejército aliado (españoles, ingleses y portugueses), comandado por el general Wellington, habían expulsado a las tropas imperiales más allá de los Pirineos. Napoleón había abdicado y fue desterrado a la isla de Elba. En Quesada se celebró un tedeum, regocijos públicos y luminarias celebrando que Fernando VII se dirigía a Perpiñán para cruzar la frontera. Había acabado la guerra, pero no había llegado la paz, había llegado o regresado Fernando VII, que no dio tregua y que a los pocos años recurrió a una nueva invasión francesa para mantener su poder absoluto (Los Cien Mil Hijos de San Luis). Con el país jubiloso celebrando la victoria y el regreso del Rey, Fernando VII publicó en Valencia el decreto de 4 de mayo que abolía la Constitución de Cádiz y restauraba el Absolutismo. En Quesada los realistas asaltaron el ayuntamiento, destrozaron la placa que conmemoraba la Constitución y rompieron los repartimientos de contribuciones y otros documentos del archivo municipal. En el papel timbrado que se usaba para las actas, y mientras se recibían nuevos impresos, se tachó de los sellos la mención a Rey Constitucional. Finalizaba un terrible sexenio bélico que supuso el fin del Antiguo Régimen y los primeros pasos del sistema liberal.

Todo había empezado seis años antes con la revuelta popular del 2 de mayo en Madrid y su salvaje represión. Por aquellos días los dos reyes, el emérito y recién abdicado Carlos IV y su hijo Fernando VII, renunciaron a sus derechos dinásticos entregándoselos a Bonaparte. El emperador, en uso de ellos, proclamó rey a su hermano José I. No es lugar para extenderse contando el desarrollo de la Guerra de la Independencia. Por eso, y salvo alguna pincelada para entender el contexto general, me limitaré a lo sucedido en Quesada, en la comarca  y en las cercanías. Quesada estaba de nuevo en guerra, algo que no había sucedido desde que se tomó Granada en 1942, con la corta excepción de la rebelión de los moriscos (1568-1571). Se vieron violencias que muchas generaciones de quesadeños no habían conocido.

A principios del siglo XIX, a las puertas de la invasión francesa, Quesada era una villa de unos 4.500 habitantes (1.127 vecinos) según  el padrón que se formó en enero de 1805. En el pueblo propiamente dicho vivían algo menos de 3.000 personas. El resto lo hacía en las aldeas, lugares y cortijos de la jurisdicción, que por entonces todavía incluía los actuales términos municipales de Huesa y Larva. Era un pueblo bastante aislado, con un solo camino, el de Úbeda y Baeza, que permitía el paso de pequeñas carretas. Los otros solo eran aptos para arrieros con sus caballerías y caminantes. Tan malas comunicaciones ocasionaban que las noticias, incluso las oficiales, fueran escasas, lentas y a menudo tardías. Dos veces en semana el conductor de la correspondencia hacía el viaje a Úbeda para traer y llevar cartas. Tardaba en la ida un día o día y medio, otro tanto en la vuelta, y eso con buen tiempo, pues en las invernadas el barro y las crecidas de los ríos dificultaban mucho el camino. El paisaje era bastante diferente al actual. Los árboles, entre los que todavía había numerosas las moreras, solo se veían en las lindes de las huertas o en pequeñas parcelas donde se plantaban sin orden, sin formar hileras. No existía el actual mar de olivos, apenas algunos pequeños olivares sueltos. Las relativamente abundantes viñas estaban en las partes más altas y cercanas a la sierra, especialmente en la zona conocida como Puerto Rubio. El resto del campo, a excepción de los montes, era tierra calma dedicada a cereales y casi desprovista de árboles, con apenas alguno junto a los cortijos. La desnudez del paisaje tuvo importancia estratégica pues facilitaba mucho la vigilancia. Desde las alturas, especialmente desde Puerto Ausín y Magdalena, se podían detectar a gran distancia los grupos de soldados en movimiento, a pie o a caballo. 

La composición social de Quesada era la propia del Antiguo Régimen: una sociedad estamental encabezada por los nobles (había 15 hidalgos en 1805) y eclesiásticos (18 seculares y 7 regulares del convento de dominicos en la misma fecha). El resto, la inmensa mayoría de los vecinos, formaba el estado general, que se componía de pegujaleros (pequeños propietarios o arrendatarios, conocidos en Quesada como “peujareros”), jornaleros, artesanos y algunos profesionales (médicos, boticarios, procuradores). Los vecinos del estado general eran los únicos que se incluían en el repartimiento de contribuciones. Tanto nobles como clérigos estaban exentos de pagar, a pesar de que solían ser los más adinerados. Por debajo de todos quedaban los numerosos pobres de solemnidad. Eran muy numerosas las viudas mayores, a menudo con hijas o con hijos menores, que quedaban a expensas de la caridad de los vecinos.

Políticamente el pueblo se dividía en dos facciones o partidos que se enfrentaban y luchaban por el control del concejo. Unos eran partidarios del gobierno por corregidores y alcaldes mayores, funcionarios reales nombrados por la Corte que ejercían durante un tiempo antes de ser relevados. Los otros preferían el gobierno por alcaldes ordinarios, que eran vecinos del pueblo elegidos cada año por sorteo utilizando un procedimiento llamado insaculación. Los partidarios del gobierno por corregidor o alcalde mayor defendían que, al ser funcionarios forasteros, no tenían particulares intereses en la vida del pueblo y podían ejercer con imparcialidad, mientras que los alcaldes ordinarios estaban apegados a la defensa de sus intereses de familia o grupo. Los partidarios de alcaldes ordinarios alegaban por su parte que el “autogobierno” era un privilegio inmemorial de la villa al que tenían derecho. Hay que evitar lecturas actuales, pues la elección de alcaldes no tenía nada de democrática y en realidad suponía el control del concejo y de la administración de justicia por los poderosos de la villa. El siglo XIX empezó con gobierno de alcaldes mayores, siéndolo don Armengol Dalmau (que desde Quesada pasó a Barcelona como alcalde mayor) y don Mariano Rufino González. En abril de 1807 el Consejo de Castilla falló a favor de la insaculación de alcaldes  en el largo pleito que mantenían unos y otros. Cuando Napoleón desencadenó la guerra, nuestros paisanos gobernantes estaban en estas cuitas, conduciéndose con una ferocidad pocas veces conocida. Los primeros tiros que se escucharon en Quesada, en la Plaza, no fueron los del invasor, sino los del atentado que sufrió uno de los alcaldes ordinarios.

 

2.- 1808 y 1809. La guerra lejana.

Tras los sucesos de mayo de 1808 en Madrid el general Dupont avanzó hacia el sur y entró en los reinos de Córdoba y Jaén. Los franceses llegaron a tomar esta última ciudad causando grandes estragos. Pero duró poco esta primera incursión, porque en el mes de julio fueron derrotados en Bailén y se retiraron hasta la línea del río Ebro. En 1809 la guerra se limitó al norte del país. Puede decirse que, quitando la corta incursión de Dupont, durante el primer año y medio de guerra Andalucía se mantuvo en la retaguardia, sin sufrir directamente los desastres de la guerra. Eso permitió que se instalara en Sevilla la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, reunión de las múltiples juntas provinciales que se creó para oponerse a la ocupación.

En Quesada eran alcaldes para 1808 Cristóbal de Bustos por el estado noble y el escribano Juan de Jila Rivera por el general. El primero era el cabeza de una familia que remanecía de Granada y que poseía grandes propiedades en Bruñel y en Collejares, donde además Bustos era dueño del barco (pequeña barca sujeta a un cable) con el que se cruzaba el torrencial Guadiana Menor. Fue un personaje muy peculiar que protagonizó las dos primeras décadas del siglo y cuya vida daría para un artículo aparte. Baste decir que, además de estar implicado en el robo de las tercias decimales y de ser moroso de toda clase de deudas, su mujer, María Serrano, lo denunció por malos tratos en la Chancillería de Granada. Padecía sífilis (en Quesada se llamaba aciconque), lo que al decir de la gente explicaba, en parte, su mala cabeza. Su compañero en la alcaldía, Juan de Jila, era otro importante personaje, escribano del número (notario) y secretario municipal. Como gran conocedor de la política municipal y de los procedimientos legales del momento, estuvo en medio de todas las conspiraciones e intrigas de su tiempo.

Bustos y Jila se profesaban una enemistad irreconciliable. Una noche del verano de 1808 Bustos, que iba acompañado por un alguacil, sufrió un atentado cuando terminaba la ronda de vigilancia que como alcalde le correspondía hacer. Al llegar a la Plaza, donde vivía, unos embozados le dispararon dos tiros. Fallaron los disparos por la oscuridad de la noche (no existía la iluminación pública), pero consiguieron herirle en la pierna con una espada. Era voz pública, y así se hizo constar en otro pleito posterior, que los atacantes se habían reunido en casa de Jila, al que se acusaba de ser inductor y alentador del atentado.[1]

Aunque no había franceses en Andalucía se temía que no tardarían en llegar y las juntas provinciales, a las órdenes de la Suprema, previnieron las defensas reparando las fortificaciones, como el castillo de Santa Catalina, se movilizaron soldados a razón de cuatro hombres por cada cien almas, se crearon en cada pueblo Milicias Honradas (voluntarios armados) y se organizaron los suministros para el ejército que se estaba concentrando en La Carolina.[2] En Jaén se había constituido tempranamente, 30 de mayo, una Junta patriótica para poner a la provincia en estado de guerra. Una de sus primeras disposiciones fue mandar que en cada pueblo se creasen juntas locales que cumplieran las instrucciones llegadas desde la capital. En Cazorla se constituyó en el mes de junio,[3] pero en Quesada no hay constancia de si también se formó y cuándo, pues el libro de actas de 1808 está perdido. Por noticias indirectas parece que sí se hizo y que tomó iniciativas patrióticas que, por lo enrevesado de la política local, causaron más problemas y divisiones que ventajas. En respuesta a los continuos apremios de la Junta provincial solicitando contribuciones al esfuerzo de guerra, se presentó en Jaén el síndico personero del común de la villa de Quesada, don Manuel Alcalá y Maldonado. Se podría decir que este cargo era una especie de defensor de los vecinos. El personero, “llevado de su celo y patriotismo”, dijo a la Junta que había en Quesada unos fondos producidos por el arrendamiento de pastos y otros aprovechamientos de la Dehesa de Guadiana que se podían usar “en defensa de la Patria”.[4]

Manuel Alcalá Maldonado, un rico hidalgo de antigua familia, simpatizaba con Cristóbal de Bustos, seguramente por pertenecer ambos al estado noble y no ver con buenos ojos el ascenso social del escribano Jila. No queda claro si el personero Alcalá hizo esta oferta en nombre propio como defensor de los vecinos, en nombre del Ayuntamiento o en el de la Junta local de Quesada, si es que llegó a formarse. Lo que sí se sabe es que en paralelo a la del personero llegaron a Jaén otras informaciones. Advertían de la dificultad de controlar los fondos de la Dehesa si estaban en manos del alcalde primero, Cristóbal de Bustos, al que se acusaba de un largo historial de deudas, líos económicos y enredos. Estas informaciones negativas procedían al parecer del otro alcalde, Juan de Jila, apoyado por otros enemigos de Bustos como don Francisco Tribaldos, estanquero y depositario del Pósito. Así lo declaró el presbítero don Manuel de la Plaza, antiguo amigo y socio de Bustos en varios asuntos, cuando fue interrogado en los autos que se formaron en la Chancillería. Dijo el cura Plaza que Jila y sus partidarios fueron los que influyeron a la Junta sobre “el mal cumplimiento que corrían a su cuidado (de Bustos) los papeles y caudales de la Dehesa de Guadiana”. Con estas denuncias se consiguió que Bustos fuera llamado a Jaén para defenderse, y allí estuvo retenido hasta final de año, mientras Jila quedaba como única autoridad en el pueblo.[5]

La Junta de Jaén, suponiendo “dificultades y embarazos” en la tarea como le habían advertido, tomó una decisión que apuntaba de lleno al viejo debate que envenenaba la política quesadeña. Con fecha 23 de diciembre de 1808 decidió mandar a un comisionado, Manuel Martínez Pérez, para que pasase a Quesada a la averiguación y recaudación de los bienes de la Dehesa. Pero a la vez le confirió poder para asumir todas las jurisdicciones de la villa como juez único. Esto es, lo nombró alcalde mayor. Como consecuencia no se sortearon alcaldes ordinarios para 1809. A primeros de enero se presentó en el pueblo Martínez Pérez. El regidor perpetuo y alférez mayor de la villa, don Antonio Martínez del Águila, le entregó sin mayor obstáculo el mando reactivando los antiguos enfrentamientos. Martínez Pérez ejerció como alcalde mayor cometiendo “repetidos abusos de autoridad”, según el personero Alcalá. Los ánimos se fueron caldeando y hasta 28 vecinos firmaron un memorial de protesta a la Junta. Como no obtuvieron respuesta favorable de Jaén, decidieron recurrir en 20 octubre de 1809 a la Chancillería de Granada.

La Real Chancillería de Granada era una importantísima institución del Antiguo Régimen, con poderes judiciales y ejecutivos sobre toda Andalucía y provincias limítrofes (sólo existía otra en Valladolid). Sus sentencias y dictámenes se tomaban como palabra del Rey absoluto, hasta tal punto de que en los documentos que se le dirigían se le daba tratamiento de Su Majestad. Fue la Chancillería la que en 1807 ordenó el cese del alcalde mayor y la insaculación de alcaldes ordinarios. El nombramiento hecho por la Junta de Jaén contravenía sus disposiciones y fue visto por los oidores de Granada como una injerencia inadmisible y una atribución ilegítima de facultades. Por ello acordó nombrar un comisionado que pasase a Quesada, retirase la jurisdicción a Martínez Pérez y procediese al nombramiento de alcaldes ordinarios según la insaculación de 1807. Pero además elevó una queja a la Junta Central y Gubernativa del Reino, máxima autoridad en aquel momento, establecida en Sevilla y que actuaba con poderes de regencia. Protestaba la Chancillería por “los repetidos choques que cada día experimentan en el tribunal con la Junta Superior de Jaén”. Según la Sala 4ª de Granada, la Junta se excedía en sus facultades, que se limitaban al armamento y defensa  de la provincia, y tomaba decisiones sobre el gobierno de los pueblos que solo competían a S.M. y a la propia Chancillería. El enfrentamiento entre Chancillería y Junta de Jaén era una muestra de cómo en aquel momento, y con independencia de los franceses, un mundo viejo estaba desapareciendo y se alumbraba otro nuevo y moderno. La Chancillería representaba al Antiguo Régimen, la monarquía tradicional y absoluta. La Junta Superior de Jaén, nacida de “la gloriosa revolución del Reyno”, venía de los sectores que resistían a Napoleón y que refugiados en Cádiz alumbraron la Constitución de 1812.

No está de más recordar que el país estaba en guerra mientras en Quesada andaban con estas preocupaciones. Napoleón en persona había ocupado Madrid, Palafox resistía en Zaragoza y un cuerpo expedicionario inglés internacionalizaba la guerra enfrentándose a los franceses en Galicia y Portugal. El 19 de noviembre de 1809 los franceses derrotaron a los ejércitos del Centro y La Mancha en Ocaña. El mariscal Soult tenía expedito el camino de Andalucía.



[1] ARCHGR_C10816_001.

[2] Manifiesto de la Junta de Jaén de 24 de diciembre de 1808.

[3]Bueno Cuadros. Cazorla de villa a ciudad. Ayuntamiento de Cazorla 2012. Pág. 61

[4] La información sobre esta historia está recogida en el largo expediente judicial que se originó, pues la cosa acabó en un serio conflicto local y en pleito de competencias entre la Junta de Jaén y la Chancillería de Granada. Consulta solicitada por la Junta Central al Consejo Supremo sobre el recurso elevado ante la Chancillería de Granada por el síndico personero de Quesada. AHN CONSEJOS,11992,Exp.5.

[5] ARCHGR_C10816_001

 

Carta de la Chancillería de Granada a la Junta Suprema en
Sevilla, remitiendo el pleito de Quesada.

3.- La invasión de Andalucía.

El 2 de enero de 1810 el Ayuntamiento, presidido aun por D. Manuel Martínez Pérez en funciones de alcalde mayor, seguía en sus cosas administrativas rutinarias procediendo a los nombramientos de cargos y empleos municipales para aquel año. Se nombraron los pedáneos de Belerda y Don Pedro, Huesa, Ceal, Larva y Tarahal. También los veedores (peritos conocedores) del campo, alcaide de la cárcel, repartidores de contribuciones y examinadores de los distintos oficios. A pesar de que hacía año y medio que Napoleón había puesto en el trono a José I, se seguía usando en las actas el papel timbrado a nombre de Fernando VII porque a Quesada no habían llegado los franceses. La villa vivía en la tranquilidad de la retaguardia, ajena a que el mundo tal como era se estaba viniendo abajo.

La tarde noche del día 10 de enero se presentó en Quesada el señor don Juan de la Torre, corregidor de la ciudad de Baeza y comisionado por la  Chancillería de Granada para reasumir la jurisdicción y cesar al alcalde mayor nombrado por la Junta de Jaén. Cumplida su comisión, al día siguiente presidió el pleno del Ayuntamiento en el que se dio cuenta de importantes órdenes de la Junta Suprema Gubernativa del Reino, transmitidas desde Jaén. Una de ellas mandaba que todos los vecinos entregasen, en concepto de préstamo para el Ejército, la mitad de la plata que poseyesen, tanto monedas como objetos y alhajas. Se acordó pregonarlo y poner edictos en los sitios de costumbre. Es de imaginar la reacción de los vecinos (de los que tuviesen plata). Sin duda sucesos como este y otros semejantes son en parte el origen de la obsesión que hubo, hasta no hace demasiado tiempo, por encontrar tesoros escondidos en las casas antiguas. También se dio lectura a un oficio de Jaén que daba cuenta de una importante novedad, pero que tras el susto de la plata pasó muy desapercibida: se informaba que el día 1 de enero la Junta Suprema Gubernativa había convocado Cortes Generales.

Cinco días después se celebró un nuevo cabildo en el que las órdenes superiores que se leyeron reflejaban que la guerra se aproximaba y que estaba ya muy cerca. Una mandaba recoger los fusiles de cualquier clase o condición en manos de los vecinos, para que “no queden ocultas en poder de los paisanos las armas de que hay tanta falta”. Otra prohibía sacar “género ni efectos de ninguna clase, con inclusión del azúcar, cacao y quina”, con destino a pueblos ocupados por el enemigo. Al finalizar el cabildo don Juan de la Torre mandó que se sacasen del arca de tres llaves, donde se custodiaban, los sacos de la insaculación de 1807 para sortear las varas de alcaldes ordinarios como estaba mandado por la Chancillería. A continuación, y según estaba reglamentado, un niño de corta edad extrajo de cada uno de ellos una de las bolas de madera con un nombre dentro. Cupo la suerte de alcaldes ordinarios para 1810 a don Domingo Lazcano por el estado noble y a don Ramón Lázaro Avellán por el general. Era don Domingo miembro de una conocida familia de hidalgos repartida entre Cazorla y Quesada. De avanzada edad, murió en diciembre de 1814; no fue seguramente el hombre de acción que necesitaban los tiempos, pero sí tenía experiencia y prudencia para, al menos, salir él indemne de los acontecimientos. Por su parte, Ramón Lázaro Avellán era otro destacado personaje local. Su biografía política es demasiado apretada para ponerla aquí, pero fue de todo: alcalde, personero del común, regidor, diputado y, sobre todo, responsable de los muchos pleitos que el Concejo tenía en los tribunales de Madrid y Granada. Se puede decir que participó en todas las intrigas políticas de su tiempo y que era de la cuerda de Juan de Jila.

Los nuevos alcaldes se estrenaron el 19 de enero con una orden del corregidor de Úbeda, cabeza del partido, que contenía las instrucciones para proceder a la elección de diputados a Cortes. Se debían citar a todos los vecinos para celebrar juntas parroquiales el día 21. En ellas elegirían a un vocal por cada parroquia que tendría que acudir a Úbeda el día 28. Allí se elegirían a los dos electores que representarían al partido en la elección de diputados provinciales. El Ayuntamiento consideró que era imposible convocar las juntas parroquiales para el día 21, pues había aldeas de la jurisdicción a más de cinco leguas. En consecuencia, decidió convocarlas para el siguiente festivo, el 23 día de San Ildefonso. Eran tres las parroquias donde había pila bautismal, condición necesaria para poder constituir circunscripción: Quesada, Tíscar y Huesa. No vuelven las actas municipales a referirse a este proceso electoral. Es probable que el día 23 se hicieran las juntas parroquiales, pero ya no pudo haber ninguna reunión el día 28 en Úbeda.

El día 20 de enero los franceses rompieron las defensas españolas de Sierra Morena y cruzaron con facilidad por pasos que se creían inexpugnables, como el de Despeñaperros. En pocas semanas habían ocupado toda Andalucía, a excepción de Cádiz, donde se refugió la Regencia. El general Horace Sebastiani, al mando de una de las columnas invasoras, irrumpió por el flanco derecho de Despeñaperros y tomó Úbeda el día 22, el 23 Jaén, una semana más tarde Granada y la siguiente Málaga. Fue un paseo militar y las unidades españolas quedaron completamente desarticuladas; cientos de soldados y oficiales se dispersaron y emprendieron una caótica huida. Los fugitivos buscaron refugio en el gran macizo montañoso que componen las sierras de Jaén, Granada y Albacete. La situación se volvió completamente caótica y desconcertante, los campos y las sierras se llenaron de soldados en fuga. Muchos oficiales se dirigieron a Murcia y Alicante, zona libre de franceses, para reincorporarse al Ejército del Centro que intentaba reorganizarse allí. Quesada quedaba en su camino.

Según el vecino de Cazorla José Sanjuán, contemporáneo de los hechos y que más tarde escribió sus recuerdos, el día 23 un destacamento francés cruzó el Guadalquivir camino de Cazorla, pero solo reconocieron el terreno y se dieron la vuelta rápidamente sin ocasionar daños. A Quesada las primeras noticias del desastre y de la irrupción francesa llegaron por la caótica marea de soldados a la fuga. Desde la ocupación de Jaén dejaron de existir las autoridades provinciales; no hubo por tanto instrucciones ni comunicación oficial alguna. El pueblo, como tantos otros, quedó solo y desconectado de todo gobierno, a su propia iniciativa, apañándoselas como podía en aquel tremendo desbarajuste. El 26 de enero el Ayuntamiento de Quesada celebró un pleno en el que los nuevos alcaldes manifestaron su inquietud. Dijeron que era preciso conocer y hacer inventario de los fondos disponibles por el Ayuntamiento para atender “los casos que puedan ocurrir en las actuales circunstancias”. La situación se había vuelto muy preocupante pues gente desconocida y armada transitaba a diario por la villa y su término. El pueblo estaba indefenso porque la guarnición militar que hubo, la remonta del Regimiento de caballería del Rey, con una dotación de 18 soldados al mando de un capitán, había abandonado el pueblo al principio de la guerra. No había más fuerza armada que las milicias honradas, compuesta por paisanos voluntarios. Las gentes de guerra que cruzaban por el pueblo y su término pedían, exigían, socorros y suministros (pan, carne, cebada y pienso para las caballerías…) con los que poder continuar su huida.

El 27 de enero volvió a reunirse el Ayuntamiento dando ya muestras claras de temor. Los alcaldes dijeron que era público cómo “con motivo del ataque que hubo con los franceses en los puntos de Sierra Morena se dispersó todo el Ejército que guarnecía estos y que su retirada la mayor parte de las tropas la tienen por esta villa para ir a buscar los puntos de reunión”. Hasta el momento se había conseguido atender sus exigencias, contando a veces con algunos particulares que habían querido contribuir “por evitar las contingencias a que estaba expuesta la población con las nominadas tropas de que cometan excesos de mayor graduación”. Se habían sacado 100 fanegas de trigo del Pósito para atender los suministros, pero la situación se estaba desbordando y ya no quedaban fondos con los que atender nuevas peticiones. Por eso se acordó convocar a las “personas más desempeñadas que hay en esta población” para que ofrecieran voluntariamente, en concepto de préstamo, “así maravedíes como granos, vino y aceite” para atender a las tropas transeúntes. Como vemos, a los que en aquel primer momento se temía no era a los franceses, que tardarían en presentarse, sino a los soldados españoles fugitivos, que no se comportaban siempre de la manera esperable. El 3 de febrero el general Desolle, gobernador general de los reinos de Córdoba y Jaén, publicó un edicto por el que ordenaba que todos los vecinos declarasen las armas que tenían y las entregasen. Este desarme no afectó a Quesada, pues todavía no estaba controlada por los franceses. Un mes después Desolle dictó otra orden aparentemente contradictoria: que se formasen en villas y ciudades, por los “vecinos honrados y propietarios”, guardias cívicas capaces de “asustar a todos los que quisieren turbar el orden”. Como es normal en toda ocupación militar, los “facinerosos y malhechores” que amenazaban la paz pública eran los rebeldes que se oponían al invasor, la guerrilla.

No andaba descaminado Desolle en su preocupación por los rebeldes. Desde el primer momento parte de los soldados en fuga, junto a vecinos de los pueblos, fueron agrupándose y formando partidas sueltas que hostigaban a los franceses. El día 10 de febrero el general Blake, del Ejército del Centro, encomendó al comandante Hermenegildo Bielsa que reuniera al mayor número de dispersos y que con ellos organizara guerrillas en el reino de Jaén.[1] Bielsa desplegó una intensa actividad moviéndose por las zonas libres del control francés, las zonas de sierra. Recorría los pueblos reclutando fugitivos y pidiendo hombres, suministros y pertrechos. Las partidas guerrilleras empezaron a actuar rápidamente. Al principio con poco éxito, como cuando el 11 de marzo fueron dispersadas por los franceses cerca de Torreperogil.[2]

A estos primeros grupos se sumaron pronto paisanos especialmente decididos, algunos de los cuales formaron partida propia con la que acosar a los franceses. Entre ellos estaba Pedro Alcalde, natural de Los Villares y que ya se había distinguido en 1808 en Bailén. También Juan Uribe, de Villacarrillo y el quesadeño Jerónimo Moreno. Don Jerónimo Moreno pertenecía a una familia notable, propietarios importantes que vivían en la Plaza, actual número 21. En 1809 Jerónimo se había integrado como subteniente en la milicia honrada de Quesada. Aquella primavera levantó una partida que se hizo célebre y con la que combatió a los franceses, a menudo haciendo equipo con Alcalde, por toda la provincia y por las próximas de Granada, Málaga y Córdoba.[3] Sus guerrilleros, que según Díaz Torrejón eran unos cien, debían ser quesadeños al menos parte. De uno de ellos sí hay constancia: su sobrino Luis Moreno. Luis se hizo años después muy famoso por sus andanzas como rebelde carlista y fue fusilado en la Plaza de Quesada en febrero de 1835.[4] Ante la creciente actividad guerrillera, el general Desolle se vio obligado a crear el Regimiento de infantería Jaén N.º 8. Que estaba formado por españoles, soldados dispersos derrotados en Sierra Morena y también voluntarios que querían sentar plaza. Lo mandaba el mayor Paul Marie Rapatel, que por su buen desempeño fue ascendido a coronel en 1811.[5] Veremos a este regimiento actuar en Quesada a finales de año. Sirve la noticia para comprobar cómo había españoles en ambos bandos, tanto en el español rebelde como en el afrancesado.

En marzo todavía no se había visto a ningún francés por Quesada, aunque los imperiales ya se habían instalado en Úbeda con una guarnición permanente.[6]El mayor problema que afrontaba el Ayuntamiento de Quesada seguía siendo el de los suministros que se le exigían y la forma de costear “tan crecidos gastos“. Decían los alcaldes, 4 de marzo, que “no cesan de subir y bajar distintas partidas de guerrilla con sus comandantes (…) que todos piden socorros”. Para allegar fondos se tomaron medidas extremas que nunca se hubieran considerado en tiempos normales. Lo pudieron hacer aprovechando que habían quedado solos, sin autoridad superior que los pudiese reprender. Se movilizaron algunos “fondos muertos” eclesiásticos, como el del priorato vacante, “para hacer el uso que convenga en tan críticas y actuales circunstancias”. Pero lo que resultó de mayor consecuencia fue el secuestro (intervención) de los fondos pertenecientes al antiguo conventos de dominicas, disputados con el convento de agustinas de Cazorla y objeto de un largo y complicado pleito sobre su propiedad ante el Consejo Supremo de Castilla. Al poco de comenzar la guerra, el 7 de julio de 1808, y a causa de las circunstancias y de su escasa voluntad de resistencia, el Consejo de Castilla había dejado en suspenso las causas que llevaba y los bienes de las dominicas quedaron en una especie de limbo. La medida que ahora tomaba unilateralmente el Ayuntamiento tenía una evidente importancia económica y suponía añadir una fuente de ingresos muy necesaria. Los bienes en cuestión no eran despreciables. En 1752 se estimaba que la renta anual que producían era de unos 15.000 rr.[7] En el inventario se incluían 10 casas y “como unas veinte viviendas”(habitaciones) en el solar  del convento (entre el actual Callejón de las Monjas y plaza de la Coronación). También cuarenta piezas de tierra repartidas por todas las zonas de riego del pueblo (Real, Llano, Pago, Vega, Bóveda…), a las que se añadían unas 120 fanegas de secano y una casa cortijo en Bruñel Bajo. A lo largo de todo el conflicto se pleiteó por estos bienes que, desentendido de ellos el Consejo, quedaron en manos de las decisiones de jueces menores y de las autoridades provinciales de uno y otro bando.

Antes se hizo referencia a la orden de que los vecinos aportasen para el esfuerzo de guerra la mitad de la plata que poseyeran. No hay noticia sobre la recogida entre particulares, pero sí la hay de lo que aportó el convento de dominicos de San Juan Evangelista. El 19 de marzo se presentó en Quesada don Joaquín Vilches, comandante de una de las partidas dependientes de Bielsa. El comandante Vilches firmó con los administradores del convento un recibo detallando las  alhajas de plata entregadas. No eran muchas por ser el convento “muy infeliz” (pobre) y se reducían a los siguientes objetos: “un copón mediano, otro más chico, como una taza, dos cálices con sus dos patenas y cucharas” y una lámpara cuyas cadenas eran falsas. La plata de los frailes fue remitida por Bielsa al general don Joaquín Blake, jefe del Ejército del Centro en Murcia.[8]

La primera entrada importante que hicieron los franceses en la comarca fue el 30 y 31 de marzo, en Cazorla. Según José Sanjuán, a su llegada las tropas imperiales exigieron el pago de una exorbitante multa de 200.000 reales. Era el castigo por haber acogido y ayudado a los soldados tras el desastre de Despeñaperros y por haber colaborado con el comandante Bielsa. Se consiguió pagar la cantidad recurriendo a las aportaciones de los “pudientes” del pueblo, temerosos de lo que pudiera ocurrir. Esta primera vez, a pesar de la muerte de un francés a manos de un lugareño, se marcharon sin causar estragos. El papel desempeñado por Cazorla en esta guerra fue primordial, especialmente en los primeros meses, cuando la resistencia estaba a cargo de la guerrilla casi en exclusiva. En mi opinión, y sin querer jugar a estratega napoleónico, se explica este protagonismo, al menos en parte, por las circunstancias geográficas. El acceso a Cazorla se hace por tierras de campiña más o menos llanas y no accidentadas en exceso. Sin embargo las espaldas del pueblo están perfectamente cubiertas por el paredón de la sierra, que se puede decir empieza en el mismo caserío. La posición era inmejorable para Bielsa y sus partidas, pues permitía salir al campo a combatir al enemigo, acosarlo cuando entraba en la población y al mismo tiempo escapar con gran rapidez a la sierra, terreno donde no entraban las fuerzas regulares. Se podría comparar con una calle en la que desde una acera se pudiera atacar y desde la otra escapar. La sierra les ofrecía además otra ventaja que era la facilidad la comunicación con el III Ejército, refugiado en Murcia al abrigo de las montañas de esta zona. La ventajosa posición no se daba en ningún otro lugar de la comarca, tampoco en otras poblaciones importantes como Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, situadas en campo abierto y donde le era más difícil a la guerrilla establecerse.  En el caso de Quesada su posición complicaba mucho que la guerrilla pudiera posicionarse en ella. Situada a unos tres kilómetros de la sierra resultaba fácil rodearla, como efectivamente terminó ocurriendo, pues una entrada por las huertas de la Torrecilla y el Llano, terreno accesible a la caballería, dejaba al pueblo aislado de la sierra.

Lo que era una gran ventaja para la guerrilla resultaba ser una gran desgracia para los vecinos y sus familias, que solo con grandes sufrimientos y por poco tiempo podían escapar al monte. La presencia de Bielsa y sus guerrillas fue casi continua en Cazorla y como consecuencia a ella se dirigieron los principales ataques y castigos de los franceses. Esta circunstancia no pasaba desapercibida a los regidores de la entonces villa arzobispal. Sirve de ejemplo lo sucedido el 23 de agosto de 1810, cuando se supo de la proximidad de una columna francesa compuesta por 150 dragones y 400 infantes. Temeroso de las consecuencias, el  Ayuntamiento de Cazorla pidió a Bielsa “que se retirase con su tropa y no comprometiese más el pueblo.”[9] Hay que imaginar la dificilísima posición de los habitantes de Cazorla, sabedores de que, retirados los franceses, Bielsa y “su tropa” volverían y su presencia los convertiría de nuevo en “héroes a la fuerza”. La alternancia de unos y otros se daba en toda esta parte de la provincia donde “el frente” era muy fluido y donde se alternaba la presencia de unos y otros. En el caso de Quesada se intuye esta circunstancia en las actas municipales, donde se procuró dejar poco  por escrito, sin proclamas ni patrióticas ni de especial sumisión a la administración de José I, usando pura “asepsia administrativa”.

La caótica situación provocada por el desastre de Despeñaperros dejó a estos pueblos, como ya se ha dicho, huérfanos de autoridad española que les sirviera de referente. El hueco fue inmediatamente llenado por las guerrillas irregulares, más o menos dependientes del comandante Bielsa, y que a menudo actuaron de forma abusiva. Hay que considerar que no todos los soldados fugitivos de Sierra Morena se movieron por impulsos “patrióticos”. Ante la situación de río revuelto muchos miraron por su propio interés y alternaron el ataque a los franceses con el abuso, cuando no expolio, de los paisanos. Especialmente en los primeros meses nunca se podía saber si la gente armada que transitaba eran rebeldes que combatían a los invasores o simplemente malhechores. Eso sin contar que, ante la falta de gobierno y control, cuadrillas de auténticos bandoleros se movían a sus anchas. En la comarca se hizo famosa la de los hermanos Cristóbal Perea, Cara vaca y Juan Perea, Navidad, que asolaron “los términos de Quesada, Cabra de Santo Cristo, Pozo Alcón y otros aledaños, donde perpetran asesinatos y robos con la mayor impunidad”. Dieron importantes golpes, como el conseguido en el asalto al cortijo Cabeza Montosa, próximo a Cabra de Santo Cristo, donde se hicieron con 30.000 reales en trigo y alhajas. Actuaron durante toda la guerra y solo al final de ella fueron capturados y ejecutados a garrote vil en Granada, en el año 1817.[10]

La intromisión de Bielsa y sus partidas en la política y administración de los pueblos, actuando como autoridad legítima española, fue constante. En Quesada, por ejemplo, el 12 de abril se recibió un oficio de “don Hermenegildo Bielsa comandante de las partidas del Reino de Jaén en que se dice que las partidas deben sostenerse por los pudientes de los pueblos y no de los fondos públicos”. Vista la orden se acordó cumplirla y repartir “lo necesario para la manutención de dichas partidas a las personas pudientes y que más pronto puedan ponerlos en efectivo”. Pero el propio Bielsa era consciente de que se estaban cometiendo abusos por sus hombres, y que eso ponía en peligro la colaboración de los pueblos. En carta que dirigió al general Joaquín Blake en 7 de abril de 1810 le informaba de las preocupaciones y trabajos que le ocasionaban “varios comisionados de partidas”. La causa eran sus “desacertados manejos” con las justicias (ayuntamientos) y la “poca disciplina en la gente que mandan”. Actuaban por su cuenta “no cumpliendo con mis instrucciones y órdenes (…) practicando lo que les parece con despotismo y poca subordinación”. Por ello se había visto obligado a retirarles “los pasaportes” (la licencia que los identificaba como guerrilleros para recibir socorros de los pueblos) para “verme libre de enredos”. Le comunicaba también que, “conducido en clase de arrestado”, le mandaba a “don Joseph Álvarez, estudiante ordenado de Evangelio que se hallaba agregado a las partidas de mi mando”. Le acusaba de haber cometido “sofocos y vilipendios” con los vecinos y regidores de Cazorla.[11]

Aquella primavera de 1810 se fijó el escenario bélico, que se mantuvo más o menos igual hasta la salida de las tropas francesas de Andalucía en 1812. A un lado Úbeda, casi permanentemente en poder de los franceses, y también Jódar, que el 6 de febrero había sido ocupada por un batallón de polacos.[12] Al otro lado del Guadiana Menor, Cazorla y Quesada, más arriba la Sierra de Segura, con Bielsa y la guerrilla. En medio Villacarrillo, Villanueva e Iznatoraf, que cambiaban de control con gran rapidez y fluidez. Aunque la situación no fue estática en absoluto. Los franceses cruzaban muy a menudo el Guadalquivir y el Guadiana atacando Cazorla o realizando desde la Villas algunas entradas a Beas y otros lugares de la sierra. A su vez la guerrilla pasaba los mismos ríos para atacar a los franceses en Jódar y en Úbeda, donde consiguieron algunos éxitos importantes.

Como ya se ha visto, la primera entrada de los franceses en Cazorla se produjo en los últimos días de marzo. La guerra se generalizó por toda esta parte de la provincia y el 25 de abril las partidas al mando de Bielsa atacaron a los franceses en Jódar.[13] El 7 de mayo una columna francesa cruzó el Guadiana Menor camino de Cazorla. Lo hizo por Collejares, donde una barca atada a una maroma facilitaba el paso.[14]El Guadiana fue durante toda la guerra un obstáculo importante porque en invierno se hacía difícil vadearlo. El día 8 los franceses atacaron Cazorla y fueron rechazados por Bielsa, que los obligó a huir y volver a cruzar el Guadiana. El 27 de mayo regresaron los franceses a Cazorla, siendo de nuevo repelidos por Bielsa. Al día siguiente los imperiales fueron atacados “en las inmediaciones de Quesada”.[15] De esta acción en Quesada no hay muchos datos, porque el parte de guerra está incompleto y no incluye el detalle de la operación. Es lo más probable que en el enfrentamiento participasen las partidas guerrilleras habituales, especialmente la de Moreno. Para entonces ya era habitual la presencia de guerrilleros armados entrando y saliendo con frecuencia, pues la movilidad era la mayor de sus ventajas. Por entonces la presencia de patrullas y columnas francesas y de rebeldes guerrilleros era una constante en toda la comarca.

El 4 de junio las tropas imperiales volvieron a Cazorla, esta vez con mucha mayor fuerza, 2.000 soldados de infantería y 300 de caballería según Sanjuán, cifras seguramente exageradas pero que en cualquier caso muestran que no fue una columna de las habituales. Los invasores se comportaron con la saña y el salvajismo propio de ocupantes: hubo numerosos muertos civiles entre los que no escaparon a la sierra, saqueo e incendio de casas, conventos e iglesias. La Iruela fue arrasada y el eco del desastre se extendió por toda la comarca provocando pánico y a la vez indignación. José Sanjuán, que presenció los hechos, describe con detalle las crueldades y violencias extremas que se vivieron. La terrible acción fue en represalia por la continua presencia de las guerrillas, que por otra parte poco daño sufrieron por la ya aludida facilidad que les ofrecía Cazorla para protegerse en la sierra. Era también esta ferocidad un aviso a todos los pueblos cercanos para que, paralizados por el terror, se abstuvieran en lo sucesivo de oponerse a los invasores y colaborar con los rebeldes. Resulta un clásico de toda invasión y se ha visto numerosas veces en la historia. Pero también ha sido normal que el invasor consiga exactamente lo contrario y que gente tranquila, que hasta ese momento solo pensaba en lo suyo, comprendiera inmediatamente el lugar en el que debían estar, que el invasor no venía a quitar a Fernando VII, que venía a por ellos.



[1]Ramón Rubiales García del Valle. ACTUACIONES DE LA GUERRILLA Y EL EJÉRCITO EN LA COMARCA DE LAS VILLAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1810-1812). ARGENTARIA Revista Histórica, Cultural y Costumbrista de las Cuatro Villas. 2013.

[2] Rubiales, op. cit.

[3] Díaz Torrejón. Pág. 110.

[4] Fue destacado realista en 1823. Más tarde, cuando los delirios paranoicos de Fernando VII le llevaron a perseguir incluso a los suyos, Luis Moreno acabó en la cárcel. En 1834 consiguió escapar y emprendió una fuga, ya como rebelde carlista, que fue sonada en toda la comarca.

[5] Francisco Luis Díaz Torrejón. GUERRILLA, CONTRAGUERRILLA Y DELINCUENCIA EN LA ANDALUCÍA NAPOLEÓNICA (1810-1812) Tomo II. Fundación para el desarrollo de los pueblos de la Ruta del Tempranillo. Lucena 2005. Pág. 27.

[6] El día 10 hubo una revuelta “popular” contra los franceses y fueron las autoridades de la ciudad quienes contribuyeron a su sofoco. Manuel Muro. Úbeda en la Guerra de la Independencia. En la revista Don Lope de Sosa. Julio de 1917.

[7]AHP de Jaén. Catastro de Ensenada, Personal eclesiástico 7885.

[8] AHN DIVERSOS-COLECCIONES,111,N.27

[9] Carlos Sanjuán, pág. 15.

[10] Cristóbal Perea, alias Cara vaca, y Juan Perea, alias Navidad. Años después, en 1817, fueron ajusticiados mediante garrote vil en la cárcel de Granada. Francisco Luis Díaz Torrejón. GUERRILLA, CONTRAGUERRILLA Y DELINCUENCIA EN LA ANDALUCÍA NAPOLEÓNICA (1810-1812) Tomo II. Fundación para el desarrollo de los pueblos de la Ruta del Tempranillo. Lucena 2005. Pág. 165.

[11] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.90

[12]Ildefonso Alcalá Moreno. La Guerra de la Independencia en Jódar. saudar.com

[13] AHN DIVERSOS-COLECCIONES,87,N.31

[14] Rubiales, op. cit.

[15] AHN DIVERSOS-COLECCIONES,108,N.30

 

Edicto del general Desolle, gobernador de Córdoba y Jaén

4.- Los franceses en Quesada

El del 12 de abril de 1810 se celebró en Quesada el último pleno municipal sin franceses. No hubo otro hasta dos meses después, el 12 de junio, a los pocos días de los sucesos de Cazorla y la Iruela. Lógicamente los atemorizados alcaldes y regidores no dejaron por escrito ningún rechazo o queja por el brutal asalto, ni siquiera mencionaron los hechos. Los regidores se refirieron nuevamente a los “crecidos gastos que se han presentado y presentan en los suministros de las tropas”, pero esta vez ya no se trata de las partidas guerrilleras. En esta ocasión las exigencias vienen del invasor, pues “se han presentado  (tropas) francesas en esta villa”. Para atender sus exigencias de suministros había sido preciso recurrir a “vecinos particulares” que, “en calidad de reintegro” (préstamo), habían facilitado “carne, vino, pan y demás utensilios”. Se hacía indispensable nuevamente conseguir dinero para cubrir tantos gastos, “todo con el objeto de que a este pobre vecindario no se le causen los perjuicios que de la falta de suministro puedan ocasionarse”. Ya no quedaban fondos en efectivo a disposición del Ayuntamiento y por eso se acordó movilizar 230 fanegas de trigo del Pósito, las últimas que quedaban en sus paneras. También se dio cuenta en el pleno de varias órdenes comunicadas por funcionarios “en el actual gobierno”. Hay que tener en cuenta que del trigo del Pósito se abastecían los panaderos que vendían el pan a precios fijados por el Ayuntamiento. La disminución de las existencias del Pósito, o su consumo total como en esta ocasión, ponía en peligro el abastecimiento público y presionaba al alza los precios. Estos problemas con el pan no se padecían por todos los vecinos por igual. Afectaban sobre todo a los que tenían que comprarlo porque no tenían trigo propio. Los propietarios podían amasarlo con su propia harina y además beneficiarse de la subida del trigo vendiendo el propio.

Cinco días después, en el pleno del 17 de junio, hay un drástico cambio en las actas municipales. En ellas se mencionan por primera vez y se reconoce a las nuevas autoridades provinciales afrancesadas. Este reconocimiento es fruto de su capacidad de imponerse por la fuerza militar. Hasta que no habían aparecido soldados no se había reconocido a estas autoridades. Desde el momento en que las tropas francesas llegaron al pueblo desapareció de las actas cualquier signo de acatamiento a las autoridades españolas, aunque fuera simbólico como el uso de papel oficial sellado a nombre de “Fernando VII Rey de España y las Indias”. Y no hace falta añadir que desaparece toda mención a las partidas guerrilleras. Este pleno del día 17 se inicia dando cuenta de una orden comunicada por “el ilustrísimo señor don Manuel de Echazarreta, su fecha en Jaén a 9 del corriente mes y año”. En ella se previene que por orden “del excelentísimo señor mariscal duque de Dalmacia (Soult)”, se proceda al adelanto del cobro de los arrendamientos de bienes municipales, entregando su importe en la tesorería de Jaén antes del día 30 de junio. Echazarreta era el prefecto del departamento Alto Guadalquivir, que coincidía más o menos con el reino de Jaén en la división territorial creada al modo francés por el gobierno de José I. El resto del pleno consistió en un aluvión de órdenes de carácter administrativo y fiscal remitidas por el mismo “ilustrísimo señor prefecto de este departamento”. Se referían a la obligación de reanudar los pagos a la Tesorería Provincial de tributos y contribuciones. Especial repercusión en Quesada tuvo la orden dictada por el “excelentísimo señor mariscal duque de Dalmacia”, transmitida por Echazarreta, de que los arrendatarios de “las fincas pertenecientes a el caudal de Propios de esta villa” (la Dehesa de Guadiana) adelantasen los pagos que tenían que hacer el día de San Miguel y que se pusiera inmediatamente en la tesorería la parte correspondiente a la Hacienda Real.

Las órdenes de Jaén eran entregadas en mano por las tropas, pues el servicio de correspondencia normal había dejado de funcionar. El conductor de la correspondencia desde Úbeda hubiera tenido que atravesar terreno inseguro, donde fácilmente la documentación podía ser interceptada por la guerrilla. El control francés en Quesada, como en el resto de pueblos de la comarca, nunca fue perfecto ni continuo. Las tropas iban y venían y cuando no estaban quedaba campo libre para la guerrilla. Los componentes del Ayuntamiento y los vecinos estaban sometidos a una enorme tensión, se podría decir que entre dos fuegos. Los regidores eran propietarios acomodados, acostumbrados a una vida tranquila alterada solo por sus intrigas y conspiraciones políticas. Seguramente temiendo tiempos revueltos y difíciles, el escribano del Concejo Juan de Jila Rivera, el enemigo de Bustos, pidió que se le relevase del cargo. Justificaba su dimisión por la edad y achaques de salud habituales. Alegaba también que llevaba 28 años en el cargo y que tenía otras ocupaciones que atender (era también notario). Prueba de que los achaques que alegaba eran excusa para librarse de los peligros fue la activad política que desplegó con posterioridad, tras la marcha de los franceses. Los regidores se opusieron a que alguien se bajara del barco en aquel momento y no aceptaron la renuncia, por ser el “único en quien descansan las confianzas de este cuerpo”. La decisión se tomó “de un acuerdo”, es decir, por unanimidad. Bustos, que en otros tiempos se hubiera alegrado lo indecible de que su enemigo dejase el Ayuntamiento, esta vez votó por su continuidad, para que tuviese su ración alícuota de problemas y peligros. Como es lógico, los regidores no dejaron constancia por escrito de sus simpatías con patriotas o con imperiales. Seguramente y de forma análoga a lo narrado por Sanjuán para Cazorla, su actitud fue cambiante, nadando entre dos aguas para evitar complicaciones personales.

El 19 de julio, avanzada ya la cosecha de granos, el Ayuntamiento fijó los precios oficiales del trigo. Era costumbre hacerlo en esta época, lo que servía para calcular pagos pendientes y, sobre todo, para determinar las cantidades que los labradores debían devolver al Pósito por el grano que habían retirado como préstamo en la sementera anterior. Este día fijaron unos precios todavía muy moderados y que veremos cómo más tarde se disparan. El de la fanega de trigo quedó en 40 reales, el del pan de dos libras en 7 cuartos, algo menos de un real. No eran niveles desconocidos pues en 1807, tras una sucesión de malas cosechas, la fanega de trigo había oscilado entre 40 y 50 reales y el pan entre 7,5 y 9,5 cuartos. Otra cosa es que a 40 reales se pudiera encontrar alguien dispuesto a vender trigo. Porque este era el precio oficial a efectos de contratos, no el real de mercado. La escasez provocada por la guerra hizo que al cabo de unos meses los precios se multiplicaran por tres.

No tenemos muchas noticias de la vida en el pueblo por aquellos días, pero sí las hay del guerrillero local, Jerónimo Moreno. La Gaceta de la Regencia de España e Indias, que se publicaba en Cádiz y era el órgano oficial de la resistencia a Napoleón, publicó un sonado golpe que protagonizó su partida, propio de una película de acción:

El día anterior (1 de julio) 10 hombres de la partida de Moreno que habían entrado disfrazados en Úbeda, se introdujeron en el cuartel francés de caballería, sorprendieron a los que cuidaban los caballos, pusieron a 10 de estos las sillas, tomaron 10 espadas, y montando sin detención, salieron a todo escape a presentarse a su comandante.[1]

En Úbeda tenían establecida su base los franceses. Les era una plaza muy favorable por el colaboracionismo de las autoridades, que a finales de mayo habían constituido una Junta de Seguridad y Quietud Públicas, de la que solo su nombre da idea de sus fines.[2] Penetrar en la principal localidad que controlaban los franceses en esta parte de la provincia tuvo una gran repercusión y por eso los ecos llegaron hasta Cádiz. Pero no fue este el único hecho memorable que protagonizó el quesadeño Moreno en aquel verano. En la Gaceta de la Regencia se da cuenta de otra acción más importante y de mayor repercusión. En aquella guerra se utilizó la incipiente prensa para la propaganda, contando cada lado solo las cosas que le favorecían, y lógicamente magnificando los éxitos. Ahora lo vamos a ver en los papeles procedentes de Cádiz, en breve lo veremos en los publicados por la parte afrancesada. La acción sucedió a mediados de julio y comenzó en la otra parte de la provincia, en Martos.

Según la Gaceta, a mediados de julio se tuvo noticia de que los franceses tenían 60 potros en el término de Martos. Por indicación de Bielsa, Jerónimo Moreno y Pedro Alcalde, al mando de unos doscientos hombres, resolvieron capturarlos y conducirlos a la retaguardia guerrillera en Segura. Consiguieron realizar la empresa, “guardando las precauciones convenientes” y marcharon con ellos por el camino de Valdepeñas de Jaén. Hubo en el camino algún tiroteo sin mayor consecuencia, hasta que conocieron que el destacamento francés de Carchelejo les iba a salir al encuentro. Resolvieron Moreno y Alcalde que continuaran la marcha los potros escoltados por 50 hombres mientras ellos se apostaban en un cortijo cerca de Pegalajar. Allí esperaron a los franceses. Dice la Gaceta que la acción fue larga y sangrienta y que Moreno “mató por su mano” al comandante contrario y que se distinguió especialmente el soldado José Bello (¿el quesadeño José Bello del Ángel, abuelo del maestro y pintor Isidoro Bello?). Los franceses perdieron 68 hombres, “quedando en poder de los nuestros todas las armas, mochilas, equipajes de los oficiales y una caja de guerra; por nuestra parte tuvimos un muerto y 4 heridos”. Perseguidos por refuerzos franceses que desde Jaén salieron a su encuentro, el día 22 de julio llegaron a Quesada. Allí fueron alcanzados por sus perseguidores entablándose un feroz combate que duró seis horas, “al cabo de las cuales el enemigo se retiró abandonando el campo, donde encontramos 5 cadáveres de los suyos (…) un muerto y un herido fueron nuestra pérdida”. El convoy de potros y la tropa salieron de Quesada y alcanzaron Segura de la Sierra sin novedad el día 25. Según la Gaceta se distinguieron en estos enfrentamientos de Quesada Luis Moreno, el sobrino de don Jerónimo, y el belerdeño Francisco Guerrero (a) Peseta.[3]

No se quedó quieto don Jerónimo. El 5 de agosto, junto a las partidas de Uribe y Alcalde, se enfrentó a los franceses en Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf. Su partida estaba compuesta por 70 infantes y 40 caballos. La noticia de que habían conseguido rechazar a los franceses, la comunicó Hermenegildo Bielsa al general Freire con gran entusiasmo. Además de destacar la “mucha bizarría” de Moreno, Bielsa se ufanaba del comportamiento de sus partidas, pues simples vecinos de aquellos pueblos, sin especial preparación militar, ponían en fuga a “los conquistadores del mundo”.[4] Y no era para menos, porque estos pueblerinos habían derrotado a las tropas del dueño de media Europa. Pero no ocurriría siempre, y los éxitos y fracasos se fueron alternando. Y había además serios problemas de disciplina en las partidas, menudeando los abandonos y deserciones.

El 28 de agosto, desde Segura de la Sierra, Bielsa hizo un balance de situación a su jefe, el general malagueño Joaquín Blake. Le informaba del saqueo de Beas de Segura por los franceses, que también habían atacado Villanueva, Villacarrillo, Iznatoraf y “cortijos y casas de campo (que) los han saqueado como acostumbran, destruyendo lo que no pueden llevar y rompiendo ventanas, puertas y muebles”. Dijo que entre los imperiales que actuaban en la zona “hay bastantes juramentados, urbanos y ronda de Jaén” (españoles) y que su estrategia era perseguir a las guerrillas haciendo “marchas y contramarchas por todos los puntos que nosotros ocupamos”. No le ocultó Bielsa que había problemas con su gente, que se le habían dispersado más de 100 hombres y que toda la sierra estaba llena de desertores.[5]Además se seguían produciendo incidentes en los pueblos a causa de la indisciplina de las partidas y del capricho de alguno de sus comandantes. El 8 de agosto la partida del fraile Juan Rienda (a) Guardián de Baza, maltrató a los regidores y vecinos de Cazorla llevándose preso al alcalde segundo. Al día siguiente el Ayuntamiento cazorleño pidió al prefecto Echazarreta que impusiera su autoridad y que los protegiese de las partidas.[6] Poco después, según Sanjuán, pidieron a Bielsa que se retirase sin comprometer más a la población. En parte por estos incidentes que se sucedían, y desde luego por la tendencia natural y mentalidad de los generales, paulatinamente el ejército regular fue recomponiéndose y absorbiendo a las partidas irregulares, que fueron militarizadas. 1810 fue por estas tierras el año de las guerrillas, pero en 1811 el protagonismo pasará a las unidades militares regulares.[7]

En este contexto bélico y con el trasiego continuo de tropas, la inseguridad era muy grande, especialmente en el campo, lo que afectó grandemente a la ganadería. En la soledad del campo era fácil “requisar” el ganado de un pastor. En Quesada el mayor peligro estaba en la Dehesa de Guadiana, zona solitaria y alejada. Tomás Fernández Jaque no era un pastor cualquiera sino uno de los mayores ganaderos del pueblo. Venía de una familia de labradores que había llevado en arrendamiento cortijos importantes formando un buen capital. Fue alcalde ordinario y sus descendientes tuvieron gran relevancia a lo largo del siglo XIX. Era uno de los rematantes habituales en las subastas de los pastos de la Dehesa de Guadiana. En 1813, día 17 de mayo, el Ayuntamiento le reclamó el pago de las cantidades que tenía pendientes por el arrendamiento de varios años anteriores. En su defensa alegó que, como era conocido, en el verano de 1810 “los enemigos” le quitaron 800 cabezas de ganado lanar, “y que para que no le llevasen el resto abandonó el cuarto de la Dehesa que ocupaba por estar en camino real, que transitaban de continuo los enemigos”. No había podido aprovechar los pastos arrendados a causa de la guerra y por ese motivo solicitaba que se le eximiese del pago de las cantidades pendientes.

El día 13 de agosto el Ayuntamiento de Quesada estaba reunido para celebrar cabildo. No había hecho más que empezar la reunión cuando se presentó Martín de la Torre, uno de los diputados de la Corporación, informando de algo. De inmediato se suspendió la reunión, anotándolo lacónicamente en el acta el escribano, que tachó lo poco que llevaba escrito. No es descabellado pensar que se habían presentado los franceses. Seguramente permanecieron unos días en el pueblo porque el 27 ordenaron al Ayuntamiento de Cazorla que entregase 3.000 raciones en Quesada.[8] Según informó Bielsa a Blake, el 2 de septiembre ya se habían retirado a Jaén los que había en Quesada.[9] En septiembre de 1810 los franceses entraron varias veces en Cazorla provocando graves daños. Cuenta Sanjuán que el día 2 lo hicieron “dirigidos por un soldado desertor de las guerrillas, natural de Quesada, que se les había juramentado (cambiado de bando) dándoles noticia de dos compañeros suyos que se escondían en las casas de sus familias. El día 11 hubo incidentes, también en Cazorla, entre vecinos, guerrillas y soldados, formándose bandos que se enfrentaron entre sí en medio de un gran desorden. En Quesada el cabildo recibió un aluvión de órdenes de carácter fiscal en las que el prefecto apremiaba el ingreso, en la tesorería de Jaén, de contribuciones y demás impuestos. También se recibió un oficio del prefecto sobre la cantidades de víveres que debía aportar Quesada para la subsistencia de las tropas imperiales en los cuatro reinos de Andalucía”, incluyendo trigo, legumbres, vino, vinagre, carne, cebada para los caballos, leña y sal. Para cubrir estos gastos se apartaron otras 200 fanegas de trigo del Pósito.

El 25 de septiembre el general Joaquín Blake comunicó a Bielsa que tenía por conveniente que “por ahora” quedase separado del mando “de las partidas sueltas del Reino de Jaén” y que debía entregarlo al brigadier Antonio Osorio Calvache.[10] El cese se inscribe en la tensión que había entre las partidas irregulares, de las que Bielsa era partidario, y las unidades militares regulares, que defendía el mando.



[1]Gaceta de la Regencia de España e Indias. Viernes 24 de agosto de 1810 N.º 59 pág. 563

[2] Manuel Muro García. Úbeda en la Guerra de la Independencia. Notas diversas. En la revista Don Lope de Sosa, julio de 1917.

[3] Ibid.

[4] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,137,N.10

[5] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.140

[6] Bueno Cuadros. Cazorla de villa a ciudad. Ayuntamiento de Cazorla 2012.

[7]ANH DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.90. La tensión entre milicias regulares y guerrilla queda de manifiesto en una carta de Bielsa a Blake del mes de agosto, en la que acusa recibo de la orden de reducir sus efectivos guerrilleros para que pasasen a los cuerpos regulares. Bielsa se resiste defendiendo las ventajas que ofrecían las partidas.

[8] Bueno Cuadros. Op. cit.

[9] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,137,N.6

[10] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.90

 

Sable de época napoleónica encontrado en Quesada.
Ayuntamiento. Foto Nicolás navidad


5.- La guerra en las calles de Quesada.

El cese de Hermenegildo Bielsa representó el fin de una etapa en la guerra. En adelante, aunque seguirían actuando las guerrillas y con fuerza, poco a poco la guerra se fue profesionaliza. Cada vez más figurará el nombre de cuerpos de ejército, de regimientos y batallones, de jefes y oficiales y menos de paisanos guerrilleros. Junto con su nombramiento, el brigadier Calvache recibió unas precisas instrucciones, la primera de las cuales es terminante:

El mando del brigadier Calvache se ceñirá puramente a lo militar, esto es, el orden y disciplina de las partidas y a dirigir sus operaciones continuamente contra los enemigos, sin mezclarse por pretexto alguno en los negocios políticos o civiles de los pueblos, ni en la administración de las rentas o fondos públicos.

A esta primera instrucción se le añadieron otras sobre la forma concreta en que debían actuar las partidas: estar continuamente en movimiento para que no pudieran los enemigos atacarlas en un punto determinado, evitar cualquier acción no ventajosa y actuar con secreto, con rapidez y con superioridad de número para obligar a los enemigos a mantenerse reunidos. Deberían componerse las partidas de paisanos y no de soldados dispersos procedentes de unidades del Ejército, a las que deberían reincorporarse. Por último se le hizo responsable de que las guerrillas observaran siempre el orden y disciplina sin incurrir en excesos.[1]

En Quesada el pleno del 26 de septiembre solo lo firmó el regidor Manuel Bedoya, ni siquiera lo hizo el secretario Jila. Esta falta de firmas es algo extraño que rara vez se ve en las actas de cualquier otro año. Se habló en él de los suministros a “las tropas imperiales” y se acordó cumplir numerosas órdenes recibidas por el prefecto Echazarreta. Quién sabe si evitaron poner su nombre en un documento que los pudiese comprometer en el futuro. El caso es que seis días después volvieron a reunirse y esta vez, como había sucedido en agosto, el pleno quedó inconcluso. Tras el encabezamiento habitual  y el formulismo correspondiente: “se trató y acordó lo siguiente”, con distinta tinta, pues seguramente se hizo con posterioridad, el escribano anotó: “Se suspendió este acuerdo”. Por aquellos días la presencia de tropas francesas era constante.

El día 14 de octubre el brigadier Calvache se apostó en las inmediaciones de Úbeda. Al amanecer entró por sorpresa en la población, cuyas calles estaban desiertas, y atacó a los franceses en sus cuarteles. Tras varias horas de intensos tiroteos decidió retirarse, “receloso tanto del pueblo que se halla enteramente afrancesado cuanto de los refuerzos que venían ya a los enemigos”. En el parte que transmitió al general Elío, Calvache le explicaba  a lo que se refería con eso de afrancesados: “Son dignos del mayor castigo los habitantes de Úbeda, es pueblo bastante adicto a los enemigos; las exclamaciones a Fernando (VII) solo se oían en los barrios bajos y gente pobre”. Según Calvache, no recibió ningún auxilio de las autoridades locales ni se le presentaron, aunque lo requirió. A pesar del fracaso de la intentona, se obtuvo un importante botín y la tienda del comerciante Vidal, “de nación francesa”, fue saqueada. Además del botín, parte del cual Calvache repartió a la tropa, se hicieron con 30.000 reales de la administración de rentas del partido y cuatro caballos, dos yeguas y una mula de la milicia cívica (voluntarios afrancesados).[2] Es interesante el relato, porque muestra las diferentes actitudes de la población ante los invasores. Las personas acomodadas, las autoridades tradicionales, tuvieron una tendencia ambigua cuando no de abierta simpatía hacia los imperiales. En esta actitud seguramente influía el temor al carácter popular de la resistencia, que a veces parecía traer ecos de la reciente Revolución Francesa.[3]Sea esto dicho con todas las cautelas, pues las excepciones en todos los sentidos fueron numerosas. En cualquier caso los ubetenses no eran distintos, ni de calidad diferente, a los vecinos de los otros pueblos. Hay que suponer que cosas muy parecidas sucedían en todos ellos, incluido Quesada.

El día 19 de octubre una columna de tropas francesas, que había atacado Cazorla, pernoctó en Peal. Estaba compuesta por 300 infantes y 100 caballos. De madrugada avanzaron hacia Quesada, donde les salió al paso Calvache. Iniciado el combate, los franceses recibieron el auxilio de otra columna procedente de Jódar y otra que desde Pozo Alcón irrumpió “por la derecha de Quesada”. Trataron de “envolvernos y flanquearnos por todas partes, hasta por lo más escabroso y eminente de las sierras, lo que no pudieron lograr manteniéndoles un terrible fuego por todos los puntos, desde las 11 del día hasta anochecido”. Calvache tuvo finalmente que retirarse a la sierra por su clara inferioridad y los pueblos quedaron en manos francesas hasta que se retiraron al día siguiente, después de descansar y sin “romper una sola puerta, ni hacer daño alguno”.[4] Estas acciones, golpes y contragolpes son son solo aquellas de las que he encontrado referencia documental, pero durante estos meses debieron ser algo cotidianas.

En Quesada y su término, durante  estos meses, la presencia de franceses estuvo muy relacionada con ser lugar de tránsito de los enemigos desde Baza y Pozo Alcón hacia Cazorla y las Villas y viceversa. Según Sanjuán, el 30 de octubre entraron en Cazorla 200 dragones franceses procedentes de Baza, que debieron pasar por Quesada o sus inmediaciones. El 9 de noviembre 2.000 soldados imperiales, que perseguían a las partidas, salieron de Villacarrillo con dirección a Pozo Alcón.[5] La posición estratégica de Quesada en la comunicación norte-sur del borde de la sierra, traería al año siguiente, como se verá en la segunda parte de esta historia, importantes novedades al pueblo.

A mediados de noviembre se produjo un violento choque dentro de Quesada protagonizado por las partidas de Jerónimo Moreno y la de Pedro Alcalde de un lado y el regimiento Jaén n.º 8 por parte francesa. Como ya se vio antes, este regimiento de infantería estaba formado por voluntarios españoles y mandado por el oficial francés Paul Marie Rapatel. La noticia de lo sucedido la dio La Gaceta de Granada con información procedente del gobierno militar de Córdoba y Jaén. Es información de parte y por tanto exagerada a efectos propagandísticos, especialmente en cuanto a las bajas de unos y otros. A las partidas guerrilleras se refiere como “los bandidos” o “los insurgentes”, el lenguaje habitual de los ocupantes en toda invasión y ocupación militar. Según el periódico granadino, el 17 de octubre Rapatel sorprendió a la gente de Alcalde cerca de Quesada. Los acometió causándoles 20 muertos y muchos heridos. Los guerrilleros huyeron en desorden, abandonando en el camino “fusiles, sables y pistolas, muchos caballos, mulas, borricos, provisiones de harina y cartuchos”. Alcalde y su gente se refugiaron en Quesada, donde estaba la partida de Jerónimo Moreno. Rapatel los persiguió hasta dentro del pueblo entre un fortísimo tiroteo. Sigue diciendo la noticia que Alcalde y Moreno consiguieron escapar pero dejaron “cinco o seis muertos” en las calles. Al día siguiente Rapatel abandonó Quesada con dirección a Jódar, pero en el camino tuvo noticia de que los guerrilleros habían vuelto al pueblo. Regresó para expulsarlos pero, al tiempo que los acometía, dispuso que parte de su fuerza rodeara por Santa Cruz y Rotalaya para cortarles la retirada a la sierra. Al sentirse de nuevo acorralados, Moreno y Alcalde emprendieron la huida por el camino de Cazorla y cayeron en la emboscada. Tuvieron más de 40 muertos y perdieron gran cantidad de armas y caballos. Alcalde y Moreno lograron escapar, pero en Quesada fue capturado “el que hacía de teniente de la partida de Pedro Alcalde”. Muchos dispersos de ambas partidas se presentaron a Rapatel “entregado sus armas voluntariamente”. Concluye La Gaceta de Granada afirmando que esas ganancias no habían costado ni un solo hombre.[6] La noticia está evidentemente exagerada; si fueran verdad todos esos muertos y se le añaden los que se rindieron y entregaron, hubiera supuesto la práctica desaparición de ambas partidas, algo que no ocurrió.

De estos sucesos se hizo también eco la prensa de Cádiz, Gaceta de la Regencia, pero de forma escueta y sin referirse al resultado, relacionando solo los lugares donde habían actuado las guerrillas para acreditar su gran actividad:

Las gacetas de Córdoba del mes de noviembre dan noticias de las partidas de Pedro Alcalde, Jerónimo Moreno y Mateo Gómez, y de los reencuentros entre ellas y los franceses junto a Quesada, Jódar, Posadilla (Córdoba) y Alamillo (Ciudad Real).[7]

En cualquier caso hay que recordar que estos enfrentamientos se dieron entre españoles y que solo el mayor Rapatel era francés. Fue una constante durante toda la guerra, que tuvo también rasgos de guerra civil. Es corriente asociar a los afrancesados con gente de mentalidad liberal, y es verdad que hubo muchos “afrancesados ideológicos”, pero no todos lo fueron y muchos colaboraron con los invasores por puro interés personal o por las razones ideológicas contrarias, por el miedo a que la revuelta popular degenerara en algún tipo de revolución. La mayoría de los liberales estaban en Cádiz y allí alumbraron la Constitución. Hubo también realistas ultraconservadores en los dos bandos. Estos sucesos del 17 y 18 de noviembre en Quesada muestran que la inestabilidad era total. Los vecinos ya sabían que tras la marcha de unos llegarían los otros y que los primeros volverían para expulsarlos. Unos días había franceses y otros guerrilleros.

Antes se hizo referencia al asunto de los fondos de la Dehesa de Guadiana, al nombramiento de alcalde mayor por la Junta de Jaén y consiguiente enfrentamiento de esta con la Chancillería de Granada. A finales de 1909 La Chancillería había enviado una consulta-queja a la Junta Suprema Gubernativa, por entonces en Sevilla. Ahora, a fines de 1810, las instituciones que dirigían la lucha contra los invasores estaban ya refugiadas en Cádiz. La Regencia había pasado el expediente quesadeño al Consejo Supremo. En aquella ciudad, sometida al cerco y cañoneo de los franceses, el 14 de diciembre el Consejo decidió no pronunciarse sobre el asunto y devolverlo “por ser procedente de país ocupado por el enemigo”.

A primera hora de la mañana del día 31 de diciembre de 1810 se juntaron en las casas consistoriales de la villa de Quesada los señores que componían el Ayuntamiento al efecto de celebrar cabildo. Al concluir la reunión hicieron presente los señores alcaldes que en ese día se debía proceder al sorteo de nuevos alcaldes para el año siguiente de 1811. Era este un acto solemne que debía efectuarse de acuerdo a un protocolo legal muy estricto, que incluía el reconocimiento de las bolsas utilizadas en la insaculación de 1807, para comprobar que eran los originales y que contenían el número correcto de bolas de madera con los nombres correspondientes a sortear. Los sacos se custodiaban en el arca de tres llaves, cada una de las cuales estaba en poder de un clavero, y que se guardaba en la habitación del archivo, cerrada a su vez con otras tres llaves. Dijeron los alcaldes salientes que, como era público y notorio, “las tropas” habían ocasionado importantes destrozos en la casa consistorial y en el archivo. El arca de tres llaves había desaparecido y con ella los sacos de la insaculación. Era algo que no había ocurrido nunca, no existían precedentes; el país estaba en guerra y no había posibilidad de consultar a los tribunales superiores cómo se debía proceder. Por eso se vieron precisados a buscar una solución por su cuenta. Decidieron improvisar nuevos sacos y bolas de madera en las que se pusieron los nombres que debían de quedar de la insaculación de 1807. Como era preceptivo, se pasó “recado político” (aviso) al cura párroco para que fuera testigo. Una vez personado don Cristóbal García, cura propio, en presencia de todos un niño de corta edad procedió a extraer una bola de cada saco. Correspondió la suerte de alcaldes a don Simón Jiménez Serrano, por el estado noble y a Tomás Fernández Jaque por el general.

El nuevo Ayuntamiento para 1811 estaba formado, como todos los de aquellos años, por gente mayor y conservadora, económicamente bastante acomodada y muy experimentados todos en las banderías y enfrentamientos locales. El alcalde primero, Simón Jiménez Serrano, hijo de don Higinio Serrano, era miembro de la familia más activa en las intrigas municipales durante el siglo XVIII. Don Simón tenía formación militar y había sido subteniente en el regimiento de Guadix. Debía ser persona de genio vivo, pues en 1776 acuchilló a un contrario durante el sorteo de alcaldes ordinarios de aquel año, lo que le costó prisión en Granada. Tomás Fernández Jaque, alcalde segundo, fue aquel importante ganadero al que los franceses incautaron 800 cabezas de ganado en la Dehesa. Los tres regidores, Antonio del Águila, Manuel Bedoya y Pedro Vela, así como el personero del común Luis Muñoz de Navarrete, eran también personas mayores, sin formación militar pero muy avezados en disputar y pelear en el Ayuntamiento. No sabemos del comportamiento de estos señores, si se enfrentaron a los franceses o fueron sus partidarios, si apoyaron al guerrillero Moreno o, lo más probable, si se comportaron con neutralidad procurando salvar el propio cuello. Es imposible saberlo, salvo que aparezca nueva documentación. En el caso de Cazorla la narración de Sanjuán, testigo presencial de los sucesos, permite deducir que regidores y justicias no opinaban todos lo mismo y que actuaron en determinados momentos con bastante división. En Quesada algún militar dejó por escrito sus sospechas de que algunos vecinos actuaban como espías afrancesados, aunque no da los nombres. Lo que sí se puede suponer es que los regidores de Quesada no actuaron unidos, porque llevaban la discordia en la masa de la sangre.

Con la elección de alcaldes terminaba 1810 en Quesada, primer año de guerra en Andalucía. Ninguno de los bandos se había impuesto con claridad. Los franceses no consiguieron pacificar y someter estas tierras, ni las partidas habían conseguido expulsar a los imperiales de las ciudades y grandes pueblos. Bien vista, esta situación de tablas no dejaba de ser un fracaso para el ejército más poderoso de Europa. Los conquistadores del mundo, que les llamó Bielsa, se mostraban incapaces de imponerse a unas guerrillas formadas por paisanos, por cuatro descalzos bastante anárquicos y poco experimentados.



[1] Ibid.

[2] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,137,N.5

[3] En esta digresión sigo a Josep Fontana, La crisis del Antiguo régimen 1808-1833. Ed. Crítica Barcelona 1979.

[4] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,108,N.30

[5] ANH DIVERSOS-COLECCIONES,94,N.141

[6]Gaceta de Granada. Viernes 30 de noviembre de 1810. N.º 99 pág. 421 y siguiente.

[7]Gaceta de la Regencia de España e Indias. Jueves 3 de enero de 1811 N.º 2 pág. 10



domingo, 3 de septiembre de 2023

Historias quesadeñas de la Inquisición en el siglo XVIII.

 

Auto de fe de la Inquisición. Francisco de Goya. Museo del Prado.


           Agitada y conflictiva predicación de un edicto de fe en Quesada.

La mañana del lunes día 28 de diciembre de 1705, festividad de los Santos Inocentes, se desató una fuerte discusión en la sacristía de la parroquia mayor de Quesada. Eran poco antes de las diez, hora en la que debía comenzar la misa mayor, que se tuvo que retrasar por la disputa. En las naves de la iglesia estaba congregado y esperando todo el pueblo,. A la cabeza el corregidor D. Tomás de Puga y Rojas,[1]  seguido de los regidores, diputados, personas principales y todos los hombres y mujeres de la villa mayores de doce años. Habían sido llamados mediante pregón para asistir a la publicación y lectura pública de un edicto de fe por orden de la Inquisición de Córdoba, de la que dependía Quesada y todo el reino de Jaén. Consistían los edictos de fe en la proclamación solemne por la que se conminaba a los fieles para que denunciasen a todos los vecinos de los que sospechasen que incurrían en prácticas u opiniones heréticas y contrarias a la fe. En caso de que callasen aquello que supieran incurrían en pena de anatema. Por eso tras cada predicación de un edicto se recibían numerosas denuncias de las que se hacía información y, cuando se juzgaban graves, se prendía a los acusados y se los enviaba a Córdoba donde eran sometidos a un proceso inquisitorial.

 

        Aquel día de los Inocentes de 1705 era lunes, aunque lo normal era que estos edictos se publicasen en domingo. En esta ocasión se hizo excepción porque el domingo 27 se había reservado para celebrar una procesión en rogativa a Su Majestad Divina por la felicidad y éxito de Su Majestad Felipe V. La guerra civil (y europea) por la sucesión de Carlos II no estaba ni mucho menos decidida y las cosas no iban del todo bien para Felipe de Borbón y Anjou, el aspirante francés y nieto del Rey Sol, que ya había sido proclamado por sus partidarios como rey Felipe V. Solo un año antes ingleses y holandeses habían tomado Gibraltar y la compañía de milicias de Quesada había sido enviada a Cádiz para reforzar aquel frente.[2] Como Quesada estaba en zona borbónica, nadie, ni clérigos ni nobles ni personas principales, se podía permitir quedar, siquiera por sospecha, como partidario del bando austracista. Por eso el edicto se pospuso y fue publicado un lunes, que por otra parte también era festivo por celebrarse los Santos Inocentes.

 

        Aquel lunes discutían en la sacristía, casi como dos ejércitos en guerra, de un lado el licenciado don Pedro Zamorano, comisario del Santo Oficio en Quesada y encargado de presidir la publicación del edicto. Le seguían don Juan Jerónimo de Rivera, notario del Santo Oficio en la villa y el familiar de la Inquisición don Juan Cano de Padilla. Los tres iban con sus manteos, bonetes y las insignias del Santo Oficio. El otro bando lo encabezaba don Francisco Hilario Jiménez Valero, prior y cura propio de la parroquia mayor de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, rodeado (que no necesariamente apoyado) por el resto de presbíteros y clérigos seculares de la villa. También estaban presentes y seguramente bastante espantados, por ser simples empleados y no clérigos, el sochantre y sacristán mayor Francisco Fernández Ortega, el sacristán menor Juan Ramírez y Francisco Dueñas, antiguo sacristán mayor que ya de viejo solo ejercía como ministril. La acalorada discusión, con graves amenazas cruzadas de una y otra parte, tenía su origen en ciertas diferencias por cuestiones de preeminencia y protocolo. Defendía Zamorano que los ministros del Santo Oficio debían situar sus sillas y sitiales en el lado del Evangelio, izquierda del altar mayor visto de frente, que era el principal porque visto por Dios desde el altar quedaba a la derecha). Dice el acta que levantó aquel día el notario Rivera que “arrimadas al testero que da a la nave de la puerta de San Ildefonso”. El problema es que precisamente ese era el lugar donde se sentaba el párroco acompañado por dos diáconos y ahora se pretendía que sus sitiales se situaran en el lado de la Epístola, que quedaba junto al arco que daba a la nave donde estaba la puerta de la iglesia que daba a la Lonja, un lugar de menos representación.[3] Don Francisco Hilario, el prior, se oponía vehementemente al cambio argumentando toda clase de razones y precedentes. Se trataba en último extremo de dejar a la vista a quien correspondía la preeminencia, si al Santo Oficio o a la jurisdicción eclesiástica ordinaria, al clero.

 

Tras una larga negociación el prior se avino a los deseos de Zamorano y se sentó en la Epístola, pero no sin advertir que iniciaría procesos judiciales eclesiásticos en defensa de sus derechos. Con gran retraso se inició la misa mayor y tras la lectura del Evangelio, antes del sermón, el notario de la Inquisición subió al púlpito y, “en voz alta e inteligible”, leyó el edicto. Pero el precario acuerdo se rompió en el momento de dar la paz, cuando por orden del prior no salió a darla el sacristán a fin de evitar que lo hiciera en primer lugar a los ministros de la Inquisición. Con esto se complicó todavía más el lio protocolario y hubo, según el acta, escándalo y murmuraciones entre los fieles, que habían sido testigos de los inconvenientes. Es de suponer que también hubo en esta discusión rivalidades y antipatías personales porque don Pedro Zamorano, antes de ser comisario de la Inquisición, había sido teniente de cura de la parroquia mayor y había estado a las órdenes del prior don Francisco Hilario, y resultaba esta una ocasión de oro para quedar por encima de su antiguo jefe, lo que este no podía consentir en manera alguna. Zamorano decretó que se hiciera una información sumaria sobre lo sucedido y que se remitiese al Santo Tribunal de Córdoba. A su vez el prior pidió al vicario, representante del arzobispado de Toledo, que iniciase otra información en paralelo para que su Eminencia tuviera conocimiento del caso. El pleito fue complicándose y dio lugar a un largo expediente en el que acabaron interviniendo personalmente el Inquisidor General (por entonces el obispo de Ceuta, que residía en Madrid) y el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo. Al final se llegó al acuerdo de que en lo sucesivo la Inquisición respetase al clero el lado del Evangelio y se sentase en la Epístola, pero que a la hora de dar la paz salieran dos sacristanes que la dieran simultáneamente a ambas partes.

 

En él expediente que se formó se describe con detalle la publicación en 1698 de otro edicto de fe en el que también hubo disputas protocolarias y con protagonistas de mayor categoría.[4] Por la parte eclesiástica el vicario visitador don Pedro Joseph Romero y Vargas, persona de mucho rango como representante y delegado del arzobispo. Por el Santo Oficio era comisario, por no haberlo entonces ni en Quesada ni en Cazorla, el de Iznatoraf. Se daba la circunstancia añadida de que Iznatoraf pertenecía a la diócesis de Jaén, no a la de Toledo (solo dependía de la jurisdicción arzobispal en asuntos temporales, por ser señorío suyo, pero no en los eclesiásticos). En aquella ocasión el lío fue tal que la misa mayor de las 10 de la mañana no empezó hasta pasada la una de la tarde. El problema fue el mismo, lado del Evangelio, lado de la epístola, y no merece la pena repetir argumentos, pero sí hacer referencia a la procesión que se había celebrado la tarde anterior para convocar a los fieles a la lectura del edicto. El estricto protocolo de la procesión se negoció entre el notario de la Inquisición y el prior, que por entonces ya lo era don Francisco Hilario. Se llegó a un acuerdo que no funcionó el día de la lectura, pero sí durante la procesión. Según el acta levantada, el día anterior sábado 17 de mayo de 1698, “como a las tres de la tarde poco más o menos”, salió la comitiva de la iglesia del convento de San Juan. La abría el vicario visitador portando el estandarte con las insignias de la Inquisición. Marchaba inmediatamente después el comisario de la Inquisición al que seguían, de acuerdo al estricto orden previamente pactado, el prior del convento de San Juan, el corregidor don Tomás de Puga, el venerable clero, los frailes dominicos, familiares de la Inquisición, hidalgos y personas principales de la villa. Así dispuestos recorrieron las calles y plazas principales: Alcaraz, Adentro, Nueva, Plaza Vieja (Lonja), Plaza del Mercado (la Plaza actual)… Iban acompañados de músicos y ministriles y mientras caminaban un pregonero convocaba a los vecinos para que acudieran el día siguiente a misa mayor para oír el edicto.

 

        Hay que imaginar el auténtico terror con el que el pueblo, o muchos de sus vecinos, vivirían tan tétrica procesión y la consiguiente lectura del edicto de fe. Sabían que tras estos actos se iniciaba un periodo de denuncias indiscriminadas, denuncias anónimas que se aceptaban sin considerar los motivos personales que pudiera tener el denunciante para hacerlas. A (casi) cualquiera le podía tocar esta macabra lotería sin saber nunca quién fue su denunciante. Y siempre con el riesgo de que el comisario se tomase en serio la denuncia y de acabar en Córdoba con el correspondiente proceso, en los que todavía era de oficio el tormento, con un posible final en la hoguera, en galeras o en el destierro. Lo menos en que finaba uno de esos sumarios era en la confiscación de bienes y en la exposición y deshonra pública del penitente.



[1] Este corregidor, natural de Salamanca, escribió una obra titulada Compendio Militar, que imprimió en Quesada hacia 1707 y de la que hay edición digital facsímil en la Biblioteca Virtual de Andalucía. En la Revista de Ferias de 1974 le dedicó Antonio Navarrete un artículo: Un libro impreso en Quesada a principios del siglo XVIII.

[2] Tampoco lo estaba pasando bien esta compañía que estaba descabezada y sin jefe porque su capitán, don Cristóbal de Poyatos Lara, había quedado inútil por una alferecía. El alférez que le hubiera sustituido, que era don Leonardo, hermano del capitán, había muerto en la guerra. Mientras se nombró un nuevo capitán la compañía estuvo sin mando. Memorial reproducido en el Libro de Acuerdos de 1706.

[3] Esta de la Lonja era entonces la puerta principal de la parroquia, aunque quedara en el lado de la Epístola mientras que la de San Ildefonso era la actual puerta principal.

[4] AHN INQUISICIÓN, 1849, Exp. 3


Antigua puerta principal de la parroquia, dando a la Lonja
y que hoy debe seguir debajo del enlucido. Foto Carriazo.


                 Vecinos de Quesada que pasaron por autos de fe
       
          Como resultado de la lectura de un edicto se recibían denuncias y se iniciaban procesos inquisitoriales. Los reos condenados pasaban a un auto de fe, donde se ejecutaban públicamente las sentencias. En el caso de Quesada y de todo el reino de Jaén, los autos se celebraban en Córdoba. Las historias que siguen se refieren a vecinos y vecinas de Quesada que pasaron por este trance. No son con seguridad todos los que sufrieron semejante penitencia, sino solo aquellos de los que he encontrado noticia.[1]

 

        El 13 de junio de 1723, en el convento dominico de San Pablo de Córdoba, se celebró un auto público de fe. En él resultó condenado a muerte Gaspar Enríquez, de 44 años, natural de Cuenca pero vecino de Quesada. Se le acusó de “judaizante negativo, convicto y pertinaz”. Junto al resto de condenados fue conducido en procesión a la plaza de la Corredera “portando insignias de relajado”, es decir, vestido con un sambenito (especie de saco) amarillo y una coroza (capirote como los de Semana Santa). Una vez puesto sobre el tablado para ser quemado, el terror pudo con él y dio muestras de arrepentimiento: “pidió misericordia” y la obtuvo. La ejecución fue suspendida y Gaspar devuelto, de por vida, a la cárcel.

Casi un año después, el 23 de abril de 1724, y en el mismo convento, se celebró otro auto de fe en el que hubo una relajada y dos reconciliados procedentes de Quesada. Los relajados eran los condenados a muerte que para su ejecución se transferían o “relajaban” a la justicia real. Los reconciliados eran aquellos reos que confesaban y abjuraban de sus delitos y se reintegraba a la Iglesia, se “reconciliaban” con ella, pero sufriendo a cambio penas de prisión, confiscación de bienes, azotes… La mujer relajada se llamaba Isabel de Tapia, natural de Medina del Campo y vecina de la villa de Quesada. Tenía 71 años y era viuda de Francisco Méndez de Castro (del que no he encontrado referencia alguna). Esta mujer había sido reconciliada por la Inquisición de Murcia el año 1682. Ahora había sido llevada al Santo Oficio por “los mismos delitos de judaísmo”. Como relapsa, o reincidente, fue condenada a la hoguera. Murió “confitente” (confesando su culpa) y “con muchas señales de arrepentimiento”, pero no fue suspendida la ejecución por esa condición de relapsa. Sus bienes fueron confiscados. Ese mismo día confesó sus delitos como judaizante y fue reconciliado el joven médico de 31 años Gabriel de Anavia. Era natural de Murcia, pero vivía en Quesada, donde ejercía su profesión. Fue condenado a cárcel “irremisible” (perpetua), confiscación de bienes y doscientos azotes. Los azotes eran públicos y en el caso de hombres se les aplicaban desnudos de cintura para arriba, para que se viera la sangre. Aquel mismo día María de la Trinidad Villar, natural de la ciudad de Úbeda y vecina de Quesada, de edad de 27 años, fue reconciliada tras abjurar de su delito de bigamia (“por casada dos veces”). Fue condenada a 200 azotes y destierro, no pudiendo acercarse a menos de 8 leguas a Quesada, Úbeda y Madrid. Siempre se incluía Madrid en estas prohibiciones aunque el reo no tuviera relación con el lugar, para que los condenados “no molestasen” en la Corte. Hay poca información sobre estos vecinos. Podríamos pensar, por edad, y circunstancias, que Trinidad vivía con Gabriel el médico y que fue la investigación sobre él la que tiró de ella. Quién sabe.

 

        A las pocas semanas, el domingo 2 de julio de 1724, fueron reconciliadas las hermanas Josefa e Isabel Enríquez de Terrazas. La primera, viuda de Manuel Fernández, de 52 años y natural de Cuenca; la segunda, natural de “Cartagena de Levante”. Ambas fueron condenadas por judaizantes a cárcel irremisible, confiscación de bienes y doscientos azotes. Parece evidente que eran hermanas de Gaspar Enríquez (coincide su origen conquense en Josefa y en él). La familia Enríquez, apellido muy infrecuente en Quesada, no desapareció de la villa con estas condenas, de hecho fue otro Enríquez quien vendió al Ayuntamiento la casa en la Plaza donde sigue a fecha de hoy.

 

        El 12 de mayo de 1726, abjuró del delito de judaísmo Juana Bárbara de Castro, natural de Albacete y “vecina de la villa de Quesada, soltera, sin oficio, de edad de 38 años”. Fue condenada a confiscación de bienes y cárcel irremisible. Cinco años más tarde, el 4 de mayo de 1731, sufrió auto de fe Luis Antonio de Castro, también natural de Albacete y vecino de Quesada, casado, de 53 años. Estaba establecido en Quesada, donde tenía abierta botica. Fue condenado, además de a los consabidos doscientos azotes, a confiscación de la mitad de sus bienes, destierro y dos años de confinamiento en una casa de penitencia, vistiendo hábito de penitente y “encargado a persona docta que le desengañe, instruya y fortifique en nuestra Santa Fe”. Luis Antonio aparece en una relación de delitos de fe pendientes en la Inquisición de Llerena en 1735, seguramente porque vivía su destierro en Extremadura.[2] Luis de Castro no era un don nadie en Quesada. En el preámbulo de elogios en verso del “Compendio Militar” impreso por el corregidor Don Tomás de Puga, escriben las personas más principales del pueblo por entonces. Uno de ellos es don Luis de Castro, “vecino de la villa de Quesada”, que aporta un soneto dedicado al corregidor. Castro es un apellido inexistente en Quesada. Por eso cabe relacionar a estos dos hermanos, Juana Bárbara y Luis Antonio, con Francisco Méndez de Castro, de quien era viuda Isabel de Tapia, la quemada por relapsa. Si esto fuera así, serían al menos dos familias las que destrozó la Inquisición en pocos años, los Enríquez y los Castro. Todos eran residentes en Quesada, pero nacidos fuera. Esto parece indicar que estaban en el pueblo escondidos o mejor, alejados, del tribunal de la Inquisición con el que hubieran tenido problemas anteriormente. En el caso de Isabel de Tapia, viuda de Castro, se sabe que fue el de Murcia. En el caso de los Enríquez, los hermanos mayores era nacidos en Cuenca, pero la hermana menor era natural de Cartagena, lo que parece sugerir que la familia pasó por aquellas tierras antes de recalar en Quesada. No había demasiada coordinación entre los distintos tribunales territoriales; por eso pasar la “frontera” entre la Inquisición de Murcia y la de Córdoba procuraba cierta seguridad.

 

        Todas estas personas iniciaron su calvario con la publicación de un edicto de fe en la parroquia mayor de Quesada, precedida de una procesión como la que antes vimos. Como desgraciadamente ocurre tantas veces, el forastero, el de fuera, es por naturaleza sospechoso y en ellos se cebaron las denuncias anónimas. Estos fueron los casos quesadeños más graves de los que he encontrado datos. Una vez eliminado cualquier hereje, judaizante o morisco que pudiera quedar, la Inquisición dedicó sus oraciones a otros delitos de menor cuantía, generalmente relacionados con la moral y las costumbres. Las penas fueron más livianas y el Santo Oficio menos temido. Y por eso mismo fue perdiendo poder. Todo esto en términos relativos, como tendencia, porque el último ajusticiado por lo que restaba de Inquisición lo fue en 1826, cien años después.



[1] Proceden los datos de los pasquines impresos en la época con resúmenes de los autos de fe y que he consultado en la Biblioteca Sefarad. También en la obra publicada en 1836 por Gaspar Matute Luquín Colección de los autos generales i particulares de Fe, celebrados por el Tribunal de la inquisición de Córdoba. BNE, Biblioteca Digital Hispánica.

[2] AHN INQUISICION, 1987, Exp 43.


Portada del resumen del auto de fe de 1923
en Córdoba. Biblioteca Sefarad

            Fray Martín Troyano, un rijoso dominico quesadeño.

 

        1734 fue un año terrible en Quesada. Se venía de una gran sequía y aquella primavera tampoco llovió, la cosecha de cereal fue muy mala. En otoño siguió sin llover y los vecinos vieron en peligro la sementera. El precio del trigo se disparó y el pan de dos libras, amasado con trigo del Pósito y vendido en los hornos municipales, alcanzó el increíble precio de 22 maravedíes, más de medio real. Algunos datos ayudan a comprender las terribles dificultades que se pasaban. A petición de un grupo de labradores y vecinos, el 7 de enero se trajo de su santuario a la Virgen de Tíscar para implorarle la lluvia tan necesaria. En noviembre todavía seguía en el pueblo y el clero pidió que fuera devuelta a su santuario, pero el Ayuntamiento respondió que no se movería de la parroquia hasta que no mejorase la situación. Por otra parte el día 1 de mayo, ante la pérdida casi completa de la cosecha, el Ayuntamiento había ordenado que en todas las huertas se sembrase maíz a fin de que, tras el verano, se pudiese atender el abasto público de grano. Pero es que para colmo, Su Majestad Felipe V estaba por entonces empeñado en una campaña militar en Italia mediante la que recuperó Nápoles y Sicilia (que cedió a su hijo, el futuro Carlos III). En la consiguiente movilización, a Quesada le tocaron 19 soldados para el regimiento provincial de milicias. Su armamento y vestuario, por cuenta del municipio, se valoró en 2.520 reales. Al escandaloso precio citado de 22 maravedíes la hogaza, se hubieran podido comprar con este dinero casi 3.900 panes, que repartidos a la población resultarían a más de uno por habitante. Para aprontar los 2.520 reales el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un censo (préstamo). El futuro Carlos III reinó en Nápoles y Sicilia casi 25 años con el nombre de Carlos VII, pero no se acordó de mandar algo a Quesada en agradecimiento por los sacrificios sufridos en su beneficio.

 

        Estando así las cosas, a principios de año el Santo Oficio de Córdoba publicó un edicto de fe en la iglesia parroquial. Una de las que lo escuchó y se sintió obligada a denunciar fue Rosa Martínez, vecina de 26 años, soltera, que solía acudir para sus devociones a la iglesia del convento de San Juan Evangelista. Allí había elegido como confesor, hacía como cinco años, a fray Martín Troyano, uno de los frailes del convento, de 40 años. Rosa, para descargo de su conciencia y tras escuchar el edicto, acudió al comisario de la Inquisición, el presbítero don Antonio de Zafra. Le contó que como un año después de empezar a confesar con fray Martín, el confesor empezó a tener una conducta inapropiada. Según Rosa, varias veces le dijo que si necesitaba algo se lo dijese pues lo haría “como si fueras mi hermana”. En otra ocasión le manifestó: “yo no quiero que pases necesidad y así pide lo que se te ofrezca”, añadiendo que si le faltaban zapatos o medias se lo hiciera saber. Durante la delación el comisario Zafra le preguntó una y otra vez si estas cosas se las dijo antes, durante o después de la confesión, estando de rodillas en el confesionario o “sobre sus pies” una vez confesada. Y es que ahí estaba la clave del asunto, pues si el comportamiento del fraile hubiese sucedido durante el sacramento habría incurrido en delito eclesiástico de solicitación, calificado de muy grave. La solicitación consiste en aprovechar la intimidad del confesionario para hacer proposiciones deshonestas. Rosa no conseguía acordarse, o no quería, de si estas insinuaciones ocurrieron durante la confesión, inmediatamente antes o después. De lo sucedido fuera del confesionario sí que se acordaba perfectamente. Así dijo que una vez que fue a la iglesia del convento, pero solo para oír misa, no para confesar, se cruzó con fray Martín que, haciendo un aparte con ella, le manifestó: “tú te casarás pero yo no quiero que otro te gozare, que si yo no tuviera estos hábitos me casaba contigo”. Llegó a cogerla de la mano y a confesarle que pensaba mucho en ella. En otro encuentro de ambos en la iglesia, fray Martín “anduvo con su pie meneando el de la declarante” y, cuando esta lo retiró abruptamente, fray Martín, temeroso de haberse pasado y de que lo denunciase, le dijo que se estuviese quieta y “no fuera embustera”.

 

        El comisario Zafra remitió las diligencias a Córdoba. Allí el fiscal del Santo Tribunal ordenó que se volviese a requerir a la delatante para que declarase si “las palabras amorosas y tocamiento de mano pasaron en el confesionario”. Interrogada de nuevo el 25 de agosto, contestó que no podía afirmar si fueron antes o después de la confesión. El fiscal también pidió al comisario que informase “de la fe y crédito de la declarante” (del fraile no se pidió informe similar). El comisario Zafra afirmó de Rosa que era piadosa y de buena conducta. También por orden del fiscal se revisaron los registros de causas anteriores en busca de antecedentes, pero no se encontró nada, por lo que “quedó suspensa esta sumaria”. Suspensa por ahora, porque fray Martín era un rijoso incorregible y no tardó en meterse en nuevos problemas. No habían pasado tres años, el 19 de junio de 1747, ante el mismo comisario don Antonio Zafra, compareció de propia voluntad, “para descargo de su conciencia”, la monja dominica del convento de nuestra señora de los Remedios, sor Catalina de San Francisco, de 31 años. Denunció la monja que desde hacía unos seis o siete años fray Martín acudía a su convento a confesar a las religiosas, a ella también. En cuatro o cinco ocasiones, aunque no siempre sucedía, el fraile le había pasado por el tornillo de confesión “la caja de tabaco” y le apretó la mano mientras le decía que la quería mucho y que si no fuera por ella no iría a confesar. Sabía la monja (o quien estuviera animándola) lo que era la solicitación y por eso, seguramente para no cargar las tintas, dejó claro que estas cosas ocurrían inmediatamente antes o después de la confesión pero nunca durante la misma.

 

        Si en el caso anterior parece claro el acoso por parte de fray Martín, ahora no sería tan evidente, porque sor Catalina en cierta ocasión le hizo “un agasajo” (un regalo) al fraile que incluía un corazón de alcorza (un dulce recubierto de crema azucarada, como un rosquillo). Cuando vio aquello, el fraile le replicó “que él no quería aquel corazón sino el de la declarante”. No es de extrañar que la cosa fuera subiendo de tono y que fray Martín llegara a pedirle que “le mostrase sus pechos” (ella dijo que se negó). La monja añadió que, aunque sabía que era malo, no lo había denunciado antes porque no “se le ofrecía ser delatora”, pero que, habiendo cambiado de confesor, este la convenció de que era su obligación hacerlo. Remitidos los autos a Córdoba fueron estudiados por el fiscal del Santo Tribunal. Según su informe, la denuncia de sor Catalina se hizo mediante una carta que escribió y entregó al comisario Zafra el prior del convento de San Juan, fray Francisco Gay, el jefe de fray Martín. A la vista de que fraile y monja habían reconocido los hechos el fiscal pidió que el fraile fuera conducido preso al “convento de su religión de Córdoba” (el convento de su orden, San Pablo). El Santo Tribunal ordenó en octubre de 1748 que se recabase la ratificación de sor Catalina en su declaración, que se mirasen antecedentes (apareció el caso de Rosa que antes hemos visto) y que se preguntase de nuevo a la monja si estas cosas (el regalo qué hizo al reo, la insinuación de este para descubrirse los pechos y la acción de tocarle la mano) habían sucedido durante la confesión, antes o después. El comisario Zafra contestó a Córdoba que no podía volver a interrogar a sor Catalina porque había muerto unos meses después de su denuncia, el 30 de octubre de 1747. No hay que interpretar con mentalidad cinematográfica tan repentina defunción, porque la mortalidad por entonces era grande y la enfermedad acechaba de continuo. El caso es que en Córdoba fray Martín reconoció ante el Santo Tribunal que había tenido “varias chanzas con las religiosas en el locutorio y puerta de la Iglesia, procurando siempre guardar el debido respeto al sacramento de la penitencia”.

 

Pero al final va a ser inevitable que pensemos en el guion de una película, porque añadió que estaba convencido de que sus problemas venían de otra monja, la veterana sor Antonia Serrano.[1] El fraile declaró al Santo Tribunal que con sor Antonia había tenido en el locutorio del convento “chanzas y palabras deshonestas”. La relación entre ambos la había roto el propio fray Martín, que “tuvo motivos para dejarla”, y  no dudaba que la auténtica denunciante era sor Antonia, “sentida” por el abandono. La mano en la sombra de este enredo resultaba ser, también según el fraile, el prior del convento, “su enemigo” fray Francisco Gay, circunstancia que le habían advertido otros frailes antes de su salida para Córdoba. Cuando el comisario Zafra interrogó a sor Antonia, esta “nada contestó”. En el expediente no hay mención a la sentencia y nos quedamos sin saber cómo acabó la cosa. Seguramente fray Martín pasó sus días apartado de Quesada, en el convento de San Pablo de Córdoba.



[1] Será casualidad, pero en 1752 firmó su declaración para el catastro de Ensenada como representante legal, el procurador Juan Antonio de Lara Troyano, quizás pariente del fraile, que vivía en la calle de San Juan, en una casa contigua a la que poseía Dª Antonia Serrano y que fue su dote para el ingreso en el convento.




       Tertulias y ligas que rondaban la herejía

 

El bienio 1743-1744 no fue tan malo en Quesada como el de diez años antes. La fanega de trigo se vendía a 13 reales y el pan de dos libras a 10 maravedíes, menos de la mitad que en 1734. Por entonces se estaba reformando la casa que sería consistorial en la Plaza. A principios de 1743 don Rodrigo de Urrutia, natural de Quesada, tuvo un comportamiento destacado en la batalla de Cabo Sicié al mando del navío Poder. Su actuación frente a la escuadra inglesa fue recompensada con el ascenso a capitán de la Compañía de Guardiamarinas de Cádiz. En la primavera de 1744 se extendió por el pueblo el rumor de que a “alguno que se llama Cornejo” se le atribuían proposiciones que había dicho “contra la pureza de la Virgen”. Faltaban todavía casi cien años para que Pio IX promulgase el dogma después de siglos de dura polémica teológica, pero en estos reinos la virginidad de María era un asunto de Estado y a mediados del siglo XVII la Inmaculada había sido declarada patrona de España. Aunque teóricamente, por no ser todavía una verdad dogmática, se podía opinar libremente, hacerlo suponía en la práctica atentar contra el sentir oficial de la Corona y de la Iglesia españolas. El Cornejo al que se refería el rumor era Vicente Gómez Cornejo, joven clérigo de órdenes menores de 22 años de edad. La familia Cornejo era muy conocida en el pueblo. Su hermano Antonio ejercía como escribano del número (notario) y Juan, su otro hermano, era maestro de sastre. Vivían en la calle Alcaraz (actual de los Arcos), por entonces calle muy principal. El 23 de mayo de aquel año Vicente Cornejo acudió por su propia voluntad “a delatarse” ante el comisario de la Inquisición, que lo seguía siendo don Antonio de Zafra. Que él mismo se denunciara hay que interpretarlo como un intento, una vez extendido el rumor en la calle, de que la noticia llegara al Santo Oficio de su boca y no por alguna denuncia maliciosa.

 

        Declaró Cornejo que haría como un mes, estando en casa de don Diego Pulido y presente la mujer de este, Rodrigo García y Simón Barba, se estuvo hablando sobre “la concepción en gracia de María Santísima”. Diego Pulido era natural de Marmolejo, pero tenía propiedades en Quesada. Rodrigo García era vecino de Pulido y Simón de la Barba tenía en la calle Nueva una tienda de “especiería y quincalla”. Llama un poco la atención que en estas reuniones, se supone que de amigos y vecinos, se hablase como si tal cosa de estas cuestiones teológicas. El caso es que don Diego dijo “que habían tenido poca razón los padres dominicos” en oponerse a la virginidad de María y que con razón “estaban penitenciados” (los dominicos nunca fueron muy partidarios de esta idea). Vicente le replicó que no era verdad que estuvieran penitenciados “porque la Iglesia nada tenía declarado en este punto”, que sus razones estaban muy fundamentadas y que él opinaba de la misma manera. Pulido le intentó rebatir citando un libro de ejercicios que tenía, pero Vicente lo descalificó diciendo: “ese será juanista o escotista y yo sigo a los que defendieron que María Santísima fue concebida en pecado original”. La reunión empezó a resultar incómoda por entrar en disquisiciones tan delicadas e incluso peligrosas. Los presentes intentaron, “con mucha ternura”, que se acabara la conversación. Pero Vicente la continuó y Simón Barba, “impaciente de oírla”, salió de la casa para no verse comprometido con las opiniones de Cornejo.

 

        No era este el único avispero teológico en el que se había metido Vicente Cornejo. A oídos del comisario Zafra llegó otro asunto igual o quizás más inquietante, porque se refería a la Trinidad. Fue durante una conversación teológica (debían ser aquellas unas ligas apasionantes) con Tomás Fernández Enríquez, de la que fue testigo Juan Gutiérrez, otro propietario forastero, natural de Baeza (como se puede ver estamos hablando de gente acomodada). Este Tomás Fernández Enríquez fue el que vendió al Concejo la casa de la Plaza que acabó siendo ayuntamiento. Su apellido, infrecuente en Quesada, inmediatamente trae al recuerdo a los hermanos Enríquez, de una generación anterior y que, como se ha visto, sufrieron auto de fe. Si esto es así, resulta más comprensible su temor y su opiniones ortodoxas y que fuera él, conocedor de la investigación que se había abierto, quien acudiera al comisario para denunciar el asunto. Tomás le contó al inquisidor Zafra que habían estado discutiendo sobre la Trinidad, sobre la esencia y diferencias entre el Padre y el Hijo. Vicente defendía posturas un tanto heterodoxas y no llegaron a un acuerdo. Por eso decidieron escribir en un papel las opiniones de uno y otro para que dirimiese la disputa fray Manuel de Montilla, dominico de 37 años del convento de San Juan. El fraile, cuando leyó el papel, “vio en él algunos términos impropios para la explicación del misterio de la Santísima Trinidad”, más en la opinión de Vicente que en la de Tomás. Sin embargo no se pronunció, con el pretexto de que Vicente no lo había firmado y lo debía hacer. Enterado el comisario Zafra, le pidió a Cornejo que le trajese ese papel que llevaron al fraile, así como un manuscrito sobre Beda el Venerable que Vicente decía tener y en el que al parecer se inspiraba. Entregó el manuscrito de San Beda, pero el papel “por más que lo había buscado no había podido encontrarlo”.

 

        Las diligencias que levantó Zafra fueron remitidas al Santo Tribunal de Córdoba, donde tres calificadores dijeron que contenía “proposiciones falsas y escandalosas” y que el manuscrito, ”cuyo título es de divinatione mortis et vita”, estaba prohibido por el Santo Oficio. Estas noticias proceden del informe del fiscal de Córdoba, antes de que se dictara sentencia que no consta cual fue. Pero hay un dato indirecto que permite sospechar que la cosa no fue muy bien para Vicente. Entre las declaraciones de bienes que hicieron los vecinos poco después, para el conocido como catastro de Ensenada, con el número 246 y firmada el 8 de marzo de 1752, está la de doña Francisca Antonia de Lara. El escribano recogió sus palabras a la letra: “Soy viuda de, digo, soy mujer de D. Vicente Cornejo ausente en el presidio de Melilla”. Cornejo solo estaba ordenado de menores y parece que se casó y no continuó (no pudo, más bien) su carrera eclesiástica. Estaba ausente en Melilla, por entonces un peñón fortificado en la costa de Berbería (lo que hoy se llama Melilla la Vieja). Apenas había allí más que soldados y desterrados por alguna condena. Militar no era Vicente porque, serlo era cosa de mucha honra, se hubiera añadido presumiendo, algo del tipo: “sirviendo las armas de Su Majestad”. No debía estar allí por nada bueno y por eso a su mujer se le escapó decirse viuda, lo que rectificó inmediatamente quizás porque alguno de los presentes le dijera que de viuda, nada.[1]



[1] AHN INQUISICIÓN,3723,Exp.25


       

El arcipreste Esmenota excomulgado y expulsado a palos de Quesada

 

El día primero de septiembre del año de 1757 don Juan Francisco Esmenota y Vargas, clérigo de menores, notario del Santo Oficio y dignidad de arcipreste de las parroquias de Cazorla, La Iruela y Quesada, escapaba a caballo de esta última villa acosado por un grupo de clérigos y vecinos que querían prenderlo. Consiguió llegar a salvo a Baeza, pero hasta que pasó Toya no se sintió seguro. Esmenota ya era arcipreste en 1752 cuando todavía vivía en la ciudad de su naturaleza.  Ahora en 1757 ya tenía su casa y habitación en Quesada y por entonces la prebenda arciprestal le rentaba anualmente 500 ducados (unos 5.500 reales). El arciprestazgo no le daba autoridad efectiva sobre las parroquias, que dependían del vicario del arzobispo de Toledo, pero sí el disfrute de sus rentas y bienes. El arcipreste era en realidad un cuerpo extraño, un intruso, en el mundo clerical de la vicaría. No hay datos de la razón de su cambio de residencia a Quesada, pero alguna relación debía tener con el pueblo porque era dueño de una pequeña huerta de una fanega en el Real, que tenía arrendada a Diego Fernández, alias el Jaque. La huida de Esmenota tenía su origen en lo que había ocurrido a principios de aquel verano. Resulta que tenía que salir de viaje y su caballo necesitaba que le arreglasen los herrajes. Su criado Antonio Cózar, natural de Baeza, de 18 años, llevó al animal a su herrador de costumbre pero no lo encontró. Ante la precisión del arreglo decidió acudir a otro, Pedro Candial, herrador y albéitar que remanecía de Belerda y vivía en la calle Nueva. Candial reconoció las patas del bicho y dictaminó que le faltaban clavos en las herraduras y que ponerlos valdría unos 4 reales. Le preguntó al criado si llevaba el dinero y este le contestó que no, que no sabiendo cuánto costaría no lo había echado. El herrador le dijo que se llevara el caballo y que volviese con los cuartos. A esto respondió el criado que su amo era persona “abonada” e importante y que estaba de sobra tanta desconfianza. Pero Candial lo paró en seco diciéndole que él “al rey (solo) lo conocía por la moneda”, cuánto menos a su amo. Antonio regresó a por los cuatro reales, se herró el caballo y Esmenota pudo hacer el viaje.

 

Don Juan quedó muy corrido con el desaire de Candial. Un simple herrador que no le fiaba al arcipreste de la comarca y notario del Santo Oficio. Esmenota fue a casa de Candial, tuvieron desazón (discutieron) y acabó la cosa cuando el herrero le propinó al arcipreste un fuerte golpe en uno de los brazos con un palo. Fueron testigos numerosos vecinos que transitaban por la calle Nueva y sobre todo Juana de Atencia, mujer ya mayor y soltera, que vivía con su sobrina en una casa inmediata a la del escándalo. El percance causó sensación, pero muy asegurado debió sentirse Candial por gente poderosa para atreverse a tal afrenta. Y por otro lado la Inquisición mucha de su antigua autoridad, nacida del miedo, había perdido para que esto pudiera pasar y que un herrador de pueblo se permitiese tal conducta. Esmenota no recurrió a la justicia ordinaria. Como aforado del Santo Oficio, denunció directamente a la Inquisición de Córdoba. El Santo Tribunal envió a D. Nicolás de Tauste, comisario de la Inquisición en Baeza (ya no lo había en Quesada), a que hiciese la información correspondiente. Tauste interrogó a los testigos, que solo recordaban la discusión pero que no vieron, decían, el golpe que recibió el arcipreste. Pero el golpe existió y así lo testimoniaron el médico don Joseph Tortosa (joven de 29 años recién llegado a Quesada) y el barbero sangrador Rodrigo Muñoz (que vivía en la calle San Juan y era también mayordomo administrador de las monjas). Tortosa dijo que, visto el brazo izquierdo, “reconoció por su oficio que había señales de compresión extrema”.

 

        Simultáneamente a esta de la Inquisición se abrieron otras dos investigaciones. Una por la justicia real que paró en la Chancillería de Granada. Otra por la justicia eclesiástica ordinaria, instada por el vicario de Cazorla don Antonio Macarulla. Cuando Tauste supo por Esmenota de estas otras diligencias, inmediatamente intentó que le fuesen entregadas y que ambas jurisdicciones se inhibiesen en favor del Santo Oficio, por afectar a persona aforada. Macarulla se negó porque alegaba que no tenía noticia ni documento de que Esmenota fuese ministro de Inquisición. Hubo cruce de exigencias y amenazas entre ambas partes, pero fue el vicario quien tomó la grave iniciativa de excomulgar al arcipreste. Al día siguiente de la huida que hemos visto, el sacristán y fiscal de vara (alguacil eclesiástico) Agustín Ramírez acudió a casa de Esmenota y le comunicó a la criada Lorenza Mauricia que su amo estaba excomulgado y que se lo hiciese saber. En la misa mayor de los tres días festivos siguientes el cura párroco, don Lucas Martín del Águila, “hizo saber al pueblo en voz alta que el arcipreste estaba excomulgado”. Este don Lucas fue un poderoso personaje de la segunda mitad del siglo XVIII quesadeño. Tenía dependientes a los tenientes de cura de las tres parroquias de Quesada (la mayor, Santa María y Tíscar), a los tenientes de cura de Pozo Alcón e Hinojares, a los demás clérigos y a sacristanes, sochantre, ministriles y ministros. Vivía con dos sobrinas y dos criados que trabajaban en las propiedades del priorato (que le rentaban anualmente, excluidas cargas y gastos, más de 7.000 reales). Era un tipo poderoso, acostumbrado a ser la máxima autoridad religiosa del pueblo y la presencia del arcipreste Esmenota, teóricamente su superior, no debía hacerle gracia ninguna. Don Lucas fue sin duda el poderoso protector del herrador Candial. Detrás de don Lucas estaba el vicario y toda la estructura eclesiástica ordinaria y, de grado o por temor a enfrentarse con él, buena parte de los vecinos.

 

        Con todo esto no es de extrañar que, tras agredir al arcipreste, el herrador no se amilanara, y que sonrojase a Esmenota “con risas y descortesías”. Y es que, según el comisario Tauste, eran estas  de Quesada “gentes indómitas” y que “desprecian la jurisdicción del Santo Oficio”, pues sabiendo de su investigación sumaria “tienen por burla el decirse unos a otros el prior y clérigos de Quesada, cómplices: ¿Cuándo vamos a Córdoba? ¿Cuántos sambenitos ha de haber?” Además de excomulgarlo, el vicario quiso encarcelar a Esmenota, a lo que se aprestó don Lucas “con los demás que iban en su compañía”. Lo persiguieron con escándalo haciéndole que escapase precipitadamente a caballo mientras ellos daban "voces a cuantos encontraban para que lo atajasen”. Esta era la huida que antes vimos. El Santo Tribunal de Córdoba requirió, por medio de la Inquisición de Granada, a la Chancillería que se inhibiese. Volvió a enviar comisarios al vicario, no ya solo para que se inhibiese, sino para que levantase la excomunión al arcipreste. Pero, como en los casos anteriores, el informe del fiscal solo cuenta el proceso, pero nada dice sobre como acabó el asunto. Seguramente en nada, porque ni la Inquisición, ni la Chancillería, ni el vicario de Su Eminencia el arzobispo de Toledo podrían salir como perdedores.

El término de Quesada en 1752. Archivo Municipal



  Monjas hechiceras en el convento de Santa Catalina.

 

Muy pocos años después, en 1761, el convento de Dominicas de Nuestra Señora de los Remedios volvió a requerir la intervención de la Inquisición.[1] Lamentablemente en esta ocasión el informe del fiscal es muy poco detallado y está incompleto. Se trataba de un asunto de hechicería y blasfemias en el que todas las intervinientes, denunciantes y denunciadas, eran monjas del convento. El 30 de octubre sor Ramona María de Majavacas y Quevedo, de 23 años, monja de velo negro del convento, escribió una carta a la Inquisición de Córdoba denunciando que había otras dos monjas que curaban el mal de ojo y que, como esto le parecía una cosa mala, lo había contado a su confesor, que le mandó denunciar. El Santo Oficio remitió la carta al cura de Quesada, el ya conocido don Lucas Martín del Águila, comisionándolo para que abriese una instrucción e interrogase a los testigos “con todo recado y secreto”. Habla mucho del declive de la Inquisición que ya no hubiese en Quesada comisario ni familiar del Santo Oficio que pudiese ejecutar la diligencia. Y no solo eso, que ya había ocurrido otras veces, sino que se lo encargaran al cura propio, a la jurisdicción eclesiástica ordinaria con la que tantas disputas de competencia habían tenido. Don Lucas interrogó a la denunciante, quien, aunque había hablado de dos monjas, se refirió especialmente a sor Juliana Serrano de San Andrés porque la otra, sor María de Santa Ana, era monja de velo blanco (de menor rango y condición social) y sería poco más que su cómplice. Dijo la delatora que sor Juliana le había hecho curaciones a su hermana, doña Rosalía Majavacas y a doña Francisca Rivas, otra vecina, que acudían para el efecto al convento. Las curaciones consistían en hacerle sobre la cabeza puesta sobre el pecho de la monja, muchas cruces “con el dedo gordo de ambas manos”. Al mismo tiempo, todo esto lo vio la declarante, la monja “meneaba mucho los labios” no sabiendo si decía alguna oración. Añadió que teniendo ella como unos 13 años oyó decir a su hermana que de cuando en cuando acudía a alguna hechicera. Poco más recoge el informe fiscal, que se interrumpe nada más indicar el nombre de la siguiente testigo: “Doña Ana de Urrutia, natural de Vera, de 29 años y velo negro”.[2] También se menciona en este informe una causa por “blasfemias hereticales” contra sor Felipa de Lara y San Vicente, “natural de dicha villa, de 60 años, de velo negro en el citado convento”, pero no se dice nada. Por estas fechas la orden dominica renunció al convento, que pasó a la jurisdicción eclesiástica ordinaria. Renunció seguramente por ser convento de poco pelo y encima con monjas “problemáticas” y mal avenidas.

 

Pelea entre curas por bienes que confiscó la Inquisición

 

Y para terminar una historia que se inicia cuarenta años antes, cuando los autos de fe de los que se habló al principio. Como vimos, en 1724 Josefa Enríquez fue reconciliada por la Inquisición de Córdoba y condenada por judaizante a confiscación de bienes y cárcel irremisible. Al año siguiente la Inquisición sacó a subasta uno de esos bienes, un cortijo en Lacra valorado en 36.000 rr. (no era pobre esta Josefa). Se quedó con él don Juan Cano de Padilla, presbítero, rico propietario y familiar del Santo Oficio (todo quedó en casa), que pagó 21.706 reales con 16 maravedíes, una vez descontados los censos que la finca tenía como carga. Pasaron los años y murió don Juan. Heredó su hermano, don Francisco Cano de Padilla, clérigo de menores que vivía en la calle de la Patona (la casa del escudo) en compañía de tres sobrinos menores de edad y dos criadas. Era un gran propietario, uno de los más ricos del pueblo, con unos ingresos anuales calculados en 30.000 reales. A su servicio tenía 17 mozos que trabajaban las tierras y cuidaban el numeroso ganado que poseía. 

 

Era su vecino en Lacra don Pedro Jiménez Serrano, también muy rico y miembro de una de las familias políticamente más principales del pueblo. En el contexto de la disputa que tuvieron ambos están las históricas luchas de bandos y facciones entre las familias dirigentes del pueblo y que se iniciaron en el mismo momento de la emancipación de Úbeda en 1564. Fue una larga historia que no se puede resumir aquí, pero que produjo durante 250 años unos enfrentamientos sorprendentemente enconados. Baste decir que el año anterior a lo que vamos a contar, en 1766, hubo en Quesada un sonado motín popular ocasionado por la carestía del pan y que obligó a intervenir al Consejo de Castilla. Pero en realidad el motín había estado inducido y protegido por uno de los alcaldes ordinarios, el muy rico y poderoso don Atanasio de Alcalá, rival de los Serrano a los que quería perjudicar.

 

        Las diferencias que hubo entre don Pedro Serrano y don Francisco Cano tenían causa inmediata en el reparto del agua de riego para sus respectivos cortijos de Lacra, pues Serrano se había apropiado de la de Cano. Pero no era esta una simple disputa entre vecinos. Como el cortijo en cuestión procedía de una subasta de la Inquisición, Cano decidió reclamar al Santo Tribunal de Córdoba para que “se le restituyese del despojo, (y) se le pusiese en posesión” de sus derechos. Pedía además que “se inhibiesen las justicias de la villa de Quesada del conocimiento de semejante instancia”. Y es que Serrano era uno de los dos alcaldes ordinarios, que tenían facultades judiciales y actuaban como jueces, por lo cual, abierta causa en el juzgado local se falló, lógicamente, a su favor. Los autos se remitieron a la Chancillería de Granada para que los concluyese.[3] Al igual que en ocasiones anteriores, al problema de fondo se superpuso la pugna de competencias entre jurisdicciones. La inquisición de Córdoba nombró esta vez comisario a don Juan Antonio Martínez Santos, veterano teniente de beneficiado de la parroquia, el cual ordenó que Serrano devolviese las horas de riego y pagase las costas. Serrano se negó a obedecer argumentando que la causa ya estaba en manos de la Chancillería. La cosa se fue complicando y el inquisidor de más edad escribió al presidente de la Chancillería para que se inhibiese, lo que no hizo. También ordenó encarcelar a Serrano y embargarle bienes para pagar las costas. Serrano respondió, mostrando a las claras que la Inquisición ya no era lo que fue, “que no había facultades (en el comisario de la Inquisición) para ponerle preso y por tanto que no obedecía el contenido de su providencia”. Para no hacer más el ridículo se retiró la orden de prisión. Como en casos anteriores, el expediente está incompleto y el desenlace no se conoce, aunque seguramente se irían ambos a la tumba sin ponerse de acuerdo.



[1] AHN INQUISICION, 3734,Exp.9. Este caso ya fue publicado en la Revista de Ferias de 1989 por Juan Blázquez Miguel.

[2] Hija del escribano de Quesada Francisco de Urrutia.

[3] Existe el expediente en Archivo de la Real Chancillería de Granada C10541-3.